La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizó ayer –martes 25 de junio- el ex Centro Clandestino de Detención conocido como “Puesto Vasco”, que funcionó durante la última dictadura cívico-militar en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes.
El acto fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Derechos Humanos de Quilmes, y contó con la presencia del canciller Héctor Timerman; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez; el director de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia Buenos Aires, Matías Moreno, y el sobreviviente de ese centro clandestino Osvaldo Papaleo. Participaron de la señalización organizaciones sociales y políticas y organismos de derechos humanos.
El canciller Timerman expresó: “Aquí interrogaron a mi padre. Él vio a los civiles que participaron de las torturas e interrogatorios que él también sufrió”, y agregó que “Todos estos actos ilegales sucedieron en comisarías y en manos de civiles, no de militares”. Luego resaltó que “los responsables eran los mismos que nombraba Camps, todos miembros prominentes de lo que ahora llaman Abogados por la Justicia Independiente. De ellos uno solo fue llevado a juicio: Jaime Smart”.
Timerman destacó la lucha de Lidia Papaleo, quien a través de su testimonio y las pruebas presentadas en relación a la apropiación ilegal de Papel Prensa, “logró unificar sin lugar a dudas la relación entre civiles y militares, así como denunciar a Magnetto, Mitre y los Peralta Ramos, quienes hasta hoy son parte del poder en la Argentina”.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos nacional, Martín Fresneda, aseguró que “todavía quedan las huellas en los cuerpos, en las mentes, en la memoria y también en los barrios, por eso hoy venimos a decirles que aquí funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura que formó parte del Circuito Camps”. “Acá estuvieron quienes aún hoy siguen luchando y son parte de una Argentina con justicia. Hoy son seis los condenados por llevar a cabo esa maquinaria del horror, y decírselo a la comunidad es el aporte a la memoria que debemos hacer para tomar dimensión del horror”.
“Estos lugares, que siendo parte del Estado argentino fueron utilizados para llevar a cabo un proyecto de deterioro de la condición humana y de eliminación del opositor político, nos hicieron víctimas a todos los argentinos”, reflexionó.
Fresneda hizo mención también a las “empresas que hoy son multinacionales, y han utilizado los recursos del Estado para convertirse en medios hegemónicos que no permiten que podamos profundizar la democracia”.
“Nuestro gesto y presencia está ligado a un compromiso histórico por la lucha de los derechos humanos, pero también por la convicción y la decisión de Néstor Kirchner, quien nos animó e impulsó para que podamos revertir la historia con Memoria, Verdad y Justicia”, resaltó.
Por su parte, el intendente municipal de Quilmes recordó cuando el ex presidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes de la dictadura y bajó los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar. En ese sentido, destacó las palabras del ex presidente cuando “transformó en un lugar de memoria para el presente y el futuro a un símbolo de la represión, tortura y violación a los derechos humanos como fue la Escuela de Mecánica de la Armada”.
Matías Moreno, director de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, expresó: “El 2012 fue un año de profundización en la investigación de los casos de complicidad civil como en Bahía Blanca, Loma Negra, el procesamiento de Blaquier en Ledesma y la sentencia del juicio por el Circuito Camps”, explicó Moreno.
El sobreviviente Osvaldo Papaleo sostuvo que “este acto sirve en función del futuro y del presente, y para que podamos canalizar todo esto para delante”, y mencionó la importancia de “no olvidar el rol de la iglesia y los medios durante la dictadura”.
Con estas marcaciones, ascienden a 63 las instaladas por el Estado Nacional en todo el país. Esto expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables, garantizar la protección de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.
