Por Tomás Lukin
El ministro de Interior y Transporte justificó la medida en los incumplimientos del operador privado. También anunció la vuelta al Estado de dos ramales cargueros que llegan a Cuyo y la Mesopotamia y advirtió que podría hacer lo mismo con servicios urbanos.
El Gobierno rescindió la concesión del Tren de la Costa y el ferrocarril pasará a ser operado por el Estado. La medida anunciada ayer por el Ministerio de Interior y Transporte alcanza, además del tren, a todos los bienes incluidos en el contrato de concesión, como los inmuebles comerciales en las estaciones y una parte de los terrenos donde está ubicado el Parque de la Costa. Falta de mantenimiento, omisión del pago del canon, desinversión, pero fundamentalmente irregularidades contractuales luego de la quiebra del Grupo Soldati, el holding a cargo de la explotación del ramal y sus bienes, fueron los detonantes de la decisión. Además del Tren de la Costa, el Gobierno puso fin a la concesión de dos ramales cargueros operados por la empresa brasileña América Latina Logística . En ningún caso el Estado pagará una compensación a las empresas privadas, sino que les reclamará por los daños y perjuicios sobre los bienes públicos.
El ministro Florencio Randazzo informó que el fin de la concesión del Tren de la Costa también alcanzaba a todos los bienes del Estado involucrados en la concesión, como las estaciones y el parque de diversiones ubicado en Tigre. Desde su equipo precisaron a Página/12 que no todos los terrenos son propiedad del Estado, por lo cual la operatoria del Parque de la Costa no pasaría en su totalidad a menos del Estado. No obstante, los funcionarios consultados no pudieron determinar si la concesión que se rescinde alcanza a la totalidad de las zonas donde funcionan atracciones. Mientras se avanza en el inventario de bienes, la administración del parque continuará en manos de Sociedad Comercial del Plata. En el Gobierno todavía no existía una decisión sobre el futuro del Parque y no descartaban que la firma privada inicie acciones legales para retener el predio.
La privatización del Tren de la Costa no fue pensada como la concesión de un servicio público de transporte, sino que la entrega del ramal a Sociedad Comercial del Plata (SCP), del Grupo Soldati, tuvo un objetivo doble: la explotación de un servicio ferroviario turístico y la explotación comercial de los inmuebles colaterales. Aunque desde octubre del 2011 el Estado se hace cargo del pago de los salarios de los trabajadores del tren, las tarifas no están subsidiadas ni reguladas, y hoy el pasaje cuesta 10 pesos. La decisión de desplazar al concesionario del Tren de la Costa responde, según argumentan desde Interior y Transporte, a una serie de incumplimientos, como desinversión con falta de mantenimiento y la omisión del pago del canon acordado en el contrato desde 2001 sobre el cual existen extensos reclamos de la firma para su readecuación.
Sin embargo, la mayor irregularidad fue la cesión a otra empresa del contrato de concesión sin previa conformidad del Estado. Durante su concurso de quiebra, SCP intentó dividir la firma a cargo del ferrocarril en dos: Nuevo Tren de la Costa, que quedaba a cargo de la explotación del tren, la parte menos rentable de su negocio, y una nueva sociedad Parque de la Costa para la explotación de los “inmuebles colaterales”, como las estaciones y los terrenos del Parque de la Costa. Para el Gobierno esa escisión violó la idea de concesión integral original y es motivo para rescindir el contrato.
La operatoria del tren y el resto de los bienes quedará a cargo de la Sofse y Adif, las dos empresas ferroviarias del Estado. La resolución de Interior y Transporte que será publicada hoy en el Boletín Oficial instruye a la CNRT, Sigen y la Secretaría de Transporte para que realicen un inventario y determinen los daños y perjuicios ocasionados al Estado.
La magnitud de la medida anunciada ayer es pequeña en comparación con la decisión de desplazar a TBA del Grupo Cometrans, propiedad de los hermanos Cirigliano, de la concesión de los precarios e inseguros ramales Sarmiento y Mitre después de la tragedia de Once donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas o la finalización de las concesiones del San Martín y el Roca, que operaba Metropolitano, de Sergio Taselli, en 2004 y 2007 respectivamente. El Tren de la Costa transportó el año pasado alrededor de 500 mil personas, mientras los ramales metropolitanos que están bajo la órbita estatal trasladaron en 2012 entre 3 y 7 millones de personas por mes. Sin embargo, la decisión sí representa un avance del Estado hacia la recuperación del control de la totalidad de los ferrocarriles de pasajeros.
En ese sentido, Randazzo reiteró ayer que “no descartamos estatizar otros ramales ferroviarios, estamos dispuestos a hacerlo si los servicios que prestan los privados no mejoran”. En las últimas semanas el funcionario cuestionó públicamente en varias oportunidades a las empresas que operan el sistema metropolitano de pasajeros por demoras en las obras de mejora que fueron adjudicadas a sus subsidiarias. La operatoria actual en los cinco ramales metropolitanos está a cargo de sólo dos empresas, Emepa y Metrovías, de Gabriel Romero y Aldo Benito Roggio. Esas compañías continúan a cargo de los dos ramales que les fueron concesionados en los noventa y además están a cargo de todos las operadoras que gestionan los recorridos que regresaron a la órbita estatal.
Estatización de servicios de carga
La empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, operadora del estratégico tren carguero que conecta el norte del país con los puertos de Santa Fe y Buenos Aires, sumó dos nuevos ramales a su red. Se trata de los ferrocarriles concesionados a la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), que ayer fue desplazada por el Gobierno por “graves incumplimientos e irregularidades”. A través de un comunicado, ALL desconoció los fundamentos de la decisión del Ministerio de Interior y Transporte y anunció que iniciará acciones legales.
Uno de los trenes cargueros que serán operados por el Estado une Buenos Aires y Santa Fe con Cuyo, y el otro, de menor envergadura, integra la Mesopotamia con Buenos Aires y Capital Federal. La firma brasileña, que hace más de un año pretendía abandonar el país y transferir su concesión a otra firma, acumula una deuda en materia de canon que supera los 250 millones de pesos y multas de la CNRT por más de 60 millones. Las inspecciones recientes realizadas por el organismo sobre la traza revelaron el abandono de ramales, la falta de mantenimiento en el material rodante y el traslado de activos sin autorización.
Durante los anuncios, Florencio Randazzo remarcó la relevancia de la recuperación a manos del Estado del sistema carguero para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad. El sistema carguero transporta, según datos de la CNRT, veinte millones de toneladas al año. La concesión finalizada ayer, que conecta Cuyo con los puertos de Buenos Aires y Santa Fe, trasladó el año pasado 2,5 millones de toneladas, principalmente aceros y cereales. El ramal mesopotámico está prácticamente abandonado y en 2012 transportó escasas 335 mil toneladas. El sistema ferroviario de cargas cuenta con cuatro concesionarios privados y la flamante firma estatal, que opera tres ramales donde se requieren elevados niveles de inversión para su recuperación.
Al igual que con el Tren de la Costa, el Estado realizará un inventario de los bienes para determinar la magnitud de las acciones legales que deberán iniciarse. La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo a cargo del radical Leandro Despouy, fue invitada a intervenir en la determinación de los daños causados al Estado. La AGN recordó ayer que, según los informes elaborados por la CNRT y la Secretaría de Transporte, existen causales para rescindir el contrato con ALL hace más de cuatro años por las graves deficiencias e irregularidades detectadas. La empresa brasileña contestó en un comunicado que iniciará acciones legales frente a la decisión del gobierno nacional.
Nuevo Belgrano
Ayer quedó constituido el directorio de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., que fue reestatizada el pasado 22 de mayo. “Esta compañía forma parte del plan de recuperación integral del sistema ferroviario, que no sólo contempla el transporte de cargas sino también los ramales de pasajeros”, sostuvo el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, durante la reunión de directorio. La nueva compañía estatal será presidida por Marcelo Bosch, quien se desempeñó como interventor por parte del Estado durante la última etapa de la concesión privada. Esta nueva sociedad tendrá a su cargo la prestación y explotación comercial del servicio, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones de ese ferrocarril. El objetivo del Gobierno es transportar 100.000 toneladas por mes a finales de este año y alcanzar las 300.000 toneladas por mes para 2015.
Página/12
