Después del desplante realizado por el consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) a más de doscientos socios y al propio síndico de la entidad, este último informó a los usuarios de agua potable y energía que presentó una denuncia ante el Ministerio de Acción Cooperativa , Mutual, Comercio e Integración por la reticencia de las autoridades a brindar información, en contra de la obligación legal de transparentar sus actos.
El abogado y convencional constituyente de Oberá, Rafael Pereyra Pigerl, refirió las instancias posteriores a la fracasada reunión que debieron mantener con el síndico Guillermo Monje el pasado viernes en la sede de la CELO, cita pautada con más de diez días de anticipación y en la que debieron conocerse informes técnicos del área de agua potable según un requerimiento del propio síndico a pedido de los socios.
Casualmente el consejo de administración en pleno decidió reunirse ese mismo día e impidió el ingreso de los socios, además de negar la información requerida para conocer puntualmente los planes paliativos (si es que existen) ante la reiterada falta del servicio de agua potable que los vecinos de Oberá padecen desde fines del año pasado.
Este desplante y la negativa a brindar información derivaron en el obvio malestar de los socios a los que no solo les negaron las respuestas solicitadas sobre su cooperativa, si no que además hasta les cerraron las puertas para que no ingresaran.
Pereyra Pigerl propuso una nueva reunión para dentro de 15 días exigiendo el compromiso de Monje de conseguir por escrito el rechazo a dar información por parte de la administración de la CELO, para dirimir posteriormente la cuestión ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia,“dado que se está violando la Ley de libre acceso a la información pública, que comprende también a las cooperativas que brindan servicios públicos”.
Ocultamientos
El convencional Pereyra Pigerl señaló que tras lo acontecido el viernes “se colige con claridad que la CELO no está dispuesta a dar la información para clarificar su gestión”. Por otra parte, rechazó que mediante comunicados oficiales la CELO acuse a los socios de “brindar falsa información” cuando señalaron que en el último año, y pese a la crisis, contrataron a 25 personas. “Nos acusan de brindar mala información cuando son ellos los que no quieren informar aún teniendo la obligación de hacerlo, y dan a conocer datos parciales porque sólo se hicieron cargo de los contratos a partir de abril del año pasado, pero el año tiene doce meses” refirió.
Entre otros temas, los socios también exigen conocer “cuántas conexiones directas de energía existen, porqué no funciona el soporte informático de facturación por el que se abonan cuotas de mas de U$S 500.000, más el costo de mantenimiento, sumado a la falta de agua y negativa a dar a conocer el plan de contingencia directo que establece del decreto del ex Gobernador Carlos Rovira; así como la nula información sobre la empresa de telefonía celular que solo contaría con 177 líneas activas de que estamos pagando, sin saber quien tiene hace uso de las mismas”.
