La medida afecta a por lo menos 26 entidades, 9 de las cuales son estadounidenses. El gobierno argumentó que no cumplían su cometido.
En el país funcionan unas 42 entidades dedicadas a actividades llamadas “no gubernamentales”.
Muchas ONG han manifestado sus antipatías con las políticas nacionalistas del gobierno, pero otras se dedican a estudiar los biodesarrollos y nichos ambientes en estado de riesgo, áreas en las que han tenido diferencias de criterio con el Presidente.
Sin embargo, el gobierno sostiene que todas operaban en favor de intereses extranjeros, aunque no aportó pruebas para confirmarlo. Las más afectadas fueron las originadas en Estados Unidos, un dato comprensible por su relación con agencias del Departamento de Estado como USAID o la NED, ambas dedicadas a desestabilizar regímenes independientes de América latina, como ha demostrado con documentación oficial, la investigadora venezolana Eva Gollinger.
La controvertida acción ejecutiva fue aplicada sin discriminación a todas como si tuvieran las mismas funciones, lo que ha creado malestar en las que solo se dedican a acciones sociales o ambientales y apoyan las políticas del gobierno, aunque cuestionan aspectos de ella.
La aplicación fue llevada a cabo en cada caso con un acta de suspensión presentada por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) de Ecuador, después de la revisión de los convenios y el análisis de sus tareas en el país.
Un boletín oficial de la Seteci, consignado por la agencia Prensa Latina, detalla que otras 16 ONGs deberán tramitar en los próximos 15 días su permanencia.
Entre las entidades que no recibieron la renovación hay de procedencia italiana (3), española (3), inglesa (2), argentina (1), colombiana (1), filipina (1), singapur (1) danesa (1), belga (1), puertoricense (1) y alemana (1).
La Seteci señala que si estas organizaciones no cumplen los requisitos, se procederá a dar por terminadas sus actividades en el país.
El texto explica que toda ONG extranjera que desee realizar actividades de cooperación y ejecutar proyectos de desarrollo en el Ecuador, está obligada a suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento.
El gobierno de Ecuador había anunciado la revisión de los contratos de las ONGs y la evaluación de la pertinencia de sus operaciones en el país, ya que en algunos casos “se había desvirtuado el propósito manifiesto de sus acciones concretas”.
Una investigación periodística reveló la presencia de estas formas de asociación en lugares estratégicos para el país, como las reservas naturales, donde, incluso, existen proyectos nacionales de inversión.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) fue una de las más cuestionadas por la existencia de proyectos controvertidos que revelan objetivos diferentes a sus propósitos planteados.
Algunos análisis de medios quiteños hablan de una fuerte intervención entre la población de las zonas donde se ejecuta, para conseguir influencia técnica y jurídica para la formulación de leyes medioambientales beneficiosas para las entidades foráneas.
También llama la atención el hecho de que las ejecutoras sean grandes organizaciones no gubernamentales estadounidenses, como la Rainforest Alliance y la Chemonics, sin representación jurídica en Ecuador.
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