Ante semejante atropello, intercedieron ante la Justicia, la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a cargo de María José Castillo- que depende de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación; el diputado del bloque parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno y las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores/as y de la Economía Popular (Utep), quienes gestionar la detención del desalojo que perjudicó a todos, especialmente a niños y niñas, y a una adulta mayor que es ciega.
«El supuesto titular no hizo ningún acto posesorio durante 30 años del lote donde viven y trabajan estas familias desde hace más de 50 años. Destruyeron sus viviendas y dejaron a los niños y niñas en la calle y a sus padres y madres sin sustento para subsistir. El Estado es responsable de los daños a su integridad. Exigimos que se frene el desalojo, se restablezca la posesión a las familias, haya un resarcimiento de daños ocasionados y se reconozca la propiedad que quienes viven y trabajan en la tierra», destacaron desde la Utep: Movimiento Evita y la MNCI-Cloc Vía Campesina, cuyos militantes y dirigentes cortaron la ruta bajo la lluvia, hasta que llegara por escrito la notificación del Juzgado de la orden de suspensión del desalojo.
«Violaron derechos elementales de estas familias»
Luego de las gestiones realizadas, el Juzgado dispuso que por ahora quedaba suspendido el desalojo; pero antes, ya se habían destrozado las viviendas y los muebles de las familias, entre llantos y gritos de las criaturas y la angustia de los mayores.
Agregó que una vez más después de reiteradas amenazas «vemos el accionar de los Poderes del Estado alejados de la realidad de las personas más vulneradas, y de una fuerza policial cómplice al servicio del negocio inmobiliario», señaló el diputado Sereno, que el jueves pasado presentó en la Legislatura, un Proyecto de Ley para que se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2023, las ejecuciones de sentencias que ordenan el desalojo o remate de inmuebles destinados a viviendas única y familiar, y a las de producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años sean fiscales o privados. En esta nueva prórroga pide que se modifique el artículo 1, y que la inscripción en el registro dure todo el tiempo de vigencia de la nueva norma. Actualmente la Ley XII Nº 28, actual XII Nº 37 está vigente hasta fin de este año.
La Safci intervino ante el Juzgado
La Safci realizó una presentación legal al Juzgado Civil y Comercial donde se tramita en el expediente, explicitando que las personas involucradas nacieron y criaron a sus hijos e hijas en esa tierra, quienes a su vez armaron sus respectivas familias, desarrollando la agricultura familiar para el autoconsumo y el abastecimiento local.
La funcionaria nacional sostuvo que se deben entender todos los aspectos relativos a la aplicación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, así como otros instrumentos jurídicos relacionados al sector, ya que la ley declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria, entendiendo a la tierra como un bien social.
Derecho al arraigo y producción de las familias
En consecuencia, el Estado «tiene la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación adecuada. Si se expulsa a las personas de las tierras a través de las que gozan del derecho a una alimentación adecuada, se vulnera el deber de garantía de este derecho humano fundamental. Debemos proteger la tenencia legítima y velar para que campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, no sean desalojadas arbitraria o ilegalmente».
La abogada recordó que la agricultura familiar representa casi un 80% de los productores de la Argentina que producen la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el país.
Advirtió además que las normativas de la Agricultura Familiar y de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, vigentes en Misiones, establecen suspender desalojos para familias en circunstancias como las de Colonia Isolina, de Corpus.