En la norma se contempla que las utilidades de Aguas Misioneras Sociedad del Estado se destinen en un 45 por ciento al desarrollo de planes de obras e investigaciones destinadas al uso racional y sustentable del recurso hídrico provincial; otro 45 por ciento al Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo; y un 5 por ciento para el fondo de reserva legal hasta completar el 20 por ciento del capital social, para luego redestinarse a las tareas de investigación mencionadas.
La sociedad AMSE tendrá un directorio integrado como mínimo por tres directores, debiendo ser su conformación siempre impar. El primer directorio será designado por el Poder Ejecutivo, mientras que los siguientes serán determinados por los procedimientos dispuestos en los estatutos.
En la sesión, Carlos Rovira se refirió a su iniciativa señalando que “la ley es coherente con todas las concepciones de las políticas de Estado que hemos debatido y que debatiremos en esta Cámara”. Asimismo, en los fundamentos de la norma manifestó que “el Estado debe cumplir activamente un rol de gestor permanente del bien común en aquellos temas de importancia vital para la calidad de vida de sus habitantes”. “Se trata de “una noción estratégica que reivindica al estado como principal herramienta de una sociedad para alcanzar un nivel de vida digno”, destacó el legislador.
El diputado sostuvo que “la privatización del agua no es un camino adecuado para gestionar un recurso natural que tiene directa relación con la misma dignidad de la persona, porque es la base de sustentación de su vida propia”. “No juzgamos ni ponemos en cuestionamiento los emprendimientos privados que se han efectuado hasta la fecha en muchos lugares del mundo y de nuestro país, pero debe quedar en claro que en Misiones el agua es de los misioneros, y solo ellos, a través de sus instituciones y medios técnicos de organización, tienen derecho a gestionar su acceso y utilización”, concluyó el autor de la iniciativa aprobada.
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