CÓMO SIGUE EL CASO DE LA CEREALERA DE VICENTÍN


Por Natalí Risso   ***

Legisladores, gremialistas y expertos reclaman que el Estado nacional retome la propuesta de intervención para convertirla en una empresa mixta con mayoría estatal.


Vicentin mantiene una deuda millonaria con la banca pública. .
Imagen: Sebastián Vargas

A dos meses del vencimiento del plazo que la justicia le otorgó a Vicentin para que presente una oferta formal de pago a los acreedores de su deuda, el caso de una de las principales empresas exportadoras de granos sigue abriendo líneas de investigación. Diversas voces hacen oír el reclamo de que el Estado nacional retome la propuesta de intervención, ante el riesgo cierto de que el destino del grupo exportador de materias primas y productor de alimentos –a través de las diversas empresas del holding– termine finalmente desguazado y con su negocio principal en manos extranjeras.

El Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que dirige el economista Claudio Lozano, advirtió la necesidad de realizar una intervención estatal tras analizar cómo quedó el tablero de exportadores de granos con una de sus fichas más importantes en concurso de acreedores. Una de las principales conclusiones del análisis de IPyPP tiene que ver con que empresas cercanas al grupo, que incluso utilizan las instalaciones de Vicentin, ganan posiciones en el ranking de exportadores. Los dos ejemplos más notorios son la ex Oleaginosa Moreno, del grupo Glencore histórico socio de Vicentin; y un grupo comercializador de granos en el mercado local pero sin historia en la exportación, Díaz & Forti, que llegó a exportar por 838 millones de dólares hasta que fue sancionada por el Banco Central al detectar que no liquidaba las divisas por el mercado oficial sino a través de operaciones en plazas financieras alternativas.

«No tengo la menor duda de que existe una complicidad de accionistas de Vicentin, de ex integrantes del directorio con Díaz y Forti y con Glencore porque además los estudios de la Administración Federal de Ingresos Públicos marcan cómo las personas se repiten en los directorios de esas empresas»,
afirma Carlos del Frade, autor del libro «Vicentin. Desaparecedores y fugadores. Capitalismo argentino» y agrega: «Acá la mayor complicidad está en que la justicia sigue creyendo que Vicentin SAIC es la única empresa de un grupo de un consorcio que tiene por lo menos 33 empresas y eso genera el famoso velo societario que oculta la impunidad de otros nombres de muchas otras empresas incluso ficticias».

Asimismo, el informe evidencia que la crisis del grupo Vicentin deviene naturalmente en una mayor concentración y extranjerización del comercio de granos. «Esta situación afecta muchísimo a los productores endeudados que confiaron durante años en Vicentin  porque no van a cobrar un peso si Vicentin declara la quiebra en septiembre. Es una fenomenal estafa y es el delito impune de delincuentes de guante blanco que colonizan al Estado para hacerlo bobo y cómplice al servicio de estas maniobras de lavado de dinero y fuga de capital», continúa Del Frade. «Esto tiene costo económico, pero también un costo simbólico muy grande, porque la justicia parece que no quiere o no puede actuar contra los delincuentes de guante blanco y ese costo no tiene estimación», agrega.

Ante este escenario, el informe referenciado concluye que «parece razonable que, cuando venza el período de exclusividad en el marco del concurso, el Estado Nacional haga valer sus derechos asociados a los créditos del Banco Nación, el resto de la banca pública y la AFIP, y busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a la necesidad de nuestro país y no al fraude de Vicentin. Es decir: no a la extranjerización, sí a la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos«.

«El Estado nunca debería haber dejado de lado el plan de intervenir», asegura el secretario general de la federación de Aceiteros Daniel Yofra. «En esta situación en la que quedan expuestos los manejos turbios y se rodea de grandes jugadores como Glencore, ninguno de los que estamos pendientes de la situación de Vicentin puede estar tranquilo: ni acreedores, ni trabajadores«, agrega.

El sindicalista no cree que el Estado esté en condiciones de que Vicentin se convierta hoy en una empresa mixta, pero hace énfasis en los controles, «por lo menos que sepan que es lo que están haciendo. En esa situación el Estado tiene que estar presente».

«Es vital crear una empresa pública con mayoría estatal por el dinero que le debe Vicentin a los bancos estatales, fundamentalmente al Banco Nación, pero con participación de trabajadores, de productores de cooperativas y de las universidades para dejar de lado la idea de Estado bobo y cómplice y pasar a ser un Estado inteligente, transparente y moderno que sirva para defender en serio la soberanía económica nacional y ambiental«, sentencia Carlos Del Frade, diputado provincial en Santa Fe e integrante en esa cámara de la comisión investigadora de Vicentin.

Por su parte Pedro Peretti, ex director de Federación Agraria, coincide con Del Frade y afirma que es «absolutamente posible hacer una empresa mixta, porque tenemos todo el expertis para hacerlo. Ese debe ser el comienzo de una compañía nacional de alimentos».

Enlace permanente a este artículo: http://ellibertadorenlinea.com.ar/2021/08/17/como-sigue-el-caso-de-la-cerealera-de-vicentin/