Por Juan Cruz Guido ***
Luego de meses de espera de resultados políticos, en un virtual parate con feria de invierno incluida, los juzgados federales de Comodoro Py retornaron su actividad con inusitada producción. Decir que los tribunales federales actúan con motivaciones o en contextos políticos resultaría obvio a la luz de los hechos.
Foto: el controversial juez Martín Irurzun
La justicia como poder, y los jueces como materialidad del mismo, no tienen autoridad legitimada democráticamente a diferencia de los otros dos compartimentos estatales: el ejecutivo y el legislativo. Esto los vuelve altamente vulnerables al poder político y mediático.
De todas maneras, la Argentina vivió durante los años de gobierno de Mauricio Macri una intromisión en el Poder Judicial vinculada a un estrategia a nivel regional. La denominada Law Fare. Esta nueva herramienta de coerción social tiene un fuerte anclaje en los niveles de verdad que una sociedad atribuye a sus miembros. El escritor Umberto Eco, en su brillante novela Número Cero, acuna el término “maquina de fango” para referirse al poder que gozan los medios para embarrar a una persona o ideología. En ese sentido, los medios gozan de un gran nivel de verdad otorgado por la sociedad. Dentro de esta lógica, los medios de comunicación masivos y el poder real encontraron otra fuente de validación de esa “verdad”.
Fueron justamente los juzgados. Un procesamiento, luego levantado por un portal, ya funciona como virtual condena. El poder de fuego se ve entonces potenciado. No es casual que luego de más de dos años de vacancia en la embajada norteamericana, el sucesor de Noah Mamet, fuera un ex juez republicano, Edward Prado, actual embajador.
Actualidad
El miércoles 21 de agosto se vivió una jornada paradigmática en los juzgados de avenida Comodoro Py. Luego de días de pasilleo y roscas intensas, uno de los que podríamos considerar como hombre fuerte de la política judicial macrista, Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, firmó una revisión con claros guiños al espacio que hoy comanda Alberto Fernández. La resolución de investigar a Ángelo Calcaterra y de avanzar, por otro lado, con la causa del Correo, expresa uno de los grandes rumores que circularon en la interminable semana pasada: Irurzun está en la mira.
El camarista federal fue el impulsor de la polémica doctrina Irurzun que habilitó una ola de detención bajo el falaz pretexto de que un ex funcionario podría tener injerencia en una investigación. A la vez se hizo vista gorda con funcionarios en ejercicio procesados o empresarios de alto poder real para influir en una investigación. Esa doctrina le valió críticas públicas del actual candidato por el Frente de Todos Alberto Fernández, que si bien está constantemente siguiendo el tema económico, por su naturaleza de abogado especializado en derecho penal tiene especial interés en el tema judicial y en particular en la justicia federal.
A diferencia de Claudio Bonadío, que ya tiene su jubilación tramitada, y el fiscal Carlos Stornelli, del que muchos aseguran en los fríos pasillos del edificio portuario tiene las horas contadas, Martín Irurzun es también un hombre de línea directa con Ricardo Lorenzentti, ex presidente de la Corte Suprema y actual contrincante en la guerra fría con su sucesor en el cargo, Carlos Rosenkrantz. Un gesto que expresa esta sintonía fue el traspaso a manos de Irurzun de las escuchas judiciales por parte de Lorenzetti, cuando el Ejecutivo se las envió, luego de sacárselas al Ministerio Público, que en ese entonces comandaba Alejandra Gils Carbó. Este complejo tablero dificulta las cosas y a la vez abre interrogantes: ¿cuál será la política de Alberto Fernández con la Corte Suprema? ¿Estos nuevos movimientos son señales por elevación? Todo esto está por verse. Por lo pronto la justicia federal empieza mover sus fichas.
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