por Alejandro Mosquera
El país ha construido en largos años de lucha desde la transición democrática hasta nuestros días un umbral común de rechazo al genocidio, a las desapariciones forzadas, por la memoria, la verdad y la justicia que incluye el rechazo a la violencia como método de la política y el poder.
Esos cimientos se sacudieron hace once años con la desaparición forzada de Jorge Julio López, y en estos 50 días con la de Santiago Maldonado. En aquel septiembre del 2006 el segundo secuestro de López ponía en el centro de la sospecha al genocida Miguel Etchecolaz, quien había sido Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y a la policía bonaerense o núcleos activos y retirados de esa fuerza que respondían al ex director, y a una estrategia mayor por frenar los juicios de lesa humanidad por la vía del miedo. Así la desaparición de López se convertía en una amenaza contra las víctimas de la dictadura principales testigos en los juicios que se ventilaban en el país.
Como ha quedado claro el Estado tiene una deuda enorme y particular la justicia sobre qué pasó con Julio, quienes fueron sus captores, sus autores, los responsables de la maraña para obstaculizar la investigación. El Estado permitió que por un año y medio sea la Policía Bonaerense, la principal sospechada desde el primer día, fuera la que investigara. A pesar de ello la política del miedo no triunfo, los juicios siguieron, las victimas-testigos siguieron declarando. El compromiso popular, de los organismos de derechos humanos y una parte del Estado lograron quebrar las maniobras de impunidad generalizada que se intentaba. El umbral común, la raya construida frente al genocidio contenía a la mayoría y se expresó con mucha fuerza.
Vivimos otra etapa. La derecha ha conquistado democráticamente el gobierno nacional y varios provinciales. En su seno conviven una derecha moderna neoliberal, y los viejos segmentos de la derecha argentina, algunos muy comprometidos con los gobierno militares. Todos esos segmentos plurales que la conforman fueron y son muy distantes de la lucha por los derechos humanos, por la defensa de los juicios, y el reclamo de justicia y de cárcel a los genocidas. Los derechos humanos son vistos y sentidos como una ajenidad.
El núcleo duro de esa derecha, no solo en sus alas partidarias, trabaja hace mucho para romper el proceso de verdad y justicia. La posibilidad de que la investigación llega a los mandantes civiles de los matarifes, en especial a la complicidad empresaria con el genocidio, profundizó su accionar por la impunidad.
El Pacto
A la vez el programa que está llevando adelante Cambiemos tiene entre sus pilares de sostén las políticas del miedo, de amenaza a los activistas, la construcción de enemigos internos difusos, de persecución judicial a los luchadores, de presentar a parte de la oposición social y política como violenta. Utilizando incluso las viejas formas de promover desde el Estado y sus servicios de inteligencia o de grupos de sus fuerzas de seguridad vestidos de civil hechos violentos para deslegitimar reclamos, movilizaciones y resistencia a sus políticas.
Eso ha llevado al Pacto con Gendarmería como la fuerza leal tanto para el control social y represivo, como pilar investigativo y criminalistico en el armado de una justicia penal macrista. Las posiciones de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, de protección de la Gendarmería frente al hecho de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco de un operativo represivo contra los mapuches y en defensa de los dueños o corporaciones extranjeras de la tierra, son expresión de esa política.
Las denuncias sobre el tipo y forma de la investigación que lleva adelante el Juez Otranto, crea la fuerte sospecha que el magistrado también es parte funcional de ese pacto. Unos crearan que por convicción en los intentos de direccionar la investigación contra los mapuches y salvando a los gendarmes, y otros porque entienden que su actuación en el operativo del 1 de agosto, y sus relaciones y conversaciones con Pablo Noceti (jefe de Gabinete del ministerio de seguridad) lo involucran con responsabilidad en las ilegalidades cometidas.
El gobierno intenta que no le impacte en el proceso electoral la responsabilidad estatal y de sus funcionarios la desaparición de Santiago, parte de sus maniobras distractivas, o provocaciones, no buscan la verdad, sino generar argumentos para que el voto de su base social no se disperse, por ello trata de mostrar que en la lucha por los derechos humanos, por la aparición con vida de Maldonado están los intentos de utilizar electoralmente la situación.
Las movilizaciones, el reclamo de la familia, de los organismos de derechos humanos, el compromiso de un vasto arco social con el reclamo de aparición con vida han sido el camino para cuestionar el accionar pro-impunidad del gobierno. En el centro comienza a estar la denuncia del pacto y el papel de las fuerzas represivas en la política oficialista.
Una vez más, como en aquel septiembre del 2006, habrá que derrotar a las políticas del miedo. La base es defender ese umbral común de los argentinos que hablamos al comienzo de la nota. Es ampliar el campo de la mayoría que no quiere un Estado represor, que no quiere violencia estatal ni de ningún tipo, mucho menos secuestros, desapariciones, detenciones de opositores. Nuestro país nos es bipolar, son muchas las identidades políticas, sociales, culturales. La grieta es una estrategia del poder real y la derecha. Defender el umbral común es reconocerlo y actuar en consecuencia.
