La diputada provincial Myriam Duarte analizó con la concejal de Puerto Iguazú, Natalia Méndez Ferreyra (Movimiento Nacional Alfonsinista-Los Irrompibles) -la única mujer en el Concejo Deliberante de la ciudad de las Cataratas- la situación cotidiana que afecta a las mujeres víctimas de violencia de género al denunciar esta situación ante las comisarías, donde son revictimizadas y descuidadas cuando recurren en busca de ayuda.
Duarte sostiene desde hace tiempo que la formación de la policía, relacionada a aspectos jurídicos, debe ser «asumida integralmente por el Poder Judicial», y en ese sentido analizó en varias oportunidades esta posibilidad tanto con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, como con integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
También propuso propiciar instancias de encuentro y trabajo y colaborar en ese sentido con la edil, Natalia Giménez, de Posadas
-también la única mujer en el Cuerpo Deliberativo- aborda con mucha dedicación estas problemáticas.
Preocupada por esta situación, la concejal de Iguazú, presentó un Proyecto a través del cual solicita que el Ministerio de Gobierno y la propia Policía de la provincia, modifiquen la currícula formativa de los cuadros policiales e incorporen como tema de estudio la prevención de violencia contra las mujeres, en el marco de los respetos de los derechos humanos, incluyendo en los programas de formación asignaturas y contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial, sobre violencia con perspectiva de género, como así también los temas vinculados a niñez, adolescencia y mujer.
Necesidad de un equipo interdisciplinario en la Policía
Además, la joven concejal, solicita la creación de un Registro Oficial, Único y General para el asentamiento de información esencial en el manejo de casos de violencia de género y la implementación de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres, que prevea también la incorporación a la policía de un equipo interdisciplinario para la atención y contención de las víctimas de violencia.
El pedido se funda por un lado en la situación cotidiana que advierten en este sentido y en la facultad y competencia del Ministerio de Gobierno de intervenir en el “Orden, Prevención y Seguridad Pública, Organización, Dirección y Régimen Policial”, sobre todo
-entienden- frente al “enorme desconocimiento de la normativa jurídica vigente por parte de la institución policial provincial, aplicando únicamente la Ley Provincial de Violencia Familiar, y desconociendo la Ley Nacional 26.485 de Erradicación de Violencia hacia la Mujer, además de las normativas internacionales vigentes, como ejes rectores de un comportamiento deseado”, sostiene Ferreyra y Duarte.
Recuerdan, en este sentido, que la Ley Nacional 26485 garantiza «un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización». Esta normativa considera como violencia institucional contra las mujeres aquellas realizadas por funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier organismo público con el objeto de «retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley».
E incorpora en el mismo sentido a las actitudes descritas que se ejercen también en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
Formación policial básica e ineficiente
La concejal manifestó que de manera permanente «encontramos que los agentes policiales tienen una formación básica deficiente en relación a problemáticas sociales y, también, sobre derechos humanos y más específicamente sobre los derechos de las mujeres” y rescata la investigación que realizó la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, en diciembre de 2015.
En ella se señala que «en ninguno de los años dentro de la currícula formativa se aborda la particularidad de la violencia hacia la mujer, como así tampoco existe ninguna formación relacionada a los derechos de niños, niñas y adolescentes que también es otro de los núcleos que suelen identificarse como de alto conflicto en la vinculación con la institución policial”.
Finalmente recuerda que la misión de la Policía de Misiones es resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población, debiendo asegurar y garantizar su cumplimiento y que desde el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú “se debe tomar las medidas necesarias a fin de resguardar y garantizar la seguridad pública de los ciudadanos», expresó la edil en la reunión con Duarte.
