Por Redcomsur
Hemos comenzado en los últimos meses ha visualizar una estrategia del gobierno de Mauricio Macri en diversas áreas y sobre diferentes temáticas, todas ellas tendientes a avanzar sobre derechos y conquistas de organizaciones sociales, políticas y también en lo comunicacional.
La metodología es sencilla: Primero arrasaron con la legislación, con los aspectos vertebrales de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual; luego ya sin estridencias, comenzaron – paulatinamente- distintos organismos del Estado Nacional por pedir información, “papelitos”, comprobantes, con visitas de técnicos y funcionarios a distintos lugares a corroborar tal o cual obra o trámite, hacen mención a reglamentaciones y falta de determinada documentación, en muchos casos sin chequear las propias actuaciones y disposiciones en la materia.
Hasta aquí, todo parecería una diferencia de criterio sobre el alcance del rol del Estado en su tarea específica.
Esto lo hemos podido comprobar en el espacio cooperativo y mutual, en obras públicas, en organizaciones sindicales y comunitarias, pero también, muy claramente, en referencia a los medios de comunicación.
Las normativas del gobierno nacional desde fines de 2015 han ido en la dirección de cambiar el paradigma de la comunicación como un derecho humano para transformarla en un negocio. Y como toda cuestión en ese mundo se busca debilitar o eliminar a la competencia.
Las radios comunitarias y la comunicación popular están siendo elegidas en diferentes regiones del país como el centro del ataque, de la estrategia que describimos.
Situaciones en Salta y Formosa anticiparon –cada una con su característica- lo que luego sería la clausura de dos radios en el conurbano bonaerense y ahora los pedidos del ENACOM para que distintas emisoras comiencen a presentar documentación sobre la autorización para emitir como lo han hecho en estos días con radio El Libertador de Posadas.
Donde el macrismo encuentre espacio político, cerrará radios como antes dejó sin trabajo a periodistas de Radio Nacional.
Forma parte de todo un plan para apropiarse no sólo de frecuencias o lugares físicos, sino para eliminar toda elaboración de contenidos que vaya contra el relato que ellos diariamente formulan.
No basta solo con denunciar estos hechos airadamente. Hay que construir en redes estrategias judiciales, solidarias, articulando acciones con los distintos actores sociales y políticos. Vienen por todo, es la política del saqueo, y la comunicación es uno de sus botines más preciados.
RED DE COMUNICADORES DEL MERCOSUR
