Por Luis Bruschtein
“¡Ese es de Talleres!” “¡Un infiltrado, mátenlo!” fue el grito que señaló a Emanuel Balbo, de 22 años y que movilizó a los demás hinchas de Belgrano que terminaron por asesinarlo. Balbo bajó entre gritos acusatorios, puñetazos y patadas los 25 escalones hasta el borde del balcón de la tribuna desde donde fue arrojado. Fue un linchamiento.
Cualquiera que tenga algo de calle sabe que las patotas actúan así cuando quieren atacar a otro. Es un mecanismo que solía aparecer en forma esporádica en la política pero que ahora Cambiemos lo institucionalizó para perseguir y expulsar empleados indeseables o disidentes.
Una denuncia periodística de corrupción, sin pruebas, balbuceada por Eduardo Feinman mientras la leía con dificultad –y era evidente que por primera vez– fue el equivalente del grito que asesinó a Balbo. Nadie resultó muerto aquí, pero Cacetta se vio venir el linchamiento y prefirió renunciar.
Ahora Pablo Avellutto dice que “las dudas sobre Cacetta son sobre la velocidad que él tuvo para hacer lo que le pedimos”, pero Alejandro Cacetta renunció al instituto del cine (Incaa) porque se sintió involucrado en denuncias de corrupción y no por ninguna demora. Avelluto enreda las cosas. Cacetta era un hombre designado por Cambiemos, no hubiera renunciado por una cuestión de tiempos. Es increíble la aclaración del ministro de Cultura y cansa ese teatro persistente de hacer maldades y tratar de aparecer después como los buenos de la película. Que diga la verdadera razón por la que expulsó a Cacetta y punto. Ya son conocidas las campañas de difamación de Cambiemos. Si el hombre no renunciaba y además los actores, directores, productores y todos los relacionados con la industria del cine no hubieran reaccionado, a Cacetta le estarían lloviendo causas judiciales igual que a Pablo Rovito, el rector de la escuela de cine del Incaa que fue saludado con una estruendosa ovación por sus alumnos cuando renunció.
El ministro no sabe del tema, desconoce el mundo del cine y se metió como un elefante en la cristalería. Nada de lo que diga o haga Avelluto de aquí en adelante será tomado con seriedad en ese universo. Hay dos explicaciones imaginables para esa intervención tan burda: o realmente fue por imperdonable desconocimiento, o simplemente porque buscan la destrucción de esa industria y la fuerte movilización que produjo sólo postergó las definiciones. Resultará difícil al gobierno recomponer esa relación con el mundo del cine, si es que le interesa. El gobierno nombró a un CEO de Clarín como gerente de administración del Incaa. Si, como denuncian los representantes del sector, el gobierno exime a las operadoras de cable del pago del impuesto que va para el cine, la industria cinematográfica argentina entrará en estado de coma inducido.
Lengua barrabrava: “El Incaa es una bolsa de lodo” afirmó como parte de ese linchamiento Hernán Lombardi, que es una especie de jefe de la caza de brujas como titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, un comisario político de facto de Cambiemos. La denuncia que lanzó Feinmann era mentira –lo mismo que la acusación que gritaron contra Balbo–, pero igual la afirmación de Lombardi se monta sobre lo que dijo Feinmann y así se arma la bola que hubiera terminado con el linchamiento moral de Cacetta y Rovito.
Lombardi echó a 21 directores regionales de Radio Nacional. Todos habían ganado los concursos públicos y antecedentes que los habilitaban para esos cargos. La gestión de Lombardi ya los había corrido a otras funciones, pero ahora los despidió. “Eran todos kirchneristas”. Lombardi tuvo que reconocer que los había despedido por motivos ideológicos. “El cargo de director es un cargo político” afirmó en el Congreso, donde fue interpelado, pero ninguno de los despedidos cumplía ya esas funciones. El ex director de Radio Nacional Neuquén, por ejemplo, Matías Ciampini, había sido reemplazado por Dalila Pinacho, ex vocera del empresario John Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri, y quien se apropió de un lago en el Sur.
Todo el discurso de Lombardi se basa en acusaciones de supuesto fanatismo y corrupción para fundamentar los despidos y la persecución ideológica en los medios públicos, así como la designación en noticieros y en horarios principales a conocidos periodistas oficialistas con salarios superiores a los que había en la gestión anterior. Alguien gritó en la tribuna que el pibe era hincha de Talleres y a todos los hinchas de Belgrano les pareció natural pegar hasta matarlo. Ahora todos se horrorizan. Lombardi trata de naturalizar la lógica de que kirchnerista es sinónimo de barbarie y por lo tanto pasible de expulsión y de escarnio público. Como consecuencia de esas campañas de desprestigio y atemorización, muchos de los que despidió no han podido conseguir trabajo en el gremio. Hay medios que no los contratan porque temen perder publicidad. Con el tiempo, Lombardi será visualizado como el hombre de las listas negras de la derecha en los medios públicos audiovisuales. Nunca, ni en los doce años de kirchnerismo, ni en cualquiera de los gobiernos democráticos anteriores hubo tantos despidos por cuestiones ideológicas. Y todos justificados por la acusación fácil y la denuncia sin pruebas como la de Feinmann contra Cacetta.
Más denuncias y métodos de barrabrava. A mediados del año pasado, los medios oficialistas decían que el macrismo, a través del control que ejerce en el Consejo de la Magistratura, quería hacer una limpieza en la justicia porque no le habían gustado los fallos de algunos jueces. Se hablaba de tres magistrados en capilla, cuya expulsión debía servir como advertencia para los demás: Carlos Rozanski, Eduardo Freiler y Daniel Rafecas.
Si se googlea, aparecen los tres nombres juntos, como parte de la campaña mediática de desprestigio que se realizó en esa época. Rozanski fue presionado hasta que debió renunciar, Freiler afrontó esta semana una denuncia en la Magistratura y el único de los tres que permanece todavía indemne es Rafecas. Cualquiera de los jueces que intervinieron a favor de los monopolios mediáticos en la obstaculización de la ley de medios tienen más motivos para el enjuiciamiento que esos magistrados que son perseguidos porque sus fallos no agradaron al macrismo ni a los radicales.
La uniformidad que se busca en la información, tiene su correlato en la justicia donde el castigo a estos jueces busca un alineamiento automático del resto con los intereses del gobierno. Además recusaron por “animosidad” contra el gobierno a la jueza Dora Temis porque falló a favor de la paritaria nacional docente. Y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca denunció en la Magistratura al juez Enrique Arias Gibert y a la camarista Graciela Marino porque avalaron la paritaria bancaria que el gobierno rechazaba porque está por encima del techo que quiere imponer a la negociación salarial. Hay jueces con más de 50 pedidos de juicio político en la Magistratura, algunos de la época del menemismo, que están cajoneados por Cambiemos, porque son los encargados de la persecución judicial contra Cristina Kirchner.
Entre el PRO, los radicales y el peronismo de derecha que los acompaña, han controlado desde hace mucho tiempo el ámbito judicial que en este momento sintoniza además con el gobierno nacional, lo cual genera un verdadero desorden republicano en perjuicio de la oposición y la disidencia. La derecha ha controlado siempre a las corporaciones de medios y a la mayoría de la Justicia. Lo que está demostrando ahora, que también tiene el gobierno, es que conoce la importancia de ese control y lo aplica a rajatabla. En comparación con la derecha en el manejo de los medios y la manipulación de la justicia, el kirchnerismo aparece como el gran ingenuo.
Nunca tuvo ni la milésima parte del poder que la derecha acumuló en el manejo de los medios y los jueces. Cuando la derecha argentina da clase de republicanismo, está diciendo: “no lo hagan ustedes, porque nosotros vamos a hacer el triple”, o: “está mal si lo hace el populismo, pero está bien que lo hagamos los republicanos”. Cualquiera que manipule la justicia como hace Cambiemos no tiene nada de republicano.
En ese contexto, el principal columnista de La Nación publicó que si Cristina Kirchner se presenta en las próximas elecciones, será para obtener fueros y así evitar las causas judiciales. Lo mismo se dijo en las elecciones del 2015. Y esa vez Cristina Kirchner no fue en ninguna lista. Y aclaró expresamente que no lo hacía porque estaba dispuesta a afrontar los tribunales. Eso fue lo que dijo y lo que hizo. Es obvio que la afirmación del columnista es falsa, no tiene sustento en algo real, sino todo lo contrario, lo real es que Cristina Kirchner afrontó una situación desfavorable, con muchos jueces alineados con el gobierno o acobardados por las amenazas de Cambiemos de someter a juicio político, a través de la Magistratura, a los jueces que no acaten sus decisiones. Lo real es que Cristina Kirchner optó por no buscar protección en ningún fuero y afrontar esos escenarios manipulados por los operadores del gobierno.
