ABRIR A LAS PALABRAS ACALLADAS

 Por María C. Mata
María Cristina Mata y Eduardo Rivera López presentan dos perspectivas sobre los medios públicos, su función social y política, la diversidad, la imparcialidad y el pluralismo.

Es usual afirmar que los medios públicos deben ser instrumentos de democratización de la comunicación: deben garantizar el acceso a la información para toda la población; fomentar su participación en debates; contribuir a su desarrollo cultural; respetar y promover el pluralismo político, étnico, religioso, cultural; brindar contenidos adecuados a sectores desatendidos por el sistema de medios con fines de lucro. En esas obligaciones planteadas en muchas normativas –incluida nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– implícitamente se asume la existencia de un daño que los medios públicos deben contribuir a reparar: la apropiación, la monopolización de la palabra por unos pocos sectores.

Pero también es usual –y a nuestro juicio contradictorio– que en muchos discursos académicos y políticos se afirme que esos medios deben actuar de manera universal e imparcial, lo que supone pensarlos como espacios de variedad y armonía donde todo cabe y convive en igualdad; medios que por ciertos mecanismos institucionales –su régimen de propiedad y gestión, por ejemplo– deben alejarse de intereses y luchas sectoriales y de cualquier posicionamiento excepto el del bien común que nunca se explicita por quién es definido. En suma, medios extraídos de las condiciones económicas, sociales y políticas propias de nuestras desiguales sociedades y más aún, extraídos de las luchas por el poder.

Pero democratizar la comunicación no es tender lechos de rosas. Es, por el contrario, construir las condiciones para que todos los derechos –no sólo los derechos a la información y la libre expresión– puedan ejercerse. Y ejercer derechos requiere, entre otras cosas, demandarlos en la esfera pública ante los poderes que los niegan y también poner en cuestión el orden social que los coarta o impide ampliarlos.

Tal como se puso de manifiesto a lo largo y ancho del país en las audiencias públicas realizadas durante 2015 por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la emergencia en el espacio público de voces que demandan y proponen desde situaciones de exclusión y desigualdad, o desde perspectivas innovadoras y emancipatorias, enfrentan los condicionamientos y manipulaciones que el sistema de medios concentrado les impone: desde la fragmentariedad con que aparecen hasta su banalización, estereotipia o estigmatización.

Por eso hay que pensar de otro modo los medios públicos si honesta y seriamente se los considera vectores de democratización: no como espacios de una ideal pero inexistente convivencia armónica, sino como instituciones donde la sociedad pueda reconocer los conflictos que la constituyen y como instancias de reparación de las desigualdades expresivas que impiden una participación equitativa de diferentes actores en esos conflictos en términos discursivos. En ese sentido, la pluralidad no puede confundirse con el “pluralismo liberal” propio –según el reconocido teórico de la comunicación Armand Mattelart– de las tantas veces admiradas televisiones públicas europeas que, a su entender, eran “una forma de organización del consenso”, es decir, eran más un espejo de las “opiniones admitidas” que lugar de expresión de contradicciones e innovadoras búsquedas políticas y sociales.

En la perspectiva de la construcción de un poder democrático, el igualitarismo suele provocar inequidad. La redistribución de los bienes materiales y simbólicos sólo repara exclusiones e injusticias si es desproporcional a los bienes con que cuentan los distintos actores. Por ello, si los medios públicos se piensan vinculados con las luchas por derechos, deberían permitir reconocer la diversidad de opresiones que se sufren en nuestras sociedades y la variedad de estrategias con que ellas se enfrentan. Deberían dar cabida a todas las voces y miradas ausentes o condicionadas en los medios concentrados para que con sus particulares lenguajes y perspectivas puedan presentarse ante el conjunto de la sociedad. Deberían asumirse como puentes para reconocer parentescos y establecer convergencias, pero también para que se expresen las contradicciones y hasta los antagonismos irreductibles. Y para que eso sea posible, contra la idea de polifonía (y por tanto de armonía) con que suele asociarse la escena pública plural, deberíamos asumir la necesidad y el riesgo de dejar entrar en ella los instrumentos precarios o innovadores, los ruidos y sonidos discordantes. Contra la idea de independencia de los medios públicos como garantía de su pluralidad deberíamos imaginarlos y diseñarlos dependientes de quienes requieren poder decir sus palabras acalladas o distorsionadas. Para que efectivamente lo público pueda ser lo de todos y todas.