Por Rodolfo Yanzón
El Secretario de Derecho Humanos del gobierno de Cambiemos retomó la argumentación brindada por el diario La Nación en sus editoriales contra las políticas de Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad y puso nuevamente en duda el número de desaparecidos que produjo la última dictadura cívico militar.
Con sus dichos, Avruj legitimó la teoría del dictador Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos, el desaparecido “no está”, no tiene “entidad”, y es un número “mentido”.
Es una semana de tristeza, nos dejó Mario Bosch, un tipo cálido y comprometido, siempre dispuesto al diálogo y con la sonrisa en cada palabra. Se fue un militante, un abogado que bregó por los derechos humanos hasta el último minuto. Para muchos no sólo se fue un imprescindible, sino también un ser entrañable. En medio de la perplejidad en la que nos sumió semejante golpe, el gobierno, a través de su Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, insistió en discutir el número de desaparecidos, poniendo en tela de juicio los 30.000 que sostienen desde siempre los organismos de DDHH, acompañados por la sociedad civil políticamente activa. Estela de Carlotto le salió al cruce diciendo que se trataba de una campaña de bastardeo hacia los organismos.
Avruj dejó contento a Darío Lopérfido, el mismo que como testigo en el juicio por los crímenes del 20 de diciembre de 2001 -de los cuales el gobierno que él integraba fue responsable-, declaró que durante esas jornadas tuvo miedo de la gente que se manifestaba contra la imposición del estado de sitio. No se sentían seguros en sus bunkers mientras la gente cantaba que se fueran todos. Cuando bramó su rechazo a los 30.000, Lopérfido dejó traslucir su bronca hacia los organismos de DDHH y cierto destello clasista, a la vez que reflotó la teoría de los dos demonios, como su actual jefe político Mauricio Macri cuando habló de “guerra sucia”. Y en parte el debate que pretenden instalar es una cuestión de clase.
Si bien Avruj dijo que la cifra no era definitiva, dado que se siguen presentando denuncias, soslayó algunas cuestiones nada desdeñables, como el hecho de que muchas familias jamás se presentaron a reclamar por sus desaparecidos –por desinterés, desconfianza o temor-, o que, según documentos desclasificados de Estados Unidos, fue la propia dictadura la que reconoció más de 22.000 desaparecidos entre 1975 y 1978. Muchas víctimas provenían de sectores pobres y de regiones donde el Estado estaba –está- ausente. Muchos sectores desconocen las herramientas legales para hacer valer sus derechos y otros, conociéndolas, deciden no utilizarlas. Muchas víctimas se presentaron por primera vez ante los jueces durante estos años, a partir de la consolidación del proceso de justicia. Y Avruj no genera precisamente confianza con estos actos. En vías de cuestionar el número de 30.000, Avruj relativizó incluso las mismas cifras de las víctimas del nazismo que maneja la comunidad judía, contando para ello con el silencio cómplice de la DAIA. Lo que hace Avruj es legitimar las palabras del dictador Jorge Videla sobre los desaparecidos –“no están”- exhumando los efectos causados por los centros clandestinos en los que las víctimas fueron entes sin derecho, privados de toda significación ética y jurídica, despersonalizados hasta ser sólo un número a la espera de la muerte. Lo que hace Avruj no es inocente y tiende a deslegitimar el trabajo de los organismos de DDHH. Lo que debería hacer es exigir a las Fuerzas Armadas sus archivos. Porque es el Estado –y no las víctimas ni sus familiares- el que tiene obligación.
Avruj, Pichetto y la Unión Democrática Independiente
Pero no fue lo único que hizo Avruj en estos días, porque respaldó los dichos del senador Miguel Ángel Pichetto sobre los inmigrantes, quien en varias oportunidades atacó verbalmente a los extranjeros relacionándolos con el delito. En su última intervención comparó la situación argentina con otras regiones del mundo, aludiendo a la tragedia que viven miles de personas que escapan del hambre y las guerras, sobre todo las que llegan a Europa desde África y Asia. Salvo excepciones, Pichetto fue respaldado por el silencio cómplice de su provincia, de su partido y de sus compañeros de bancada. Con esas declaraciones xenófobas y racistas acordó Avruj, agregando que debía haber mayor control en las fronteras. Según sus palabras, el problema es latinoamericano y, sobre todo, de los países limítrofes. No es el capitalismo ni los empresarios ni la injusta distribución de riqueza. Mucho menos las guerras o la persecución, sino los trabajadores que buscan un futuro para sus hijos. Pero como siempre, en los dichos de Avruj jamás falta la palabra “diálogo”.
Con miras a ahondar ese diálogo, Avruj encomendó a su subalterno Hernán Schapira para ser el encargado de las relaciones con personeros del pinochetismo que viajan a la Argentina para reclamar que se deje sin efecto el status de refugiado reconocido a Galvarino Apablaza Guerra en 2010, por aplicación de la Convención de la ONU. Cada vez que llegan a Buenos Aires dirigentes de la Unión Democrática Independiente –UDI, brazo político del pinochetismo- tienen una agenda armada para hablar no sólo con Schapira sino con quien éste organiza encuentros –sobre todo con el vicecanciller Carlos Foradori, con quien se han reunido en la misma sede de la Cancillería- con el objetivo de analizar los pasos a seguir para quitar la protección internacional que la Convención brinda a los refugiados. Aunque eso sólo podría ocurrir violándose la Convención Internacional sobre Refugiados, todo vale la pena y es posible con tal de fomentar ese diálogo. En tales conversaciones, los pinochetistas cuentan con el permanente aval de Schapira, un conocedor de derecho empresario. Fue éste, con el aval o el silencio cómplice de su jefe, quien impulsó una comunicación oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una denuncia realizada por la UDI contra la Argentina para dejar sin efecto la protección de la Convención de Refugiados. Mediante esa contestación, la Argentina ofreció una instancia de diálogo mediante la cual se permitirá que durante el próximo diciembre se discuta ante la CIDH la situación de Apablaza Guerra. La Convención de Refugiados prescribe que en la tramitación del refugio no puede ser parte, ni tener opinión, el Estado que genera las causales por las que se busca refugio, que es lo que Chile pretende y la Argentina de Macri y Avruj permite. En la comitiva chilena nunca falta el diputado pinochetista Issa Kort, de quien sus colegas resaltan su condición de palestino. “Nada mejor que un miembro de una comunidad perseguida para abogar contra otro perseguido” dicen.
La situación de los migrantes en el mundo es complicada, sobre todo por la batería de medidas expulsivas, para cerrar fronteras y montarse en el discurso empresarial contra los migrantes; ellos tienen la culpa de todos los males, sobre todo del desempleo y de los crímenes. Esa es la política que diseña el macrismo, con su alfil Patricia Bullrich, para quien nada mejor que relacionar criminalidad y extranjería emulando a su antecesor Antonio Berni, colando en el medio la palabra narcotráfico.
A Mario Bosch se lo va a extrañar, entre otras cosas, porque apostaba al diálogo. Un diálogo opuesto al de Claudio Avruj que, a esta altura, debería renunciar al cargo.
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