El juez Ruben Lunge concedió un mes de plazo contra familias de campesinos en sarandí
La rápida intervención del bloque del Partido Agrario y Social (PAyS) a través del diputado Martín Sereno, logró frenar el violento desalojo que cerca de un centenar de policías, gendarmes y guardaparques emprendieron contra 37 familias de campesinos, asentadas en un predio del Paraje Sarandí, en la zona rural del Municipio de Puerto Esperanza.
“Revertimos el desalojo y logramos un aplazamiento de 30 días, y que devuelvan las cosas que se estaban llevando de estas familias, como las maderas de sus casas desarmadas”, indicó el legislador que ni bien se enteró del “atropello a los campesinos”, alertó a varios organismos del Estado provincial, quienes se comprometieron a actuar y calmar los ánimos, hasta que él mismo pudo llegar hasta el lugar.
El lunes a media mañana, un grupo de policías, gendarmes y guardaparques irrumpieron en un terreno baldío del Paraje Sarandí, Picada Morena, de Esperanza, habitado por unas 37 familias de pequeños productores que tienen plantaciones para poder sobrevivir y criar a sus hijos y destruyeron todas las edificaciones precarias, quemaron casas y desarmaron corrales y huertas.
La intervención del diputado Sereno y del Movimiento Nacional Campesino Indígena logró frenar este desalojo. “El juez Rubén Lunge, subrogante del Juzgado de Iguazú, nos concedió un mes de plazo para ver qué podemos lograr para estos productores, ya sea con esas tierras o con una reubicación”, explicó el legislador.
“Pudimos hacer volver los camiones que se llevaron las maderas de las casas y si bien destruyeron o quemaron casi todo, se recuperaron algunos elementos para que puedan pasar estos 30 días que nos concedió el Juez, hasta que podamos encontrar alguna solución”.
El sábado, el diputado Sereno junto a la Subsecretaria de Tierras de Misiones, Sonia Mello, visitaron a los productores en el lugar, donde acodaron avanzar con alguna solución a este conflicto que los afecta desde hace varios meses y que vienen denunciando a través de los medios.
“Vamos a hacer las denuncias correspondientes en Posadas este martes, pero mientras tanto iremos viendo cómo avanzamos para encontrar alguna solución a este tema” que está en conocimiento tanto del gobernador Hugo Passalacqua, del vicegobernador Oscar Herrera, y de los ministros de Gobierno, Marcelo Pérez y de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Marchesini, entre otros organismos con intervención en esta temática.
Apenas tomó estado público nacional este desalojo, los organismos de Derechos Humanos de Salta, la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la organización HIJOS de Salta, emitieron un comunicado solidarizándose “con los campesinos que están siendo despojados en Misiones, y les decimos al Gobierno y su Gendarmería, basta de desalojos y saqueos a los pobres. Con esa misma energía frene el despojo de nuestras riquezas a la megaminerías y multinacionales, entre otras”, dice el documento.
