Por Horacio Verbitsky
La experiencia internacional sugiere que en un debate electoral es mayor el peligro del error que arruine todo que la oportunidad de sacar ventaja, lo que no estimula a asumir riesgos. Los cuatro puntos del guión de Macrì: no proponer, no explicar, no atacar ni defenderse. La racionalidad argumental de Scioli frente a una nube de vaguedades y expresiones de deseo. Un recomendado de la DEA que intervino en la masacre de Ramallo como jefe de la Bonaerense del Hada Buena.
La principal incógnita acerca de lo que sucederá a partir de las nueve de esta noche en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires es qué influencia tendrá sobre la votación del próximo domingo. La experiencia internacional sugiere que es mayor el peligro que la oportunidad. Salvo casos excepcionales, el desequilibrio puede llegar antes por un paso en falso del rival que por un acierto propio, lo cual no estimula a asumir riesgos. Ambos candidatos pasaron los últimos días preparándose para esa confrontación, regulada hasta la minucia, con temas, tiempos y orden de prelación preestablecidos. Esta atención prioritaria a las reglas del espectáculo televisivo por sobre la profundidad del debate político conviene a Maurizio Macrì, cuya campaña está concebida en ese mismo formato, para eludir definiciones concretas y refugiarse en expresiones de deseos vagas e imprecisas, como estar unidos o vivir mejor. Daniel Scioli podría sacar ventaja con repreguntas que pincharan los globos de las generalidades publicitarias, cuya policromía fue limitada en estos días al blanco y el celeste. Una campaña muy profesional abundó en imágenes de Macrì en contacto físico con sus presuntos votantes, desde un jubilado que lo abraza hasta una nena sentada en sus rodillas o un joven que lo toma del hombro. La creación del acontecimiento se completará con las evaluaciones mediáticas posteriores al debate, dictamen que ya está pronunciado a favor de Cambiemos.
Sólo en inglés
El año pasado, durante una conferencia que dio en la universidad neoyorquina de Columbia, el economista de PRO Federico Sturzenegger explicó en un inglés menos ripioso que el de Domingo Cavallo cómo fue preparado por Jaime Durán Barba para el debate de 2013 con el radical Martín Lousteau y el kirchnerista Carlos Heller, candidatos a una banca de diputado nacional por la Capital. Esta noche se verá si Macrì seguirá ese mismo libreto, de cuatro puntos:
1. No proponer nada. La gente no está preocupada por esas cosas, que no son relevantes.
2. No explicar nada. Si se explica qué es la inflación, habría que decir que la emisión monetaria genera inflación, que entonces debería reducirse la emisión, y que si se reduce la inflación habría que hacer un ajuste fiscal y que si se hace un ajuste fiscal la gente va a perder su trabajo. Eso es lo que no hay que decir. Desde el gobierno se puede hacer lo que se considera necesario, pero no hay que decirlo en medio de un debate. Mejor decir que están mintiendo con los números de la inflación o decir cualquier cosa; hablar de los hijos de uno. No importa.
3. No atacar a nadie. A la gente no le gusta ver a alguien agresivo.
4. No defenderse de ningún ataque.
Frente a esta táctica, que ni siquiera desdeña el cambio de discurso en el que incurrió Macrì cuando dejó de cuestionar las medidas más populares de los gobiernos kirchneristas, Scioli recurre a una exposición más racional y propositiva. Defiende las decisiones principales de los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK y anuncia las calamidades que provocarían las decisiones anunciadas por los colaboradores económicos de Macrì. Esta noche podría mostrar el reverso exacto de los cuatro puntos de Durán Barba. Si esto es bueno o malo para su búsqueda de votos es algo que recién se sabrá la noche del próximo domingo, pero es beneficioso para la calidad de la discusión política y coherente con el proyecto del que forma parte.
Millones de nadies
La aversión del frente opositor por los detalles se explica por la experiencia. Cada vez que sus dirigentes entran en contacto con la realidad, salen golpeados. Hace diez días el eventual ministro de Economía en un hipotético gobierno de Macrì, Alfonso de Prat Gay, dijo que en tal caso “habrá un dólar único, subirá el oficial, que no afecta prácticamente a nadie, y van a bajar todos los otros, que afectan a la gran mayoría de la población”. El propio Macrì dijo que el precio del dólar debía fijarlo el mercado; alegó que “el dólar a 9,50 no existe” y que la liberación inmediata del mercado daría una cotización que sólo estimó como “más bajo que 16”. Las refutaciones incluyeron a economistas de todas las tendencias, desde los del actual gobierno hasta los del Frente Renovador como Roberto Lavagna, la UCR con Javier González Fraga y aún Eduardo Levy Yeyati, de la misma alianza macrista. La idea de un dólar oficial que no afecta a nadie o que no existe, es insostenible. Con cerca de 90.000 millones de dólares de comercio internacional cursados a la cotización oficial cualquier ajuste tendría repercusiones inmediatas en casi todos los bienes y servicios imaginables. Así ocurrió en febrero de 2014 y en enero de 2002, por no ir más lejos. Esas consecuencias comenzaron a sentirse ahora a partir de las declaraciones de Prat Gay ratificadas con Macrì. El impacto llega por dos vías: el mayor costo en pesos de los insumos importados y la nivelación de precios en el mercado interno con los que se consiguen por la exportación del mismo producto. Los antecedentes históricos son rotundos: la devaluación se traslada de inmediato a los precios, en proporciones variables, que van del 30 al 100 por ciento según los distintos rubros. El mayor impacto se produce entre los productos de la canasta alimenticia, los llamados bienes-salario, cuyos precios están en relación inversamente proporcional con el poder adquisitivo de los ingresos laborales. Los nadies afectados por el valor oficial del dólar son millones y la gran mayoría interesada en su cotización paralela se reduce a quienes ven la economía desde el ángulo de la especulación financiera como el propio Prat Gay, quien está bajo investigación judicial por su trabajo como apoderado financiero de la fallecida empresaria del cemento Amalia Lacroze.
Botones de muestra
Estos desajustes con la realidad no se limitan a la materia económica. El lunes, cuando un policía metropolitano baleó a un trabajador informal en el barrio de La Boca, la vicejefe de gobierno María E.Vidal negó que se tratara de un caso de gatillo fácil y lo atribuyó a violencia de género: Cabello trató de golpear a su mujer, quien debido a episodios anteriores tenía un botón antipánico con el que pidió ayuda; la policía acudió al llamado, el hombre se resistió con armas y fue herido en el tiroteo subsiguiente. Las desmentidas comenzaron por la propia compañera de Lucas Cabello: nunca hubo actos violentos y el botón antipático correspondía a unos vecinos, no a ellos. Luego aparecieron los testigos, que no vieron ningún arma en manos de Cabello, quien recibió un primer disparo en la cara y otros dos ya caído en el suelo. Los peritajes tampoco identificaron municiones de otra arma que la del policía. El propio agente Ricardo Luis Gabriel Ayala, de apenas 20 años igual que su víctima, dijo ante la justicia que buscó el botón antipánico de la mujer a la que debía custodiar después del tiroteo, para avisar al Comando lo que ya había sucedido. Hasta el subjefe de la policía porteña, Ricardo Pedace, explicó el verdadero orden de las cosas y dijo que hubo una confusión de Vidal. En la cuenta de Twitter del Pro Capital, se retuiteó una frase asombrosa del Hada Buena: “La toma del Indoamericano se resolvió en una semana y bien. La de Merlo está tomando mucho tiempo”. Parecía un fake, pero no lo era. Vidal lo dijo en el programa de televisión por cable A fuego lento, como se puede ver en el minuto 2.50 de la emisión (https://www.youtube.com/
En aquel momento, Macrì atribuyó lo sucedido en el Indoamericano a “la inmigración descontrolada”, expresión que provocó el repudio de la colectividad boliviana. La agresión conjunta de las policías metropolitana y federal causó allí la muerte de tres personas, que deben sumarse a otras 25 y a 111 heridas por disparos de la Metropolitana desde su creación en 2010. Por lo menos seis de ellas pueden caracterizarse como ejecuciones. El Poder Ejecutivo porteño nunca cuestionó la forma indiscriminada en que sus policías emplean la fuerza letal. Por el contrario, sus autoridades políticas asumen las versiones falsas de la policía e intentan justificar lo ocurrido, repitiendo las prácticas históricas de la Federal y la Bonaerense.
La toma
La toma en Merlo comenzó el 20 de octubre, con la ocupación de 340 viviendas sociales del Plan Federal adjudicadas pero sin terminar. Según indicios fue propiciada por el intendente Raúl Othacehé. Su electo sucesor Gustavo Menéndez sostiene que la motivación fue complicarle las cosas y cubrirse por no haber terminado las viviendas, a pesar de haber recibido todos los fondos de la Nación. De allí se propagó al resto del predio, de 60 hectáreas, donde ahora acampan miles de familias. Los medios nacionales tardaron tres semanas en tomar nota de lo que ocurría allí. Cualquiera sea el origen de la difusión, el gobernador Scioli tuvo que hacerse cargo del problema, para alivio de Menéndez.
Lo sucedido es un reflejo del más grave problema social que enfrentan la provincia de Buenos Aires y el país como consecuencia del avance de los cultivos transgénicos y los barrios cerrados, que relegan a los sectores de menos recursos a los terrenos de peor calidad, cuyo acceso sólo les resulta posible a través de las tomas. En 2003 el impuesto inmobiliario proveía el 15 por ciento de los recursos propios de la provincia y hoy solo el 6 por ciento. Los precios del suelo aumentaron casi once veces en ese período y el impuesto al terreno baldío sólo 4 veces. Esto significa que la política tributaria es regresiva porque premia con una baja carga impositiva a quien retiene y especula con la tierra contribuyendo a la inflación artificial de sus precios. Éste es el deprimente cuadro de situación que tiende a modificar la ley provincial 14.449 de acceso justo al hábitat, sancionada en 2012, reglamentada en 2013 y de lenta aplicación por el gobierno provincial y los municipios. El mercado inmobiliario resiste los instrumentos de redistribución de la ley, como el castigo impositivo a los baldíos especulativos, el cobro y redistribución de las valorizaciones de suelo originadas en decisiones públicas y la aplicación de las cesiones obligatorias a los clubes de campo y barrios privados. La regularización urbana y dominial prevista por la ley provincial y también contemplada en el proyecto de ley nacional que acaba de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, sería útil en el conflicto de Merlo.
El predio pertenece a la histórica inmobiliaria Merlo Gómez, cuyo deseo de lotear y vender chocaba con la reticencia municipal a aprobar la zonificación urbanística. Un encuentro entre ambos intendentes con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia Eduardo Aparicio, su Subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti, y un grupo de delegados del barrio, comenzó a explorar una solución, que comenzó por la realización de un censo. Su resultado arrojó que participan de la toma unas dos mil familias. El gobierno provincial solicitó a los ocupantes que abandonaran el lugar, con el compromiso de comprar, subdividir y luego asignar los lotes a las familias censadas. Los delegados reclamaron garantías de que eso se cumpliría. La presencia de la Infantería policial no obedeció a ninguna orden judicial y fue dispuesta por el gobierno provincial para disuadir la instalación de más gente y el ingreso de materiales de construcción. No hubo intervención formal de la Nación, pero en las gestiones participó el subsecretario de abordaje territorial del ministerio de Desarrollo Social, Carlos Montaña. Ése es el cargo que antes ocupó Sergio Berni, quien con la ayuda de Montaña asesora a Scioli sobre el conflicto.
La situación en el barrio sigue siendo delicada y frágil pero hasta ahora el conflicto no fue mal manejado por las autoridades electas del Municipio y la Provincia, con una metodología de negociación sin desalojo violento. Es decir, todo lo contrario al imprudente comentario de Vidal retuiteado con entusiasmo por el Pro Capital, que no es una ironía peronista sino el nombre de la cuenta.
Un comisario recomendado por la oficina del gobierno estadounidense sobre drogas (DEA) sería el nuevo jefe de la policía bonaerense, según la propuesta del futuro ministro de Seguridad Cristian Ritondo a la gobernadora electa María E. Vidal. No es de extrañar: en 2010, cuando designó al comisario Fino Palacios como primer jefe y organizador de la Policía Metropolitana, el jefe de gobierno Maurizio Macrì explicó que se lo habían recomendado la CIA, la DEA y el Mossad. En su primera declaración como ministro designado, Ritondo dijo que se proponía darle elementos a la Bonarense para la lucha contra el narcotráfico, definido como enemigo principal. En los últimos años, Ritondo viajó con frecuencia a Estados Unidos, siempre con una agenda de seguridad, que incluyó visitas a la sede del FBI en Quantico. Su introductor en la vida política fue el ex seminarista jesuita Miguel Toma, el político argentino más vinculado con el establishment estadounidense de Inteligencia y seguridad nacional. El nuevo recomendado de la DEA es el comisario Pablo Alberto Bressi, legajo 15.891, actual Superintendente de Investigaciones sobre el Tráfico de Drogas Ilícitas. De 49 años, alto, delgado, de verba florida y con un aceptable dominio del inglés, Bressi siguió esa especialización en estrecho contacto con la agencia estadounidense que ahora impulsa su designación. También tomó los cursos de negociador en toma de rehenes que dicta el Departamento de Estado.
En 1999, como integrante del Grupo Halcón fue el negociador con los asaltantes que habían tomado rehenes en la sucursal Villa Ramallo del Banco Nación, al que ingresaron con un plano de la sucursal bancaria, de origen inexplicado. El episodio se produjo durante la campaña electoral de ese año. El candidato a la gobernación Carlos Rückauf prometió “meterle bala a los delincuentes”. Esa consigna se cumplió con creces en Ramallo, donde los proyectiles alcanzaron incluso para acabar con la vida de dos rehenes.
La obsesión securitista no era menor entonces que ahora. En uno de los avisos de campaña del candidato presidencial Eduardo Duhalde se decía que “ya terminó con La Maldita Policía” y “está trabajando mucho para que un día, quien sabe, pueda ser llamada Bendita Policía”. Otra pieza comenzó a filmarse en Ramallo, durante la toma de rehenes, pero nunca llegó a difundirse, porque tuvo un final espantoso cuando las balas de la ley abatieron a los rehenes y el único de los delincuentes que resultó ileso fue ahorcado en su celda.
Durante el juicio oral, dos de los rehenes contaron que los asaltantes tenían un handy y sugirieron que algún policía pudo haberlos inducido a engaño para que salieran confiados del banco y fueran acribillados. Bressi declaró que la negociación se estancó el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo se negó a entregar la clave de la caja fuerte donde había 300.000 pesos, lo cual denuncia un orden de prioridades sobre los valores jurídicos en juego. Cuando los asaltantes salieron del banco las balas policiales que los aguardaban también acabaron con la vida del gerente Carlos Chávez y el contador Carlos Santillán. El subsecretario de investigaciones judiciales del ministerio de Seguridad en aquel momento, Bruno Corbo, contó este diálogo entre el juez y el negociador policial:
Comisario Bressi –Yo no di la orden de disparar.
Juez Villafuerte Ruzo –Pero tampoco dio la orden de no disparar.
Otro testigo fue Carlos Varela, el abogado de uno de los ladrones, Miguel Hernández. Varela le dijo al periodista Jorge Salum, del diario La Capital de Rosario, que el jefe de la banda, Cristian Saldaña, estaba furioso con Bressi porque “porque lo había traicionado”. Bressi dijo que recomendó un “ingreso táctico” porque las negociaciones habían llegado a un punto muerto, pero el juez se negó. Varela dijo que la “actitud soberbia” de Bressi “impidió evitar el baño de sangre. Bressi se excusó en que su tarea arrojó el fruto de rescatar a tres rehenes, lo que ocurrió afuera no es responsabilidad de la negociación”.
Bressi tuvo su reivindicación en 2004, cuando fue uno de los 60 policías condecorados por haber intervenido en el rescate de Patricia Mabel Nine, hija del propietario de un shopping en Moreno. La mujer fue secuestrada cuando llevaba a sus hijos al colegio y pasó 25 días en cautiverio. Dos secuestradores fueron muertos, cuatro detenidos y la mujer liberada ilesa. La historia no terminó allí. Meses después, el padre de la víctima, Eduardo Nine, pidió audiencia en el Ministerio de Seguridad.
–¿Hasta cuándo tengo que seguir pagándole las cuotas a Bressi? –preguntó. Apartado de sus responsabilidades, pero no denunciado a la Justicia, Bressi rebotó hacia arriba cuando otro de los condecorados de Moreno, Hugo Matzkin, llegó a la conducción de la Bonaerense. La anunciada designación de Bressi para suceder a su amigo indicaría que la Bendita Policía sigue siendo una asignatura pendiente.
El viernes la Fiscalía General de Morón recibió una presentación del CELS sobre la normativa nacional e internacional que señalan el derecho humano de quienes se instalaron en el predio a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. El organismo citó los artículos de las constituciones nacional y bonaerense, del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la OEA que garantizan esos derechos. En consecuencia, sostuvo, “es preciso avanzar sobre la protección contra desalojos forzosos”, tal como garantiza la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, para la cual los desalojos forzosos son incompatibles con los requisitos del Pacto. Esa Observación también establece las garantías procesales aplicables en un conflicto por acceso a la tierra y a la vivienda, como asistencia letrada y una auténtica oportunidad de participación de las personas afectadas en un proceso judicial abierto para reivindicar la propiedad inmueble. De este modo los desalojos no deberían dejar a esas personas sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos, a la integridad física, a la vida, y a un conjunto más amplio de derechos económicos y sociales.
El CELS enumera diversos fallos de jueces de la Provincia de Buenos Aires que aseguraron esos derechos en distintos casos similares. También menciona numerosos barrios que han logrado iniciar un proceso de formalización a partir de negociaciones satisfactorias con los propietarios del suelo, mediante mesas de diálogo con representantes del Estado, delegados de los asentamientos y los propietarios de los terrenos en cuestión. Con esos antecedentes, el CELS solicitó a la fiscalía general avanzar en un plan de integración socio-urbana, mediante las herramientas de gestión de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, definidas como el “conjunto de acciones que de forma progresiva, integral y participativa, incluyan, entre otras, la construcción, mejora y ampliación de las viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, cuando existieran, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el redimensionamiento parcelario y la regularización dominial. Seguramente la conformación de una Mesa de Gestión integrada por representantes de los vecinos, de los gobiernos municipal y provincial –tanto entrante, como saliente– y de propietarios del predio ocupado, no terminará con el problema tan rápido como lo sucedido en el Parque Indoamericano. Pero hasta la propia gobernadora Vidal terminará por agradecerlo.
