Dieciséis municipios misioneros forman parte de la nómina cada vez más extensa de localidades que gravan publicidad en el interior de de los comercios, según un informe de la Cámara Argentina de Auspiciantes y difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En total son 118 los municipios de 17 provincias los que aplican este gravamen. Misiones con 16 ocupa el tercer lugar de los distritos con más comunas afectadas, solo por debajo de Santa Fe que alcanza 31 y de Buenos Aires que llega a 26.
Según el relevamiento las localidades misioneras en cuestión son las de : 2 de Mayo, 25 de Mayo, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Campo Viera, Concepción de la Sierra, El Soberbio, Garupá, Gobernador Roca, Itacaruaré, Panambí, Iguazú, San Javier, San José y San Vicente, alcanzando el 18.88 por ciento del total.
Según datos de la Cámara Argentina de Anunciantes, hasta la fecha se reclamaron $5.000 millones por ese gravamen. Y con un agravante: los municipios delegan el control y cobro de esa tasa en manos de 10 empresas privadas, que reciben participaciones muy generosas de lo que se recauda.
Agregan en el informe que “el derecho que se cobra es insólito por un simple hecho: la exposición de esas marcas se realiza dentro de los locales comerciales; es decir, dentro de un ámbito privado, sin uso del espacio público y sin necesidad de autorización, habilitación, o control por parte de los municipios”.
El relevamiento aporta un marco comparativo de la evolución que tuvo exigencia en los últimos 15 años, contundente si se tiene en cuenta que en 2001 había un solo municipio que cobraba esa tasa, en 2009 eran 71 y a fines de 2014 llegaron a 118.
Con una particularidad: “los montos reclamados crecieron considerablemente, generando transferencias de recursos millonarias desde los comercios a los municipios, sin que exista la contraprestación de un servicio que lo habilite a convertirse en una ‘tasa’, o el uso de un espacio público que habilite a las ciudades a cobrar un canon por una prestación”, concluyen.
Desde CAME expresaron su preocupación por la afectación que tiene en la economía de la PYMES este tipo de tasas:
Las liquidaciones de los derechos de publicidad y propaganda representan un elevado costo tanto para empresas grandes como chicas. Pero las más dañadas son las PyMES que suelen encontrar como única vía publicitaria accesible la publicidad de sus productos en los comercios donde se venden. El daño sobre la mayoría de las PyMES es más grave aún si se recuerda que:
1-Generalmente esas empresas no tienen posibilidad de hacer publicidad en medios masivos, y la exposición de sus marcas ya sea en stands, cartelerías, u otras opciones dentro de los comercios suele ser su único canal de comunicación con el público.
2-La mayoría de las PyMES no cuenta con el capital de trabajo necesario para poder afrontar esas obligaciones, impuestas arbitrariamente por los municipios.
3- Las PyMES no pueden afrontar el costo legal de litigar con los municipios para demostrar la ilegalidad de ese cobro, y se ven obligadas a cumplir una normativa confiscatoria.
