Por Horacio Verbitsky
Cristina despidió al coronel Galeano y le hizo asumir la decisión a Berni, quien luego de días defendiendo a su amigo, entregó su cabeza para salvar la propia. Pero Galeano sólo cumplió sus directivas. A un año de las PASO, la violencia institucional unifica a distintas fuerzas, sobre la idea de que esas prácticas aberrantes tienen rédito electoral. La Metropolitana y la Federal compiten por el mismo trofeo en las villas de Lugano. El pionero Massa corre el riesgo de parecer tibio y tolerante.
La presidente CFK despidió al Coordinador de las fuerzas de seguridad Roberto Angel Galeano y le hizo asumir la decisión al Secretario de Seguridad Sergio Berni, como precio para conservarle el cargo, aunque fue él quien impartió las órdenes ejecutadas por el coronel carapintada. A Berni no le preocupa la exactitud de lo que afirma. El jueves un comunicado del Ministerio de Seguridad pretendió que el jefe del destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo, Juan Alberto López Torales, había actuado de acuerdo con la ley y seguido los procedimientos establecidos para liberar la ruta. El mismo día, Berni dijo que el automovilista Christian Romero no fue acusado de atropellar a López Torales, sino por violar las leyes de tránsito. Pero la imputación de la Gendarmería contra Romero en la causa judicial es por acelerar, atropellar y lesionar al gigante saltarín. También pretendió que Galeano era su asesor y que no tenía autoridad sobre la Gendarmería, cuando todos saben que no es así: Berni quiso nombrarlo como Subsecretario de Seguridad pero Nilda Garré, que como ministra de Defensa lo había pasado a retiro por su participación en el alzamiento carapintada, dijo que sería una incongruencia y Cristina rehusó firmar el decreto. Pero Garré dejó Seguridad en junio de 2013, y en septiembre Berni contrató a Galeano como coordinador de las fuerzas de seguridad. No como asesor. Ese es el contrato que ayer Cristina ordenó rescindir. El comunicado, que contradice todo lo que Berni venía diciendo, ni siquiera fue incluido en la página electrónica del Ministerio y la presidencia se encargó de que llegara a los medios, comenzando por la agencia oficial Télam, pese a que atribuye la decisión a Berni. Dice que “Galeano incumplió con las responsabilidades contenidas en los ‘Criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas’, documento elaborado con el aporte de organizaciones sociales que fija el marco de actuación de las fuerzas federales” y que su conducta “contradice los lineamientos ministeriales de prudencia y de profesionalidad en la gestión de la seguridad pública”. A tan alto precio personal, Berni conservó su cargo y el del gendarme que siguió sus directivas. Pero el problema va mucho más allá del ahora despedido comando militar. El comunicado ratificó las “directivas políticas vigentes desde 2003 que preservan la integridad física de las personas en manifestaciones públicas” por lo cual un funcionario del ministerio “debe estar a cargo de los procedimientos que requieren el empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar que la intervención sea proporcional y eficaz”. Sin embargo, y por detrás de la polémica que entretiene a los gobiernos porteño y nacional, las respectivas policías practican una violencia institucional exacerbada como forma de control del territorio, ya sea ante protestas sociales o hechos sindicados como delictivos. Esto va asociado a la participación de sectores de las propias fuerzas en los delitos que deben combatir y al castigo concentrado en militantes sociales o vecinos humildes. La manipulación informativa presenta esos hechos como episodios de una batalla épica con lo que en forma genérica se denomina el narcotráfico, de lo cual luego no se encuentra huella en los expedientes judiciales, por inexistencia de delito. Un periodismo sin más fuente que los funcionarios interesados contribuye a crear un clima que a su vez justifica nuevas actuaciones similares. Lo más preocupante es la idea, basada en encuestas de opinión, de que esas prácticas aberrantes cuentan con amplia aceptación social y construyen una candidatura. Hay tanta competencia que el pionero Sergio Massa corre el riesgo de parecer tibio y tolerante.
Se hace y no se dice
Todas estas fuerzas ejercen lo que el ex presidente Carlos Menem llamó en 1997 “la libertad del palo”. Menem atribuyó la expresión al libro El hombre de bien, publicado por Benjamin Franklin hace dos siglos y medio. Hoy nadie pronunciaría palabras tan brutales, pero su puesta en escena es cotidiana en las principales jurisdicciones del país, la Nación, la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La enumeración no es exhaustiva y sólo puede sorprender en el gobierno nacional, que durante años aplicó una política de restricción y control del uso de la fuerza e incluso despidió a ministros y policías que se oponían y elaboró protocolos estrictos para su aplicación. En teoría siguen vigentes pero en la vida real valen menos que el papel en que fueron impresos. Esta regresión es impugnada con claridad por el dirigente de La Cámpora Andrés Larroque, cuya militancia comenzó a fines del siglo pasado en la Villa 20 de Lugano, escenario de los peores actos de violencia institucional. Según la información que difundieron la Policía Metropolitana y el gobierno local, en la madrugada del sábado 30 de agosto sus efectivos fueron tiroteados por cien narcotraficantes que intentaban retomar el desalojado asentamiento Papa Francisco, lindero con la Villa 20, y detuvieron a treinta personas. Según esta novela desafiaron al Estado durante una hora con armas, bombas molotov y piedras en una batalla a matar o morir por el control del espacio público. Sergio Berni conoce el paño e ironizó: “¿Cuántos narcotraficantes hubo detenidos? ¿Dónde está la droga? Entraron dos mil policías y no hay un solo narcotraficante”. Tampoco hubo policías heridos de bala. Los vecinos dicen que quienes dispararon no pasaban de diez personas y los detenidos de tres. Cuando los metropolitanos respondieron, César Fabián García salió de su casilla con los brazos en alto pidiendo que no dispararan sobre su vivienda lindera al predio, porque allí estaban su mujer y sus seis hijos. La policía lo hizo echar al piso, manos en la nuca, le pegó un culatazo de escopeta en la cabeza y le pateó el torso. García es hijo de la mujer de Diosnel Pérez, uno de los militantes sociales que intervino en 2010 para superar la crisis por la ocupación del Parque Indoamericano. Cuatro días después, que pueden significar la pérdida del trabajo, el juez Javier Ríos dejó en libertad a los tres porque no había ningún elemento para atribuirles el intento de homicidio, el disparo de armas de fuego y la resistencia y atentado a la autoridad que intentaron cargarles. También ordenó investigar cómo actuó la Metropolitana. Berni maneja la realidad virtual con la misma intensidad que su colega porteño Guillermo Montenegro: su oficina de prensa difundió un par de videos, atribuidos a los asustados padres de alumnos de una escuela de Lugano. Berni les promete todo tipo de protección y uno de los asistentes le pregunta por qué tienen que creer que así será.
–Porque yo siempre cumplo mi palabra –dice el héroe.
El problema no se reduce a la policía. Hace cuatro años el Ministerio de Desarrollo de la Nación montó en el Parque Indoamericano un vallado humano que permitía entrar y salir a quienes habían sido censados y recibido pulseras identificatorias, lo cual contribuyó a sosegar los ánimos. Ahora, la Secretaría de Habitat e Inclusión de Desarrollo Social de la Ciudad y el programas Buenos Aires Presente (BAP) son asistentes de la policía. Según trabajadores de asistencia directa consultados para esta nota, los sin techo se instalaron en casa de familiares, en hoteles pagados con un subsidio de la Ciudad o en paradores o refugios. Pero un cuarto grupo quedó en dos acampes en la calle, bajo horribles condiciones meteorológicas: un predio amplio, de libre acceso, y otro vallado. En un hábeas corpus, la Procuraduría contra la violencia institucional (Procuvin) y la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) denunciaron los abusos de la Policía Metropolitana contra los 23 jóvenes y adultos y los dos niños recluidos en ese corralito: controla la comida que ingresa, los pañales de los bebés, bloquea la circulación de las personas, practica requisas violentas. Los trabajadores sociales, cuya situación laboral es precaria, rechazan los métodos que les marca el gobierno de la Ciudad: amenazar a las familias con la intervención de un juzgado de menores que les quite los hijos por tenerlos a la intemperie y prometerles adelantos o extensión de subsidios de 12 a 20 cuotas, cuando la ley y el decreto de austeridad firmado por Maurizio Macrì no lo permiten. Según los trabajadores, el trasfondo económico-social de la ocupación es de explotación laboral y especulación inmobiliaria. En el asentamiento funcionaban dos galpones, uno textil y uno en el que las mujeres del acampe pelaban papas para una firma industrial, a cambio de 75 pesos por día, que se aplicaban al pago en cuotas de los lotes asignados por los gestores de estos galpones, vinculados con la política y el mercado de drogas. La gestión de ese “sistema de enganche” implica el disciplinamiento territorial por parte de estos pesados.
Gas y balas
En la misma semana, una quincena de miembros del Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal irrumpieron en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación instaló en la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, también en Lugano. El incidente comenzó con una discusión de uno de los tríos en que se desplazan los federales, con un hijo y un sobrino adolescentes de Alejandro Pitu Salvatierra, el otro referente social que negoció una salida pacífica al conflicto del Indoamericano. El empleado administrativo del CAJ hizo entrar a los jóvenes al local para protegerlos. Diez minutos después, quince policías llegaron lanzando gas pimienta. Salvatierra forcejeó con uno que intentó detener a su hijo y también él fue arrestado. Los acusaron de resistencia y atentado a la autoridad. A partir de allí las versiones difieren: los vecinos dicen que los policías lanzaron los gases dentro del Centro, afectando a los empleados y a la gente que esperaba para realizar algún trámite ante esa justicia de proximidad y que también rompieron el lugar, mientras los federales replican que los gases fueron utilizados afuera pero que una parte se filtró hacia el interior. Ante un pedido de explicaciones del Secretario de Justicia Julián Álvarez, Berni respondió que los federales habían sido provocados. Al cierre de esta edición el CAJ seguía cerrado y la policía se jactaba de su control. Más allá de los detalles, que cada uno describe a su manera en un universo donde no hay ángeles, lo sucedido muestra el abandono de la política de prevención comunitaria, que privilegia el diálogo y la negociación con las organizaciones y los líderes sociales y el regreso a la de fuerza y ocupación territorial. Algo congruente ocurrió en el Barrio Norte de la Ciudad. A las seis de la tarde del jueves 28, una tormenta de balas se desató sobre los transeúntes, que se arrojaron al suelo desesperados. Un testigo, que protegió con su cuerpo a una hija en edad escolar, cuenta que venía por Arenales y al cruzar Aráoz en dirección a Coronel Díaz “empezaron a llegar patrulleros y autos de civil desde todas las direcciones. Conté veinticinco”. Eran de las comisarías 19ª, 23ª y 53ª, de civil y de la Metropolitana. El hombre atinó a filmar con su teléfono el descenso de un policía armado de un patrullero que corre arma en mano por la calle. La persecución de un Volkswagen Bora negro había comenzado en Santa Fe y Agüero, donde tres hombres asaltaron un negocio de telefonía celular. El primer tiroteo se produjo en Santa Fe y Gallo, el segundo en Scalabrini Ortiz y Juncal, donde uno de los ladrones descendió del auto y fue detenido, y el tercero en Beruti y Scalabrini Ortiz. El muy bien aleccionado comisario Jorge Baldo, quien sucedió como director de Comunicaciones al actual jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, explicó que el enfrentamiento fue “controlado” y se hizo “un uso racional de la fuerza, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaría de Seguridad Operativa a cargo del doctor Sergio Berni, cuidando la integridad física de los ciudadanos y del personal policial”. Cuando los periodistas le insistieron sobre el riesgo de abrir fuego en esa zona y a esa hora, Baldo se apartó del aprendido discurso institucional y en un acto de sinceridad respondió que no hubo heridos, “gracias a Dios”.
Parapoliciales
Daniel Scioli no está dispuesto a cederle la derecha a nadie. El decreto de emergencia que firmó en abril (que le permite hacer compras por unos 600 millones de pesos sin licitaciones, concursos de precios ni control) también incorporó como auxiliares a 40.000 agentes de seguridad privada. Deben estar inscriptos ante una oficina que desde un cargo de asesor maneja el ex Personal Civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983, Carlos Hugo Sottini. En esas agencias se desempeñaron actores de la represión estatal de aquel periodo, como el comisario bonaerense Alberto Pulvermacher, detenido hace dos semanas por su actuación en un centro clandestino de detención de La Plata; el capitán del Ejército Ricardo L. Von Kyaw, con baja deshonrosa en 1978, detenido a fines de junio en Panamá con un documento apócrifo, extraditado a la Argentina y procesado en la causa de La Cacha; el capitán del Ejército Roberto Armando Balmaceda, también detenido en la causa La Cacha; el oficial inspector de la Policía Federal Francisco Rodolfo Mario González Arrascaeta, quien participó en los preparativos de la masacre de Ezeiza en 1973. Esto es posible porque el gobierno incumple la ley 12.297, cuyo artículo 8º, inciso 2 excluye de la seguridad privada a quienes se beneficiaron con las leyes de impunidad o los indultos. Por lo menos 63 agencias fueron habilitadas, salvando el requisito legal. Los exceptuados son:
– Félix Roberto Aladro, del Grupo Custodia (San Pedro),
– Subcomisario federal Juan Carlos Gunsett, de Geo Sig (Moreno),
– Marcos Gastón Carradori, Pablo Funaro, Humberto Daniel Camozzi, Marcelo Alejandro Avalos, Roberto Mario Polari, Mariano Alfredo Puentes y Ramón Nazareno Rodríguez, del Centro de Capacitación Goya, (La Plata),
– Subprefecto penitenciario federal Tito Mártires Quiña, de Ezeiza Security,
– Walter Omar González, de la Compañía de Servicio Satelital (Mercedes),
– Miguel Angel Ferreyra, de Nescarmi (Lomas de Mirador).
– Benito Leonel Torres, de Piscis (Pilar),
– Roberto Oscar Marún, de Power Man (Moreno),
– Alberto Juan Hubert, de Cruz de Malta, (San Isidro),
– Sixto Ramón Barreto, de Tech Security (Vicente López),
– Juan Manuel García, de Star Glocks, (Vicente López),
– Comandante de Gendarmería Juan José Aymerich, de Gadol Beraka, (Tres de Febrero),
– Rubén Jorge Moraña, de Block Security (Remedios de Escalada),
– Rita Rafaela Ruarte, de Jenizaros Seguridad (Bahía Blanca),
– Nicolás Daniel Pretil, de Prosegur Vigilancia Activa (Pilar), Es una agencia de alarmas monitoreadas. Los dueños de casas usurpadas se quejan porque estas agencias no piden título de propiedad ni contrato de alquiler, sólo una factura de teléfono celular.
– Comisario bonaerense Oscar Hugo Salinas, de Ersaer (Quilmes),
– José Luis Llopis, Temple, (San Martín),
– Juan Cristóbal Marín, de GC (Morón),
– Guillermo Alberto Constantino, de Monitoreo Digital (Olavarría).
– Esteban Alberto Orduna, de G4S (Beccar).
– Comisario de Santa Fe Abel Oscar Sosa, de Limpieza y Lingotazo (San Nicolás).
– Luis Alberto Battaglini, de Sinergia Limitada (San Isidro),
– Gastón Leandro Ibáñez Levalle, de Ranger Vip (San Miguel),
– Jorge Luis Andes, de Biguá (Olavarría),
– Oficial de la Policía Federal Sergio Daniel Herrera, de Las Marías (Avellaneda),
– Penitenciario federal Julio César Santander, de Seguridad Integral (La Matanza)
– Juan José Bello, de C&K (San Martín),
– Capitán de Navío Raúl Miguel Rizzo, de Segurmax (Bahía Blanca),
– Suboficial de la Fuerza Aérea Oscar Luis Yannacone, de Impacto Protections (Campana),
– Daniel Ernesto De Maio, de Segutrans (San Martín) y de Octopus (San Isidro),
– Teniente coronel Victorio Rafael Listorti, de Mulis (Martínez), participante en el alzamiento carapintada de Aldo Rico,
– Jorge Cesar Bernabitti, de Batersegu (Tigre),
– Cesar Augusto Labombarda, de Protección Inteligente (Monte Grande),
– Eduardo Mario Rodríguez, de Exclusive Security (Lomas de Zamora),
– Rodolfo Esteban Sarubbi, de CAS (Tolosa),
– Carlos Andrés Pereira Rodríguez, de Urónico (Martínez),
– Diego Jorge Sroichevich, de Los Cabos (La Plata),
– Juan Manuel Fernández, de Fer-Seguridad (Mar del Plata),
– María Eugenia Villela, de Unión de Seguridad Norte (Pilar),
– Fernando Ernesto De La Cruz, de Grupo M4 Sherman (San Nicolás),
– Carlos Rubén Bruno, de Alta Vanguardia (La Matanza),
– Comisario bonaerense Hugo Santiago Bardone, de Máximo Control (La Plata). Bardone fue declarado prescindible en 1998, cuando como jefe de Inteligencia de Quilmes pidió a los colegios primarios de la zona “los antecedentes ideológicos de los alumnos”,
– Mayor del Ejército Dardo Washington Herrera, de Seguritas Countries (Munro),
– Comisario federal Rodolfo Paulino Garrido, de S.G.D. (Gral. Pueyrredón),
– Ricardo José Aspe Scetti, de Uniform Security (Malvinas Argentinas),
– Sargento de la Policía Federal Raúl Alberto Escalada, de CJT (Lomas de Zamora),
– Lorena Paola Chiaparro, de CONSISA (Vicente López),
– Graciela Noemí Vallacco, de Nech Seguridad (Necochea),
– Fernando Jorge Muzio, de Brinks (Bahía Blanca),
– Eduardo Osvaldo Rodríguez, Extreme Security (Luján),
– Guillermo Luís Marcilese, de Wary (La Plata),
– Oficial de la policía bonaerense Roque Alberto Luján, de Lusegur (Berazategui),
– Carlos Darío Barbeito, de Anticipar (Morón),
– Gabriel Adrián García, de ARG Security (Lanús),
– Héctor Andrés Villegas, de Nivel 3 (Morón),
– Romina Edith Villalba, de Rodas (Isidro Casanova),
– Carlos Miguel Desimone, de Sentinel (La Plata),
– Julio Edgardo Rojas, de Seguridad a su Alcance (Ensenada),
– Marcos Luciano Korsunsky, de Skal Protect (San Fernando),
– Carlos Oscar Calcagno, de Force One (Olivos),
– Néstor Eugenio Ausades, de LD Protection,
– Oficial del Ejército Marcelo Miguel Sánchez Sorondo, de Quillotasegutex (Florida).
Doce fueron habilitadas por el ex ministro Carlos Stornelli, 38 por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal y las últimas trece por el actual ministro Osvaldo Granados. Es decir, constituye una política de Estado. Las habilitaciones provisorias no tienen plazo y se prolongan en forma indefinida. Según una denuncia presentada ante la fiscalía de Delitos Complejos Nº 8, a cargo de Jorge Martín Paolini, se consiguen pagando coimas de 250.000 pesos.
Polleras
Con gorra de alguna de las fuerzas de seguridad y atuendo deportivo que puede confundirse con el uniforme de fajina del militar que le gustaría ser, el médico Sergio Berni, quien también dice ser abogado, se multiplica, a cualquier hora del día o de la noche. No teme a nada ni nadie, y menos que nada al ridículo. No está en discusión su entrega a la tarea, sino su legalidad, su eficacia y su compatibilidad con el proyecto político que integra. Su principal recurso discursivo es la descalificación del antagonista. Si Aldo Rico decía que los soldados no dudan, porque la duda es la jactancia de los intelectuales, Berni sostiene que no filosofa sobre seguridad porque está todos los días en la trinchera. Así explicó su inasistencia al Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular en el Salón Azul del Congreso, del que sí participaron los diputados nacionales Andrés Larroque, Horacio Pietragalla, Remo Carlotto y Jorge Rivas; los precandidatos presidenciales Agustín Rossi, Julián Domínguez y Jorge Taiana; el Secretario de Justicia, Julián Alvarez; los titulares de la Anses y de la Sedronar, Diego Bossio y Juan Carlos Molina; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; organizaciones sociales y de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la violencia institucional. Hace dos semanas, Berni interrumpió con virulencia a la periodista Cynthia García, un femenino que cuestionaba la represión a los trabajadores de Lear: le dijo que la Gendarmería actúa “constitucionalmente” porque “las rutas son para circular”, ignorando la vasta jurisprudencia sobre la jerarquía de derechos en conflicto, que privilegia la libertad de expresión, como queda claro en los proyectos de regulación que a pedido de CFK se están discutiendo en la Cámara de Diputados. La desafió a que lo acompañara a las cuatro y media de la mañana cuando hubiera un corte y probara a desalojarlo de otro modo. Cuando ella replicó que no era su función, Berni la desdeñó: “Esto no es una cuestión de intelectualidad, esto es sentido común”. Esta semana intentó aplicarle el mismo esquema a Marcelo Longobardi, un masculino que desdeña quedar a la izquierda de Berni. El periodista dijo que los alumnos de una escuela de Villa Lugano llevaban dos semanas sin clases porque nadie les garantizaba la seguridad: “Usted dice conocer la villa pero yo sólo lo veo jugando al golf. El que está en el barrio, con los pies en el barro todos los días soy yo”, le contestó. El ex columnista de la Escudería Hadad, hoy en el Grupo Clarín, tiene más claro que Berni quiénes dan las órdenes y quiénes las obedecen, y lo puso en su lugar con un desplante al tono: “Yo voy a jugar al golf todo lo que se me canten las pelotas, ¿estamos claros?”. Pero además de mostrarle quién la tiene más larga expuso un razonamiento impecable: un ciudadano hace lo que quiere con su tiempo libre pero el trabajo del funcionario es “garantizar que haya clases”. Siguiendo el ejemplo de su admirado ex carapintada Rico, Berni arrugó ante Longobardi y luego de la tanda le pidió perdón. Después de dos días defendiendo al coronel Galeano, justificó su despido, decidido por Cristina. Cuando la última semana le preguntaron por mi nota “Muchos Machos Malos”, se escondió debajo de las polleras de Francisco: dijo que no discute con alguien que “también ha dicho cosas del Papa”. Un hombre de acción.
