La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó ayer la ley que crea una Comisión de la Verdad que investigará violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos durante la dictadura militar (1964-1985).
La comisión, que no tendrá funciones punitivas, fue aprobada en octubre por el Congreso. Contará con siete integrantes elegidos por Rousseff, con un plazo de dos años para exigir documentos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos de desaparecidos políticos.
Sin embargo, el grupo no podrá castigar a los responsables, fueron beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo. El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas. La oposición, entre ellos el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y Demócratas, apoyó el proyecto, pero introdujo modificaciones como la que contempla que la comisión tenga entre sus integrantes a representantes de las Fuerzas Armadas o víctimas de atentados guerrilleros. Para evitar asperezas con los militares, del texto de la propuesta se quitaron expresiones como represión política y el período de investigación se amplió de 1946 a 1988. El consenso legislativo fue reivindicado ayer por Rousseff como una prueba de madurez democrática y un gran avance en la consolidación de las instituciones. Durante la ceremonia de promulgación de la norma, Rousseff destacó que la comisión permitirá que el país nunca más vuelva a vivir sin democracia. “Para que los hechos que mancharon nuestra historia nunca más vuelvan a ocurrir, es necesario que se conozca la verdad”, remarcó la mandataria en el Palacio del Planalto. Con los jefes de las Fueras Armadas y ministros en el auditorio, la presidenta, que fue presa política durante la dictadura, rindió tributo a los que lucharon y perecieron por la democracia durante los años de dictatoriales, y rechazó que el armado de la comisión pueda estar movido por un espíritu de venganza.
Aunque está claro que la comisión no tendrá efectos punitivos, miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo consideraron que la investigación puede resultar un paso hacia la apertura de procesos. Tras la promulgación, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, expresó su deseo de que Argentina haga su aporte en las investigaciones que tengan relación con el llamado Plan Cóndor, que coordinó a las dictaduras en los años los años ’70.
“Esperamos; estamos confiados en que recibiremos colaboración de Argentina. Hablé de eso con el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde”, relató Nunes. La ministra subrayó que hay voluntad política en el gobierno para avanzar en las investigaciones del Plan Cóndor. Desde Ginebra, en tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, celebró la sanción presidencial, que destacó como un avance que pone de manifiesto el compromiso de Brasil en el tratamiento de los derechos humanos a nivel nacional.
“Es un primer paso esencial y muy bienvenido para curar las heridas del país y aclarar las injusticias del pasado”, resaltó la funcionaria sudafricana. En un comunicado, Pillay instó a Brasil a adoptar medidas adicionales para facilitar el procesamiento de los supuestos responsables por violaciones pasadas a los derechos humanos, aunque ese paso exige derogar la Ley de Amnistía de 1979 o declararla inaplicable. Para la representante de la ONU, el trabajo de la comisión incluye escuchar testimonios de las víctimas. “A menudo son dolorosos, debería ayudar a los brasileños a entender y reconocer su propia historia, que hasta ahora ha sido frecuentemente cuestionada o negada”, afirmó.
“Ninguna dictadura fue ajena al Plan Cóndor”
“Eduardo Luis Duhalde nos trajo de Argentina la propuesta de crear la Operación Paloma para la integración regional a través de los derechos humanos. Estamos confiados en que recibiremos colaboración de Argentina” para develar la participación brasileña en el Plan Cóndor. La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, transmite convicción al hablar con este diario luego de participar en la ceremonia. “Esta comisión tendrá también la misión de investigar al Cóndor, tenemos instrucciones de hacerlo y está la decisión política de la presidenta… se abre una nueva situación histórica en Brasil, está comenzando una nueva narrativa, las violaciones de los derechos humanos no quedarán en el olvido.”
El gobierno de Dilma sacó pecho ayer en el acto en el Palacio del Planalto por haber sancionado, tras sólo once meses de gestión, una ley a la que no se le animó ningún mandatario democrático desde 1985. A paso lento, Brasil comienza así a igualarse a los países de la región, pero por lo que se comentaba ayer entre los ex presos políticos y familiares de los desaparecidos esto es sólo el comienzo.“Todavía hay mucha resistencia militar y poca voluntad de contribuir con la apertura de archivos, vamos a tener que pelear mucho para conocer la verdad y después llegar a la Justicia, como en Argentina, para nosotros el apoyo de los demás países será importante”, razona Iara Xavier Pereira, con los nombres de sus dos hermanos y marido muertos por la dictadura estampados en su remera blanca. Diplomáticos de los países del Mercosur fueron convidados a la ceremonia, donde la delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Duhalde.
“Propuse hace un mes crear una comisión del Plan Cóndor para el intercambio documental en el Mercosur, ahora tenemos una reunión en diciembre y espero allí presentarlo formalmente, es fundamental intercambiar los archivos e invitar a Chile a hacer lo mismo”, cuenta el funcionario argentino.A unos pocos metros de él pasan los tres comandantes de las fuerzas armadas brasileñas, los mismos que en 2009 llegaron a amenazar con renunciar a sus cargos cuando Lula presentó el primer proyecto de Comisión de la Verdad. Por lo que trascendió, ahora aceptaron la comisión a regañadientes, pero siguen negando la existencia de archivos sobre la guerra sucia y asegurando la participación secundaria en el Cóndor.
–¿Brasil fue un actor secundario en el Cóndor?–Mi impresión es que no, sobre todo si tenemos en cuenta la colaboración prestada por Brasil a la represión argentina, los secuestros de argentinos que estaban en tránsito por Brasil y de brasileños secuestrados en Argentina, como se dijo esta semana en notas de Página/12. Creo que ninguna dictadura del Cono Sur fue ajena al Plan Cóndor. Son los brasileños los que tienen que iluminar esta etapa, pero yo creo que no hubo socios secundarios.
–¿Existió un Cóndor diplomático?
–Creo que las cancillerías fueron un elemento coadyuvante del Plan Cóndor, y no sólo contando con la diplomacia de nuestros países, sino con la diplomacia del Departamento de Estado norteamericano.
–Bajo la conducción de Henry Kissinger…
–Del señor Kissinger y también del general Vernon Walters.
–Después de hablar con ministros brasileños, ¿cree que irán a fondo?–El gobierno argentino es muy respetuoso de los tiempos de los procesos políticos de los países del Mercosur. Los argentinos somos conscientes de que hemos avanzado muchísimo, pero es cierto que el número de víctimas que hubo en Argentina es muy superior a los otros países del Cono Sur. Me parece muy importante esta Comisión de la Verdad, es fruto de las convicciones y de la decisión política de la presidenta Rousseff, yo le he traído el abrazo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la congratulación por la medida. Creo que la presidenta Rousseff ha avanzado bastante y es de esperar que esto no se quede aquí, que la comisión llegue a conclusiones importantes y permita que la sociedad tome conciencia de lo que significó el terrorismo de Estado en Brasil.
