A pocos días del cierre del tercer módulo del Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género que se realizó en Posadas, siguen las repercusiones a partir del fuerte involucramiento en la temática de distintas organizaciones civiles y la planificación a futuro que realizan los organizadores sociales.
La diputada provincial Myriam Duarte destacó que si bien no forma parte del oficialismo, encontró en funcionarios y allegados al oficialismo provincial, un fuerte acompañamiento para llevar adelante esta temática y resolver, cada uno desde sus lugares, los problemas que se van presentando, aunque admitió que están sólo frente al comienzo y que aún queda mucho camino por recorrer.
«Hubo dos encuentros anteriores, cada uno con sus objetivos para comenzar por poner sobre la mesa ciertos temas y visibilizar la situación y las herramientas u organismos que dispone el Estado para atender este problema. Así avanzamos y encaramos en segundo módulo sabiendo ya cómo funcionan y cuáles son todos los estamentos y niveles de articulación que faltaban», resumió la legisladora.
En ese contexto pudieron visualizar que los mayores reclamos, críticas y cuestionamientos estaban dados en la actuación del poder judicial, “quizás porque es una instancia poco habitual donde las personas están frente a un juez, un fiscal o a un defensor, para exponer cada uno de los problemas que los afecta”, describió.
Cuando un caso se judicializa, la violencia ya está instalada
Pero más allá de lo particular, Duarte explica que a los organizadores del Foro (la Presidencia de la Legislatura y el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones) y a las organizaciones que participaron les interesa promover la articulación -como sistema- de todos los organismos del Estado y, a partir de esta tercera jornada, pasar del debate a la acción para ponerlas e prácticas a partir del próximo año.
Las participantes, en su gran mayoría mujeres, reclamaron pasar del debate y comenzar con medidas concretas que eviten los numerosos hechos de violencia contra las mujeres.
La diputada sostiene, en ese marco, que la articulación de las acciones debe relacionar a la Justicia con el Ministerio de Educación, como cuestión inicial, “porque cuando un caso llega a judicializarse es porque la violencia ya está instalada y lo que necesitamos es prevenir”.
Para ello, la aplicación plena de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas sería un buen disparador, dice. “En la medida que podamos avanzar con eso, se puede pensar en una perspectiva a largo plazo, para modificar esta realidad”.
De lo contrario, seguirán los debates sobre un Poder Judicial colapsado porque los casos no cesan. A medida que se dio a conocer que los Juzgados de Paz también pueden y deben intervenir en casos de violencia contra la mujer, aumentaron las denuncias en el Juzgado de Paz de Itaembé Miní, el suroeste de la capital misionera. “De cero denuncias pasaron a recibir dos o tres denuncias por día, lo que nos da una pauta que la situación no se descomprime, aunque haya migrado de los Juzgados de Familia a los de Paz”.
Mecanismos que permitan percibir problemáticas
El debate fue intenso y los reclamos versaron sobre la falta de respuestas o la lentitud de la Justicia y la inacción de algunas instituciones del Estado, por inacción u omisión: “El caso de violencia grave que involucró a adolescentes de Concepción de la Sierra, donde uno de los implicados está señalado como problemático, con conducta violenta y con antecedentes con drogas; pero ese chico pasó todo eso dentro del sistema educativo y no obtuvo contención ni apoyo psicológico».
Es evidente que «si una persona pasa por todo esto, también algo pasa en su casa. Buscamos entonces mecanismos eficientes que nos permitan observar y percibir una problemática particular, para abordarlas antes que las consecuencias serán irreparables”, dijo Duarte.
Pronunciamiento de las organizaciones
Durante las ponencias, los participantes expusieron el documento donde dejan sentada su posición ante esta problemática, donde consignan que “en lo que va del año y a contramano de las declaraciones tanto del Gobierno Nacional como del provincial, se incrementó el nivel de la crueldad y de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito doméstico, institucional y público, lo que demuestra que es una problemática que se profundiza conjuntamente con el agravamiento de la situación económica y la precarización laboral, aumento del desempleo y empeoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la población.
En este último períodos nos hemos enterado de situaciones que dan muestra de la lentitud de los avances en la implementación de políticas públicas referidas al problema. Vemos que las mujeres del Progen continúan su labor sin recibir remuneración. Esto implica que se está despreciando un recursos invaluable; simultáneamente nos encontramos con que se crean nuevos organismos que se ponen en manos de personas que han ejercido previamente funciones en las que demostraron su ineficacia. Estamos hartas del desperdicio de recursos del Estado como consecuencia del nepotismo y la corrupción que no cesan, que incide en el mal funcionamiento de organismos estatales como la policía, la justicia, el desarrollo social y la salud.
Aplicar Ley de Educación Sexual Integral en el sistema educativo provincial
“El Estado y los actuales Gobiernos de la Nación y la Provincia tienen una responsabilidad indelegable de dar respuestas a las urgentes medidas que deben salvar vidas y generar las condiciones de transformación cultural para erradicar la violencia hacia las mujeres.
“Por lo tanto, al mismo tiempo que reiteramos las demandas presentadas en el primer encuentro del Foro, exigimos la urgente resolución de los siguientes conflictos:
“Implementación de las leyes y los marcos normativos vigentes tendientes a la prevención, erradicación y sanción a la violencia contra las mujeres; aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos el sistema educativo provincial; provincialización del sistema de Promotoras de Género (Progen); conformación de una mesa de trabajo permanente, integrada por las organizaciones sociales, y por los organismos gubernamentales de salud, educación, justicia, seguridad y desarrollo social con potestad para el control de las políticas públicas en la materia y el monitoreo de la administración del presupuesto correspondiente.
“Tales requerimientos responden al convencimiento de que compartimos, aún con diferencias, objetivos y expectativas, el desafío de enfrentar esta tarea, a nuestro entender, nos depara un camino de trabajo y compromiso conjunto para concretarlos”.
Adhieren al documento, Colectivo de Acción contra las Violencias de Género, Movimiento Cecilia Rodríguez, La Garganta Poderosa Misiones, Aquelarre, Socorristas Misiones, Progen, FOL, Asociación Civil De la Calle a la Dignidad, Amigam, Asociación Miastenia Gravis Apóstoles.
Auspiciaron este Foro, los Ministerios de Gobierno, Salud, Educación y Desarrollo Social de la Provincia, la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Públicas y Desarrollo Interior; la Comisión de Prevención de la Tortura, y la Comisión de Género, Niñez, Familia y Juventud de la Cámara de Representantes.
