En la Cámara de Representantes de la provincia, el jueves se aprobó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer, en el ámbito donde desarrolle sus relaciones interpersonales, cuya autoría es de los legisladores del oficialismo, Lidia Batista, y Carlos Rovira.
Se trata de una norma de derechos humanos que fue sancionada en el Congreso de la Nación en marzo de 2009, y promulgada en abril del mismo año. Seis años después, la provincia adhiere, y su autora señaló que su objetivo proteger y enseñar a los varones que «las mujeres somos las que traemos vida y no debemos ni siquiera ser merecedoras de que una palabra que nos lastime”, señaló.
El Proyecto Agrario y Social (PAyS), como el resto de los partidos, acompañó con su voto la aprobación de la ley. La diputada Myriam Duarte al hacer uso de la palabra, en nombre de su bloque -además de celebrar la iniciativa, destacando que esta problemática es una cuestión de Estado, necesaria e importante para sentar una postura con respecto con lo que plantea la ley- planteó ante sus pares, que justamente «hoy solicité tratamiento sobre tablas de dos proyectos, y uno de ellos tiene que ver con el beneplácito por el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Y en ese sentido quiero destacar que la cuestión del embarazo no planificado en adolescentes, muchas veces puede estar relacionado con desinformación y falta de recursos; pero en la mayoría de los casos tiene que ver con agresión sexual,y con decisiones no consensuadas por parte de las niñas», enfatizó Duarte.
La falta de acceso al aborto no punible también es violencia
La legisladora y candidata a Intendenta de Oberá, recordó que el año pasado presentó un proyecto en el cual se solicitaba que se garantice a las niñas víctimas de violación, el acceso al aborto no punible que «también es parte de lo mismo; es parte de no seguir sometiendo a las niñas, primero a la violencia que deviene de un supuesto poder supremo otorgado quién sabe por quién a determinados hombres para decidir sobre las vidas de las mujeres e incluso de niñas. Y por otro lado lo que implica la violencia institucional de imponer a una criatura la necesidad de avanzar con un embarazo a veces a los 11, 12 ó 13 años, cuando las relaciones sexuales no fueron consentidas», expresó Myriam Duarte.
Manifestó que desde el PAyS, «apoyamos y celebramos la sanción de esta ley; pero también pedimos que en ese sentido, se arbitren los medios para que en consonancia con ellos, haya una coherencia con el resto de la tarea legislativa en este recinto», subrayó la diputada.
