El convencional constituyente por el FPV de Oberá, Rafael Pereyra Pigerl, elevó un proyecto para incluir en la Carta Orgánica Municipal, una serie de cláusulas precisas que habiliten el sistema de audiencias públicas previas a la definición de concesiones, de aumento en el valor de servicios públicos y de tasas, como “manera de asegurar el control real que el ciudadano tiene que tener sobre estas definiciones que afectan directamente a su economía y a la calidad de vida”.
El proyecto propone como obligatorias las audiencias públicas previas al tratamiento legislativo de proyectos que establezcan normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos o concesiones de servicios del Municipio; que afecten el ambiente, el paisaje urbano, el patrimonio económico, histórico y cultural de la ciudad y que definan el precio de las tarifas de los servicios públicos.
“En Oberá los vecinos somos convidados de piedra en la definición de gravamenes que se vuelven una pesada carga, como en la readecuación de tasas municipales; o el caso del aumento del boleto de colectivos, que siempre se aprueba a libro cerrado y a solo pedido de las empresas, pero los vecinos desconocemos cuál es la estructura de costos de un servicio así, que además tiene sus deficiencias”, expresó el convencional, quien confía en la incorporación de estos aportes “porque serán la herramienta más valiosa del vecino para que controle, cuestione y en todo caso, sepa a quién reclamar y porqué”.
Las propuestas de Pereyra Pigerl integran la sección de los llamados “derechos políticos” que componen el título tercero de la Carta Orgánica que se está redactando, y además de las audiencias públicas, incorporará el Derecho de Iniciativa y de Referéndum. Con respecto a este último, el convencional del FPV propuso que se contemple la posibilidad de que también el concejo deliberante convoque a referéndum un proyecto de ordenanza, y no solo el Departamento Ejecutivo. Además establece los casos en los que el referéndum será obligatorio, en los supuestos de desmembramiento o fusión territorial, reforma o enmienda de la carta orgánica o destitución del intendente. Finalmente el proyecto articula los detalles del proceso de revocatoria de mandato, en caso de que por causa grave el electorado proponga la destitución de las autoridades municipales.
