Las modificaciones promueven la pluralidad de voces contemplando a medios comunitarios y sin fines de lucro, así como la “federalización” del reparto, apuntando a una mejor distribución en todo el país. Además, el gobierno podrá quitar o negar la pauta a medios sancionados por violar derechos de sus audiencias
Una nueva resolución del gobierno argentino modificó los criterios de distribución de publicidad oficial para los medios de comunicación establecidos en la administración del expresidente Mauricio Macri. Si bien se seguirá tomando en cuenta la pertinencia del mensaje, la zona geográfica y el alcance del medio, también se promoverá una distribución más equitativa entre provincias -tratando de disminuir la concentración en Buenos Aires- y a su vez, se buscará fomentar la pluralidad de voces para que medios de comunicación sin fines de lucro o comunitarios accedan a la pauta.
Por otro lado, se establece que el gobierno podrá negar -e incluso retirar- la publicidad oficial a los medios que sean sancionados por no proteger a sus audiencias –en sintonía con los artículos 70 y 71 de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)– al difundir contenidos discriminatorios según la raza, el sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, o también por contenidos que pongan en peligro la integridad de la sociedad en términos de salud pública.
La resolución también hace énfasis en que es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) quien regula el cumplimiento de la normativa que protege a las audiencias y el encargado de notificar a la Secretaría de Comunicación Pública sobre las sanciones. El organismo del gobierno evaluará el retiro de la pauta.
El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, aseguró que la resolución no le otorga más poder al regulador, sino que les concede “más responsabilidad”. “El poder de acción nosotros ya lo teníamos por los artículos 70 y 71. Ahora lo que tenemos es un grado más de responsabilidad a la hora de dar aviso a la Secretaría de Medios o accionar”, aseguró. López también sostuvo que los nuevos criterios favorecen a que el Estado garantice la diversidad de voces y se destinen más recursos a los medios comunitarios, alternativos y autogestionados.
Desde la Defensoría del Público valoraron positivamente la resolución afirmando que responde a un “reiterado reclamo” de medios comunitarios y sin fines de lucro, los cuales actualmente se encuentran excluidos de la publicidad oficial. “Seguiremos con atención la efectiva implementación de esta nueva regulación”, agregaron.
El investigador argentino Agustín Espada advirtió que la resolución no establece “un tope a la cantidad de dinero que puede recibir un medio de comunicación o un grupo de medios de comunicación”, ni tampoco destina porcentajes de la publicidad oficial hacia medios comunitarios. No obstante, calificó a la decisión como “positiva”, más allá de que tiene puntos de difícil aplicación.
Espada destacó que la resolución elimina el requisito que obligaba a los medios a “presentar licencia radiofónica para inscribirse como proveedor del Estado en publicidad”, lo que puede favorecer a que más medios puedan acceder a este recurso.
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