Por Miguel Jorquera ***
En diálogo con Página/12, el jurista señaló que «la Corte no tiene competencia para decidir lo que se haga en otro poder» y aseguró que se «está debilitando el Estado de derecho» en Argentina.
Tras el fallo de la Corte Suprema sobre los representantes en el Consejo de la Magistratura, Raúl Eugenio Zaffaroni sentenció que el máximo tribunal «no tiene competencia» para decidir en torno a las designaciones del Senado. En diálogo con Página/12 el exjuez de la Corte advirtió sobre el manejo político-partidario de los supremos, el intento que tienen por «hegemonizar poder» y aseguró que «están debilitando el Estado de derecho».
–Los senadores del Frente de Todos calificaron esta decisión de la Corte Suprema como un fallo político. ¿Usted piensa lo mismo?
–Considero que la Corte no tiene competencia para decidir lo que se haga en otro poder. De cualquier manera, sí es cierto que no hay actos de Gobierno que sean absolutamente controlables por la Justicia, como si el Senado hubiera nombrado a alguien que no es senador. Pero cómo se organizan los bloques en el Senado, eso es algo en que la Corte no es competente como para desconocerlo. Ha excedido el nivel de competencia de control de constitucionalidad.
–¿A que le atribuye entonces el sentido del fallo, si no es compatible con la Constitución?
–Lo que estamos viendo es que la Corte Suprema en el último tiempo, primero con una decisión absolutamente extraña: después de 15 años, más o menos, decide que la composición del Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Lo dejó funcionar un decenio y medio y de pronto no solo decide que es inconstitucional sino que además le hace recuperar vigencia a disposiciones legales derogadas por el Congreso. Es decir, está legislando. Esas disposiciones legales casualmente le dan la presidencia del Consejo a la Corte. Dio un manotazo para apoderarse del Consejo y ahora da otro manotazo para determinar la mayoría en la composición del Consejo.
–¿Cómo se resuelven esos manotazos?
–Primero, aclaremos lo siguiente. Hay un defecto en la Constitución del ’94 que no precisa cómo se integra el Consejo equilibradamente. Lo de equilibradamente siempre es opinable. En consecuencia, la Corte puede tener una opinión, el poder político otra. Pero se valió de esa indeterminación, dejando funcionar el Consejo por 15 años y después no solo lo declaró inconstitucional sino que legisló devolviéndole vigencia a normas que ya han sido derogadas. Y como si esto fuera poco ahora se mete en la forma en que se organizan los bloques en el Senado. Está excediendo totalmente su competencia.
–Los cuestionamientos del FdT alcanzan al presidente de la Corte porque toma una decisión que lo involucran directamente por ser el presidente del Consejo.
–Eso se agrega a lo anterior. Lo grave del caso es que se ha metido en la configuración de otro poder del Estado, nada menos que con el Senado federal.
–Los senadores oficialistas también cuestionaron al fallo por los términos en que se refiere a las decisiones políticas, que no se corresponden con los términos legales.
–Hay una terminología que no es usual en la Corte Suprema, por lo menos no es la tradicional. Eso es cierto.
–¿A qué se lo atribuye? ¿A un “fallo político” como lo calificaron desde el FdT?
–Políticos son todos los fallos porque son actos de gobierno. Todo acto de gobierno es un acto político emergente de un poder del Estado. Una cosa es que el acto sea un acto político y otra cosa es que sea partidista. El acto es partidista.
–¿Cómo considera que se debería solucionar el tema, ante una Corte que toma resoluciones partidistas?
–Lo ignoro. Realmente esto plantea una cuestión que no está expresamente resuelta en nuestra Constitución que es el conflicto de poderes, entre el Senado y la Corte. Nuestra Constitución Nacional tiene un grave defecto: no dice quién resuelve los conflictos de poderes. Pero esta es una situación extrema. No conozco antecedentes de conflictos planteados de esta manera.
–¿Cuando la Corte revierte decisiones legislativas que son válidas se pone en riesgo la democracia?
–Creo fundamentalmente que todo conflicto, aunque la Constitución no diga quién lo resuelve, tiene que resolverlo alguien. De lo contrario es la guerra civil.
–¿Quien entonces debería resolverlo?
–A mi juicio quien tiene que resolverlo es la Asamblea Legislativa, que es el poder más cercano al pueblo.
–Esta sería una alternativa frente a una discusión que no se saldaría al menos en lo inmediato…
–No sé cuál es la alternativa real, la solución política. No estoy en eso. Pero jurídicamente si se plantea un conflicto de poderes, entiendo que el poder que tiene que resolver y que es el más cercano al pueblo en nuestro sistema que es la Asamblea Legislativa que tendrían que convocar los dos presidentes de Cámara.
–¿Cómo interpreta que tras dos fallos judiciales que consideran que las formas de organización del Poder Legislativo no son judiciables, la Corte resuelva en el sentido contrario?
–Eso está indicando una decisión totalmente arbitraria. Es decir, se separa de sus propios antecedentes sin dar razones. Cualquier juez puede cambiar de opinión pero debe fundarlo en tal caso, decir tuve tal criterio antes y ahora opino de esta manera por tal o cual argumento me convencen de los contrario. Entiendo que el texto no dice eso.
–Los senadores oficialistas argumentaron que con estos fallos la Corte está llevando al sistema a una democracia de baja intensidad. ¿Usted coincide?
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