La Ley Provincial de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate (Ley XII- Nº 28- y sus modificatorias Nº Ley XII Nº 29, Ley XII Nº 32, Ley XII Nº 34, Ley XII Nº 35, Ley XII Nº 37, Ley XII Nº 38 y Ley XII Nº 39), fue sancionada y promulgada por primera vez en el año 2014 y desde entonces se prorroga todos los años, siendo el Instituto Provincial de Desarrollo habitacional (IPRODHA) el organismo ejecutor.
En ese mismo año el Instituto crea el padrón de personas amparadas por la legislación, en el que cada año se van incorporando los nuevos inscriptos. Actualmente el padrón cuenta con 498 familias, de las cuales 20 se incorporaron en la última prórroga (2021/2022).
El instrumento jurídico se crea en un contexto en el que la intrusión de familias en espacios públicos y/o privados se transformó en un conflicto social y por ende en un problema de Estado que requiere soluciones concretas.
En este sentido, el crecimiento que tiene la ciudad de Posadas y algunas de las localidades más grandes del interior de Misiones, pone de manifiesto y exhibe la realidad de los barrios populares, ya que, así sea por la precariedad y vulnerabilidad en la que viven las familias asentadas allí, como por la obstrucción de la vía pública que se genera por dicha ocupación, se evidencian graves dificultades en el ordenamiento de la trama urbana de la urbe.
Para paliar esa problemática, desde el 2012 el Instituto trabaja con el Programa de Relocalización, contando a la fecha con 1.497 viviendas entregadas a familias que provenían de distintos asentamientos urbanos.
A su vez, respecto a la ocupación de propiedades privadas y las problemáticas que devienen de esa situación, el IPRODHA dispuso la creación de la Resolución Reglamentaria Nº 210/19 a través de la cual se promueven estrategias de mediación y colaboración ante conflictos judiciales iniciados en el marco de las ocupaciones irregulares que tienen lugar en todo el territorio provincial.
“La instrumentación de la mencionada herramienta tiene por objetivo facilitar el proceso de resolución del conflicto sin tener que llegar a una instancia de desalojo, promoviendo el consenso entre la parte demandante y la parte demandada, teniendo como objetivo final la compra de la propiedad al titular de dominio por parte del ocupante irregular” explicó Lucia Bauman desde el Instituto.
En la actualidad, se registran aproximadamente 3.000 familias que se encuentran en proceso de regularización de la ocupación en distintos puntos de la provincia, -así también- existen alrededor de 800 familias que ya cuentan con un instrumento legal de posesión sobre el terreno que ocupan.
Asimismo, ya se entregaron 15 viviendas, con sus respectivos lotes con servicios para familias que se encontraban empadronadas. En este contexto, la primera semana de corriente mes se sortearon cinco viviendas destinadas exclusivamente a esa demanda.
“Ante todo lo expuesto, queda en manifiesto el resultado positivo de todas las acciones y/o políticas institucionales orientadas a dar una solución de fondo a la problemática habitacional de miles de familias del territorio de la provincia de Misiones a través de la mediación y diálogo acompañando la situación de vulnerabilidad social e inseguridad jurídica respecto a lo dominial y evitando así que se llegue a conflictos judiciales” concluyó la responsable de Emergencia Social Lucia Bauman.
