El rechazo terminante y sin fisuras de la oposición mediática al proyecto de ampliación de la Corte Suprema se inscribe en el diario combate al kirchnerismo y en particular a la vicepresidenta, pero conlleva como objetivo y mensaje de fondo el desconocimiento de la potestad de las y los legisladores, que surgen del voto popular, de introducir cambios institucionales para los cuales están facultados expresamente.
Sesión especial del 22 de septiembre de 2022 en el Senado de la Nación (Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado).
«Pese al rechazo opositor, el cristinismo insiste» con la reforma, tituló Clarín el jueves, en una asombrosa reinterpretación de las lógicas del Congreso para tomar iniciativas, debatirlas y que se resuelva según la mayoría. Es una toma de posición que está muy por encima del desacuerdo con la reforma de la Corte, y que la oposición mediática diseñó en términos que luego fueron repetidos por Juntos por el Cambio, con definiciones como «embestida» y «ataque» a la cacareada «independencia de la justicia”.
Lo que confirma esta postura es una reformulación del poder político y las instituciones que lo expresan. Es el mecanismo que permite liquidar una ley aprobada por el Congreso, como la que dio la nueva estructura al Consejo de la Magistratura, y que los supremos abatieron con un tiempismo vergonzoso, para apropiarse además de la presidencia de esa institución.
También la confirma el encubrimiento editorial a cada uno de los estropicios de la casta judicial y la exaltación fanatizada de fiscales y jueces como los que ya tienen preparada la condena a Cristina Kirchner en la causa por la obra pública, «como máximo en dos meses», según reiteró La Nación.
En tanto, la cobertura del avance desmañado de la investigación por el intento de magnicidio del primero de septiembre tiene como rasgo central en Clarín, La Nación e Infobae la negación de conexiones e inspiraciones políticas del grupo graciosamente llamado «los copitos».
Después de Cristina Kirchner, Axel Kicillof es el blanco predilecto de la oposición mediática.
La fuerza de los hechos los obligó a incluir, a regañadientes y en espacios marginales y esporádicos, la mención de los abogados al servicio del PRO en la defensa de los acusados. Con alguna excepción, como la de Carlos Pagni, quien en su ocasional postura de disidencia con la línea editorial de La Nación se preguntó con talante chistoso cuántos copitos hay que vender para pagarles a esos letrados.
Unanimidad editorial también para pronosticar que la reforma de la Corte Suprema no pasará en Diputados. Pero, por las dudas, ya ocupó buen espacio la lista de nombres y rostros de legisladores que no son de los bloques principales y cuya postura puede facilitar o impedir una sesión.
A pesar del manifiesto fracaso de Sergio Massa en la lucha contra la inflación, el ministro sigue gozando de cierta protección informativa y de opinión. Está aplicando un ajuste, escribió La Nación, el martes. Y si bien es «insuficiente», hay que ver hasta cuándo Cristina Kirchner sigue sin pronunciarse sobre sus políticas. Ese diario, otra vez con Pagni, paladeó un «quiebre a fin de año», dentro del Frente de Todos.
También Clarín lanzó especulaciones en este tema. El viernes, Bonelli escribió que la decisión del Banco Central de impedir la compra de dólares a los sojeros que Massa benefició con una paridad privilegiada fue una iniciativa del mismísimo Alberto Fernández. El presidente, tipeó, organizó el «complot» a su propio ministro.
Después de Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof es desde hace tiempo el blanco predilecto de la oposición mediática. Con vistas a 2023, comienzan a repetirse títulos en su contra, como los que lo tildan de «principal beneficiario» de una eventual suspensión de las PASO. Ya el lunes, Clarín lo describe en la tapa como agraciado receptor de fondos coparticipables. Estos despliegues dialogan con publicaciones anteriores, según las cuales hay encuestas que le atribuyen la posibilidad de reelección.
