El reciente espectáculo montado en torno al juicio por la causa Vialidad Nacional contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto de manifiesto la comunidad de intereses oscuros que articulan a parte de la Justicia Federal con corporaciones empresariales que dominan el mercado de la comunicación.
Esa asociación mediático-judicial reconoce un extenso camino en el país. Así se manifestó con el festival de medidas cautelares que blindaron durante cuatro años al Grupo Clarín para evitar el cumplimiento de la Ley 26.522, primera ley de medios de la democracia para diversificar el sector y fortalecer el pluralismo informativo. Pese al reconocimiento de constitucionalidad de la norma por la propia Corte Suprema (2013), nuevas cautelares protegieron los negocios de esa corporación y posibilitaron que el macrismo en el poder tomara por asalto y mediante decreto los organismos regulatorios del audiovisual y las TIC.
Más tarde, esa asociación volvió a ponerse de manifiesto para impedir, en pleno aislamiento mundial por la pandemia de Covid-19, que el acceso a internet y las comunicaciones fueran considerados como un derecho humano y servicios públicos en competencia, tal como lo dispuso el decreto 690/2020 dictado por el presidente Alberto Fernández. Ese atropello a los derechos humanos fue cometido por sendas cautelares, cuya revisión como recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema está prolijamente cajoneada.
Se entiende así la connivencia de importantes sectores de la justicia federal con actores políticos y empresariales, disciplinados por un poder mediático sin control, con el fin de perseguir a las expresiones políticas de las mayorías populares y conservar los privilegios sectoriales. Incluso legitimando el odio y la represión contra legítimas manifestaciones ciudadanas.
En ese contexto, la Coalición por una Comunicación Democrática se suma al amplio arco político que advierte sobre los usos antidemocráticos de causas judiciales, manifiesta su solidaridad con la vicepresidenta de la Nación y reitera que no son los tribunales ni los medios el ámbito donde deban dictarse las políticas de comunicación ni cualquier otra política pública, cuyo ejercicio solo cabe a las autoridades legítimas constituidas mediante el voto popular.
Coalición por una Comunicación Democrática, 29 de agosto de 2022
