El ataque fracasó gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad, sin embargo, dejó un saldo de 7 heridos, entre los militares que asistieron al 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. El atentado, denominado “Operación Fénix”, fue reivindicado por el grupo opositor Movimiento Nacional Soldados de Franelas, en una cuenta de twitter creada en 2014.Sin embargo, a pesar de que la dinámica del ataque fue documentada por imágenes y también por evidencias audio-video difundidas por la propia oposición golpista, que lo había planeado desde Miami, la propaganda internacional inmediatamente comenzó a hablar de un “supuesto” atentado, asumiendo la defensa del gobierno colombiano y sus padrinos norteamericanos, contra quienes la investigación bolivariana había señalado de inmediato con el dedo.
Soberbia y desprestigio: una táctica bien asentada en todos los años de asedio al proceso bolivariano que, más tarde, alcanzará formas paroxísticas con el cerco multiforme instaurado a partir de la autoproclamación de Guaidó como «presidente interino”.
Por ese magnicidio en grado de frustración han sido ahora condenadas a penas de entre cinco y treinta años (en Venezuela no hay cadena perpetua) 16 personas y un dirigente de Primero Justicia, Juan Requesens (8 años por concierto para delinquir). Requesens, al frente de las violencias de 2017, conocidas como «guarimbas», fue diputado en el parlamento de 2015, en el que la oposición obtuvo mayoría y desde el cual se organizaron todos los ataques al proceso bolivariano. Por esas violencias estuvo detenido hasta 2020, cuando obtuvo casa por cárcel tras un nuevo gesto de apertura decidido por el gobierno bolivariano para reincorporar a los golpistas a la contienda democrática.
Analizar la dinámica y trascendencia de aquel ataque, cuatro años después, permite resaltar el patrón, la progresión y las características del cerco a la Venezuela bolivariana, pensada como laboratorio de la guerra multiforme desatada por el imperialismo, pero también fulcro de resiliencia, cuya enseñanzas trascienden las fronteras del país. Una batalla concreta y simbólica, cuyos momentos, cuyos temas y actores políticos pueden esbozarse a partir de las figuras condenadas por aquella tentativa de masacre, como el propio Requesens.
Diez días después del ataque, sobre la base de investigaciones preliminares, el Fiscal general, Tareck William Saab, acusó a 34 personas, incluidos dos militares, como presuntos autores materiales y principales. A Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicaciones, le tocará ilustrar al país las pruebas de esa trama, que mostrará como Washington “tercerizaba” la guerra para desestabilizar al país bolivariano. Internamente, los peones activados han tenido uno de los principales apoyos en el partido Primero Justicia, fundado por Julio Borges. Requesens confesará que había recibido órdenes de él, el verdadero manipulador político de la operación.
El Gobierno pedirá su extradición a Colombia, uno de los países implicados en el atentado junto a Chile y México, sobre la base de otras confesiones obtenidas, que pusieron en entredicho el papel de estos diplomáticos radicados en Caracas. Fundamental, el testimonio de uno de los detenidos, Henryberth Rivas Vivas, alias Morfeo, quien reveló el papel de las mencionadas embajadas en dar apoyo logístico a los mercenarios, así como lo hará Colombia (y España) con otro golpista de Voluntad Popular, Leopoldo López.
El entonces canciller mexicano, Luis Videgaray, estuvo en primera fila en todas las iniciativas desestabilizadoras, emprendidas contra Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), punta de lanza del asedio internacional contra el gobierno de Maduro, junto al infame Grupo de Lima.
Los medios a sueldo de Washington utilizaron la respuesta “resentida” de los diplomáticos en cuestión como prueba de la «debilidad» de Maduro a nivel internacional: es decir, se estaba gestando el recibimiento a la autoproclamación de Guaidó, reconocida un minuto después por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump. Una farsa puesta en marcha en 2019, en un día simbólico, el 23 de enero, cuando el pueblo expulsó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958.
Como ya había ocurrido durante las “guarimbas”, la burguesía trató de imponer su “relato”, volcando el verdadero sentido del conflicto de clases que se desarrolla en Venezuela: presentando, es decir, la revuelta de los ricos como una rebelión “democrática” contra la “dictadura”, y las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales como un indicio del fracaso del socialismo.
La batalla en el campo de lo simbólico es parte de la estrategia del «caos controlado», que pretende sembrar el desconcierto en las fuerzas populares, dentro y fuera del país: especialmente entre aquellos sectores de izquierda que, en los países capitalistas, son inducidos por los aparatos de propaganda para seguir falsas banderas.
Tras el ataque con drones, comprados en internet a un precio de 6.000 dólares y cargados con explosivos plásticos, también tomó forma la campaña contra «la represión del régimen», que alimentará, al son de los millones aportados por los financistas de Guaidó, la del «éxodo» de migrantes venezolanos. Nuevamente, golpistas como el exalcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, junto al habitual Borges, omnipresente en los medios europeos, sirvieron para inflar el tema, desacreditando cada declaración del gobierno bolivariano.
Lo que debió saltar a los ojos e indignar a los muchos «demócratas sinceros» que aplaudían a un tipo balbuceante, no elegido por el pueblo, como presidente «interino» de Venezuela, fueron las entrevistas de estos turbios personajes, en las que llamaban abiertamente a el asesinato del legítimo presidente Maduro. Para facilitarles el megáfono fueron esos mismos medios, dispuestos a pedir el máximo de cárcel para cualquiera que insinúe protestar en Europa contra las injusticias del sistema.
El mismo mecanismo practicado por Carla Angola, periodista opositora residente en Florida, condenada por apología del magnicidio en grado de frustración. Recientemente, Angola comentó: “Cuando Estados Unidos mata a un líder de una organización criminal, el venezolano en las redes sociales se pregunta: ¿por qué no le hacen lo mismo a Maduro?”.
Tras el ataque con drones, Trump se embarcó en un intento de convertir a Maduro en el nuevo Noriega, desacreditando su figura, al punto de poner precio a su cabeza y a la de otros altos dirigentes bolivarianos como «narcotraficantes»: para llegar, como en Panamá en 1989, a la invasión del país en defensa de la «seguridad nacional» de los Estados Unidos, habiendo sido Venezuela ya declarada «una amenaza inusual y extraordinaria» por decreto del demócrata Obama. Varios miembros de la administración norteamericana, confesaron cuanto había estado Trump a un paso de ejecutar sus planes.
Hoy, vemos esos mecanismos concretos y simbólicos de «sanciones», censura y autocensura, en el escenario global, en presencia del conflicto en Ucrania y contra Rusia. Así como se hizo contra quienes se atrevieron a defender el derecho a la autodeterminación de la Venezuela Bolivariana, se elaboran “listas de proscritos” para quienes no se sumaron al “pacifismo de guerra” proclamado en apoyo a la OTAN y contra Rusia.
Pero, luego de cuatro años y con la dignidad de la Venezuela bolivariana ondeando como bandera, emergen también las contramedidas tomadas por la dirección del proceso bolivariano, comenzando por el presidente Maduro. Que el autoproclamada y reconocida por muchas «democracias» avanzadas era una banda de estafadores es ahora admitido tanto por Estados Unidos como por la propia oposición. Tanto es así que el golpista Borges ha renunciado a su papel de representante (virtual) del autoproclamado en el exterior.
La máscara cayó gracias a la inteligente acción del gobierno bolivariano, que supo reconducir a la contienda democrática a las franjas más moderadas de la oposición, y se movió sabiamente en la dinámica internacional, situándose para un mundo multicéntrico y multipolar.
