ESTADO INDEFENSO, PERO NADIE SE RINDE

 
 
 

Por Mempo Giardinelli   ***

Ante la hojarasca de noticias, mentiras, especulaciones e interpretaciones que infectan desde hace días el entendimiento de un pueblo harto, agobiado o las dos cosas, esta columna prefiere otro camino.

Desde ya que escribirle cartas al Presidente perdió sentido. Excedido de porteñismo, no entendió a la gran masa del pueblo y le faltó coraje para ser inflexible frente a los grupos concentrados. Como sea, no se atrevió a firmar ninguno de los DNUs que hubiesen restablecido derechos y cambiado rumbos. Y así fue como este país perdió una extraordinaria oportunidad de abandonar el camino ciego que siempre significa entregarle el país a los buitres del planeta. Dicho sea como síntesis dolorosa de un período de esperanzas rotas y arduas soberanías que han de remover en sus tumbas a los Padres de la Patria.

Hoy ya no tiene sentido escribirle al Presidente ni una esquelita.
Parece obvio que liquidó toda esperanza aceptando lo inaceptable. Y no se atrevió, o no quiso, firmar los cuatro DNU fundamentales que habrían enaltecido su mandato y evitado el descalabro final que se avizora y que aún no tiene final cerrado.

Eran por lo menos cuatro decisiones a tomar y hubiesen señalado un camino de recuperación, pero no estaban –ni están– en la carpeta de nadie y menos en la de quien ya parece autopercibirse como obediente mandatario de una república que no lo eligió. Y que puede ser candidato cantado para los comicios de 2023, última esperanza para detener la entrega final de esta nación y de su pueblo engañado y estafado, y sometido y desencantado, que el año próximo serán casi seguras presas de los buitres de la economía mundial.

Y es claro que había por lo menos tres medidas que tomar, y tan sencillas que duele y hasta enfurece que no se hayan tomado cuando estaban a la mano y sólo hacía falta sentir vergüenza y patriotismo, esas carencias epocales.

1. La primera y fundamental de esas cuatro medidas que no se tomaron y por ende son parte del penoso presente de la Patria, es el cambio constitucional urgente que esta columna entiende que sería perfectamente posible con solo restaurar la Constitución Nacional de 1949, que fue la última reforma legal de esta república.

Su derogación se hizo de la manera más viciada de ilegalidad: una sedición militar anuló esa Constitución mediante un así autocalificado «bando revolucionario» del 27 de abril de 1956, producto del golpe de estado más sangriento que padeció este país.

De indudable espíritu federal, ésa fue nuestra última carta magna legítima, y tanto así que fue cancelada nueva e ilegítimamente en 1957, en plena autodenominada «Revolución Libertadora», cuando más de medio país estaba proscrito y en una convención que sólo se ocupó de modificar el artículo 14 de la Constitución de 1853, negándose la existencia misma de la CN de 1949.

Después vino la de 1994, producto del acuerdo Menem-Alfonsín, la que dejó pasar algunas disposiciones que hoy estamos pagando, como el artículo 124, que avaló el inicio de la actual entrega de soberanía al autorizar la penetración extranjera para explotar nuestros bienes naturales, sobre todo del subsuelo. Esas riquezas que hoy «concesionan» o entregan gobiernos cipayos como los de Jujuy, Río Negro o Chubut.

Ese Artículo 124 dispone en sus últimas 15 palabras que: «Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». A partir de lo cual cualquier gobernador puede constituirse –algunos lo vienen haciendo– en verdaderos jeques entregadores de soberanía nacional. Problema que no es novedoso, es verdad: ya en 1927 lo enfrentó el presidente Hipólito Yrigoyen.

2. La segunda medida de la infamia puede decirse que es la llamada «ley de entidades financieras», que no fue «ley» sino un mero decreto de la dictadura y que sigue vigente.

Fue sancionado en febrero de 1977, cuando la Argentina estaba en manos del dictador Videla y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Comenzó a ser aplicada ese mismo año como eje de una reforma financiera que incluyó la descentralización de los depósitos y la liberalización de las tasas de interés. Allí se dispuso que «Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en cualquiera de las formas establecidas … tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales«.

También se ordenó considerar «Inversión de capital extranjero» a «todo aporte de capital perteneciente a inversores extranjeros aplicados a actividades de índole económica realizadas en el país», así como «la adquisición de participaciones en el capital de una empresa local existente, por parte de inversores extranjeros». Más adelante dispuso tipos de monedas extranjeras, bienes, capitalizaciones, y el artículo 5 habilitó que «los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión». Y a partir de ahí siguió una parafernalia de decretos y resoluciones que fueron delineando los modos de la entrega de fondos y patrimonios argentinos al extranjero. La devastadora dominación financiera no se ha detenido en 45 años e incluyó como cereza del postre que el gobierno macrista en 2017 profundizara los efectos mediante una mayor desregulación bancaria.

Ese decreto sigue produciendo efectos devastadores: se liberalizó la tasa de interés y se favoreció la apertura de entidades financieras a fin de que todas las tasas se elevaran, lo que achicó el poder industrial y el desarrollo que la Argentina tenía. Los bancos crecieron de modo imparable y en favor de las grandes empresas, casi todas extranjeras y en actividades especulativas. Esta ley miserable y antisocial sigue viva. Ningún gobierno se atrevió a un simple DNU para cambiar el rumbo.

3. La tercera ley infame es la de inversiones extranjeras. En función de las pautas impuestas por la dupla Videla-Martínez de Hoz, la dictadura sancionó y promulgó en agosto de ese 1976 la ley 21382, otra maldita «inspiración» del cerebro político-económico de la dictadura y que consistió en imponer un régimen para las inversiones extranjeras a fin de que los inversionistas foráneos tuvieran «los mismos derechos y obligaciones que los argentinos».

4. Y la cuarta es la Ley de Medios, que sí era constitucional y sí fue derogada por decreto, pero de Macri. Declaraba a los servicios de comunicación audiovisual como de «interés público» y promovía el desarrollo de esta actividad salvaguardando el derecho humano a la información y la libertad de expresión. Todo fue anulado por Macri al mes de asumir, en enero de 2016, y desde entonces impera la telebasura, encima descontrolada.

En estos días en que se impuso el golpe blando que desplaza del poder al Presidente Fernández, ahora figura sólo simbólica, parece claro que amainarán por un tiempito la corrida cambiaria, las exigencias del FMI estadounidense y hasta la Bolsa de Comercio de Rosario y la Sociedad Rural, que en una de esas acceden a pagar alguna pequeña retención. Han conseguido la bendición del capo del BID y todo lo ha narrado Horacio Rovelli con su solvencia habitual.

Quienes luchan, como este columnista, por la completa Soberanía Nacional sobre el Río Paraná, el Río de la Plata y el Canal Magdalena deben saber que cambio más, cambio menos, ninguna exigencia ni bandera han sido arriadas.

El pueblo tiene derecho a saber que con solamente la derogación de cuatro decretos habría cambiado y todavía puede cambiar este país. Y de inmediato, a partir de la firma de cuatro decretos de esencia revolucionaria. Así se puede torcer el rumbo hoy doloroso, y alarmante, en que están la República y más de 45 millones de compatriotas. Sólo un nuevo presidente o presidenta con absoluto patriotismo serían capaces de recuperar la Patria. A tenerlo en cuenta el año que viene.

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