POSADAS. En la sesión del Concejo Deliberante de ayer el defensor del pueblo, Alberto Penayo, presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Derechos Humanos y a la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, a fin de que informen los planes de acción tendientes a la protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indigenas.
«No podemos, como funcionarios del Estado, dejar de ver y preguntarnos por qué muchas familias de nuestros pueblos originarios migran a la ciudad a mendigar y vender algunos productos para subsistir.
Basta con circular por las calles de Posadas para ver mujeres, niñas y niños en absoluto estado de vulnerabilidad, expuestos a diario al maltrato, la discriminación, y como consecuencia, pérdida progresiva de sus costumbres tradicionales.
Niñas y niños expuestos a accidentes trágicos, como fue el caso del niño Enzo Nahuel Paredes de 9 años, de la comunidad Mbya Guarani de Puerto Leoni, quien fue alcanzado por un colectivo urbano mientras cruzaba la calle.
Por ese hecho y tantos otros que involucran a niñas y niños indígenas, me pregunto cuáles son las políticas que se están llevando adelante desde el Estado, de abordaje a las verdaderas necesidades de estas comunidades, para que no se vean en la necesidad de salir a mendigar», expresó el defensor Penayo.
Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño aborda explícitamente la situación de la niñez indígena, la realidad es que muchos de esos derechos no se cumplen.
La esperanza de vida de las niñas, niños y los jóvenes indigenas a menudo es 20 años menor que la de los demás, siguen sufriendo enfermedades prevenibles y falta de atención médica adecuada, las niñas y niños a menudo viven en casas que no tienen agua corriente ni saneamiento, no tienen acceso a la educación básica, frecuentemente son acosados por la policía y las autoridades y a menudo se les hace sentir avergonzados de su identidad.
«Estas niñas y niños, sufren la vulneración de sus Derechos, por eso se debe trabajar en políticas para conocer las necesidades reales de las familias indígenas, considerando un abordaje más integral, donde el Estado asegure el cumplimiento de los Derechos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas», finalizó el derecho en su presentación.
