COLOMBIA: OXÍGENO A LA VIDA Y A LA PAZ

 

Por Katalina Vásquez Guzmán   ***

Después de mil líderes sociales y casi cuatrocientos ex combatientes asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, el pueblo llega al poder en Colombia en medio de una profunda crisis humanitaria y ausencia de garantías para la vida de los más vulnerables. La situación seguridad y desigualdad se agravó en la pandemia y provocó una enorme movilización social que expresó su descontento, de acuerdo al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, en las urnas llevando a la presidencia la opción que propuso un cambio por la vida. El nuevo gobierno de Colombia, por primera vez a la cabeza de un exguerrillero y una mujer afro, víctima y defensora de Derechos Humanos y el medio ambiente, recibe un país convulsionado a causa del hambre, el desempleo y la confrontación armada.

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EFE

Por eso uno de los principales retos del próximo presidente y su equipo de gobierno será tomar medidas para frenar el desangre que no sólo afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos más visibles, o los firmantes del Acuerdo, sino también a su familiares, a las mujeres y las juventudes rurales y urbanas. En los últimos cuatro años, con el gobierno de derecha de Iván Duque que llegó a Casa de Nariño con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz, Colombia retrocedió en materia humanitaria y en general en garantía de derechos sociales y económicos para su pueblo.  Petro y Márquez reciben pues una Colombia con más desempleo, más desplazamiento forzado, más niños y niñas reclutados por grupos armados, mayores índices de hambre y necesidades básicas insatisfechas, más pueblos confinados a razón de la disputa armada en la ruralidad, aumento de combates entre ilegales y operativos de Fuerza Pública en las zonas apartadas del país, menos acceso al empleo en las urbes, más hambre y, en respuesta a ello, mayor indignación entre los colombianos del campo y la ciudad que exigen garantía de derechos y no solo privilegios para la clase dirigente y los privilegiados.

El Paro Nacional en el que principalmente jóvenes se movilizaron como nunca antes en la historia de Colombia, y con especial protagonismo de ciudades empobrecidas con población afro y popular como Cali, exigió la implementación del Acuerdo de Paz como hoja de ruta para superar el desangre entre ex combatientes, líderes sociales y campesinos, y como garantía de seguridad a la oposición y la movilización social que fue fuertemente reprimida y, según la Misión SOS Colombia, recibió un tratamiento militar de parte de la Fuerza Pública con graves abusos como asesinato, detenciones ilegales, desaparición forzada, mutilación de ojos, abusos sexuales, entre otros que llevaron a la indignación generalizada.

El Partido Comunes que reúne a los firmantes del Acuerdo y ex guerrilleros de las FARC, manifestaron ante el triunfo de Petro que “es el momento del gran pacto nacional”, y que están seguros que con Petro y Francia será posible la implementación integral del acuerdo de Paz, una paz completa para Colombia. “Y para ello cuentan con toda nuestra disposición, con nuestra bancada para tramitar las reformas necesarias (…) Es el triunfo de todo el pueblo colombiano”. Además invitaron a un gran Pacto Nacional y no un pacto de élites, “un pacto para construir un país donde quepamos todos”.

Los firmantes agrupados en Comunes y en otras formas asociativas que se distanciaron del partido oficial han manifestado su preocupación recurrente por la falta de garantías para la vida y la reincorporación, pues si bien existen más de mil firmantes escoltas y cientos de esquemas de seguridad para ellos y ellas, esto no ha sido suficiente para detener su eliminación que, con 367 reincorporados asesinados, evidencia una asesinato sistemático. Ante esta realidad, la Corte Constitucional declaró a principio de año el llamado estado de cosas inconstitucional por considerar que los firmantes no tienen garantías a la vida, la reincorporación política y en general a la seguridad, tras los homicidios y desapariciones forzadas que viven, y también por los desplazamientos masivos que viven en los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) y Nuevas áreas de reincorporación (NAR) donde adelantan su regreso a la vida civil y sus proyectos productivos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de Comunes cinco ETCR y NAR han sido desmantelados por la fuerza de la violencia en Antioquia, Meta, Cauca y Córdoba.

Por su parte, instituciones que hacen seguimiento al Acuerdo de Paz como el Instituto Kroc, el Cerac, el Cinep y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político, coinciden en señalar en sus informes el retraso en la formalización de la tierra -punto uno del Acuerdo de paz que diseña una sofisticada reforma rural integral-, y la casi nula implementación de los enfoques de género y étnico. Lo que más preocupa incluyendo a la comunidad internacional es la matanza de firmantes y líderes que defienden el Acuerdo, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la tierra, y el medio ambiente. El Cinep, por su parte, ha expresado que el gobierno actual realizó una implementación selectiva del Acuerdo; la política de paz con legalidad del gobierno Duque se enfocó en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en que se llevaron millonarias inversiones a los territorios más afectados por el conflicto, en medio del descontento de las comunidades campesinas, indígenas y afros organizadas, quienes no consiguieron la participación que exigía el Acuerdo mismo.

Por otro lado, el Sistema INtegral de Paz que incluye a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad presentó destacados avances. Será menester del nuevo gobierno continuarlos y fortalecerlos como mecanismos de justicia y reparación para las víctimas, pues el saliente gobierno Duque-Uribe les restó presupuesto y atacó de forma permanente su legitimidad desconociendo incluso sus solicitudes de medidas para proteger a las comunidades de ex combatientes y líderes y lideresas sociales que pusieron una trágica cuota de sangre, junto a los jóvenes movilizados, en un sangriento cuatrienio que terminará en agosto próximo.