Fue luego de que la Defensoría del Pueblo realizara un relevamiento en las instituciones educativas en las que están teniendo clases los alumnos de las escuelas especiales 1 y 4 desde el año 2019, en que iniciaron las obras de remodelación que aún no terminan.
Son 70 alumnos de la Escuela Especial 1 y 121 de la Especial 4, que debieron abandonar sus respectivos establecimientos con la esperanza de que las obras se iban a realizar con celeridad.
Sin embargo, hasta la fecha eso aún no sucede y los alumnos deben tener clases en un marco de total vulneración de sus derechos.
El defensor del pueblo le pidió a la funcionaria del Consejo que en 20 días se resuelva la situación.
Sobre el caso
Tras el pedido de los padres de las Escuelas Especiales 1 y 4, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, generó una mesa de diálogo entre los padres, directivos de las escuelas, Iprodha y la Dirección Provincial de Arquitectura; a fin de buscar algún mecanismo que acelere la finalización de las obras.
Se supo que la razón por la que las obras no finalizaban era por problemas financieros. Pero con la intervención del defensor del pueblo, se consiguió un compromiso de pago a fin de que las obras finalicen. Sin embargo, eso no ocurrirá hasta diciembre del 2023, según el compromiso asumido por el gobierno.
La situación actual de los alumnos
Tras la fecha compromiso asumida por el Iprodha, la Defensoría realizó un relevamiento en las escuelas en las que están asistiendo los alumnos a fin de que la situación conste en el expediente.
Los establecimientos que recibieron en sus instalaciones a los alumnos de las escuelas especiales 1 y 4 son: BAPAYCE, Escuela Fraternidad, Especial 2, y Escuela 250.
Las condiciones en las que se están dictando las clases, son de gran vulneración de derechos, con hasta tres grados en la misma aula, en la que a la vez funciona una cocina. O bien en un pasillo sin protección del frío o el calor.
Las materias especiales como panadería o huerta, las tienen en un balcón sin ningún resguardo del clima.
Las condiciones no son inapropiadas solamente para los alumnos, sino también para los docentes y directivos.
Reunión con el Consejo de Educación
Por esta razón, se realizó una reunión en el SUM de la Defensoría del Pueblo, en la que se convocó al Consejo General de Educación para dialogar sobre la situación.
Asistió a la misma Liliana Santander, de la Dirección de Educación Especial del Consejo General de Educación, ante quien se pudo exponer la situación, solicitando que se arbitren los medios necesarios para mejorar la situación en la que están teniendo clases estos alumnos, en tanto se finalizan las obras correspondientes a sus instituciones.
«Se entienden los plazos fijados para la finalización de las obras, pero mientras tanto tenemos a muchos niños, amparados por Derechos que no están siendo garantizados.
Necesitamos que el Estado se compometa a garantizar las obras en el menor tiempo posible», expresó el defensor del pueblo Alberto Penayo.
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