Por Adolfo Giménez ***
Por la pandemia no acabaron todavía las urgencias sanitarias y comenzó a sentirse con más fuerza los efectos del cambio climático junto a una inflación en la economía que golpean juntos para oscurecer aún más una realidad que ya estaba difícil. La situación internacional tampoco ofrece mucha tranquilidad.
Como una respuesta, en la última semana se lanzaron masivas movilizaciones de protesta de organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas en distintos puntos del país con marchas y bloqueos de rutas. Y para completar la coyuntura, se desató una abierta guerra narco que abarca diferentes espacios públicos de enfrentamiento.
El covid y el desastre climático modificaron para siempre muchas cosas del planeta Tierra, un desastre permanente que nunca mereció el cuidado necesario de los poderosos que siguen muy ocupados en sus conflictos que arrojan más leña al fuego, más amenazas a la humanidad.
El aumento de la temperatura en el continente sudamericano en los últimos meses ocasionó largas sequías e incendios con pérdidas económicas gigantescas. La producción agrícola en Paraguay está devastada y como si no faltaran elementos negativos, la inflación golpea al poder adquisitivo de la población de bajos ingresos por el aumento constante de los precios de los alimentos, de los medicamentos y de todos los combustibles en una espiral incontenible (1)
En esta situación de permanentes urgencias que ya ocasionó daños y cambios importantes en todos los niveles de la vida, se desarrollan los conflictos y disputas económicas, políticas y de clases, con un nuevo contexto, más cercano al futuro que se había preanunciado.
La guerra narco en vigencia tiene dos elementos que lo explicarían: El crecimiento sostenido de la producción y el tráfico que salieron del control tradicional de los grandes carteles. Ahora la disputa es entre clanes familiares, grupos que se insertan como mano de obra junto a sicarios, financistas y lavadores que se enfrentan por la participación en un negocio muy rentable que aparenta no tener reglas ni códigos conocidos más que el uso de la violencia (2).
El segundo elemento es la interna del Partido Colorado que en diciembre próximo debe elegir a su candidato presidencial para los comicios de 2023.
En esta circunstancia, los operativos de represión también forman parte de la guerra entre mafiosos y sus conexiones políticas (3). Gran parte de los organismos de seguridad y de la Justicia están comprometidos, son partes del mismo esquema. En esta guerra, como había dicho un militar centroamericano: “Nadie se salva de un cañonazo de un millón de dólares”.
La disputa en el interior del oficialista Partido Colorado está representada por los dos principales bloques: El liderado por el actual presidente Mario Abdo Benítez y el otro encabezado por el ex presidente Horacio Cartes, denunciado por lavado de dinero y contrabando.
Quien logre imponer su candidato tendrá la posibilidad de mantenerse en el Gobierno y controlar el aparato estatal que le permitirá la protección y la impunidad necesarias para los negocios legales e ilegales (4), pero no es un dato menor que la oposición en su conjunto tiene más votos que el partido oficialista que para sostenerse en el poder requerirá de una unidad que por ahora no aparece.
Las actuales movilizaciones de protesta, por el contrario, cuentan con un alto nivel de unidad entre las organizaciones campesinas, indígenas y del campo popular. De manera que tiene más fuerza que antes, además del apoyo de agrupaciones políticas de diferentes sectores.
No solo se exige la reducción del precio de los combustibles, sino también la abolición de la represiva Ley Riera-Zavala que criminaliza la lucha social y un apoyo oficial a la agricultura familiar campesina ante la devastación ocasionada por la actual falta de lluvias, entre otros puntos.
Organizar una comunidad, un gremio y comenzar una movilización, aunque costosa en esfuerzos y sacrificio, es una forma de construir esperanza ante la necesidad de cambios profundos en esta época desastrosa que ha llegado.
El Gobierno de Abdo Benítez, junto al Partido Colorado y sus aliados, aplicó siempre una política de ajuste para controlar supuestamente el gasto público y pagar la deuda externa. Con el endurecimiento represivo, policial y fiscal, buscó siempre frenar los reclamos. Sin embargo, nada se resuelve con este método. Lo único que se hace es que los conflictos sociales y los reclamos cambien de forma, se trasladen a otros medios.
En la actual coyuntura, es muy probable que la represión, el arma tradicional para frenar las protestas, no tendrá el efecto de acabar con las movilizaciones que tienen un volumen y una dimensión que no se registraban hace mucho tiempo. Si los canales de participación y negociación se cierran, solo quedará el camino de buscar nuevas reglas para buscar un alivio para los más desposeídos/as ante esta situación de nueva emergencia.
*** Adolfo Giménez – Periodista paraguayo.
Notas
1. El salario mínimo apenas se ajustó un 4,4 por ciento el año pasado. La inflación interanual llegó a 9,3 por ciento en febrero último, de acuerdo a datos oficiales.
2. Voceros de organismos antidrogas declararon que el costo de un kilo de cocaína varía en este momento de 80 a 200 mil dólares, según el mercado de venta.
3. Por denuncias de conexiones con el tráfico, el mes pasado fueron destituídos el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y el de Emergencia Nacional, Joaquín Roa. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, tiene en el Parlamento un pedido de juicio político por encubrimiento y otros delitos.
4. Los precandidatos son Hugo Velázquez, el actual vicepresidente y Santiago Peña, exministro de Hacienda en el gobierno de Cartes (2013-2018)
