Por Juan Borges ***
Agencia Paco Urondo entrevistó al periodista especializado en temas policiales. El análisis de los casos de violencia institucional de Lucas González en Barracas y Luciano Olivera en Miramar.
| Foto: Delfina Linares
AGENCIA PACO URONDO: ¿Considera que existe un modus operandi recurrente en situaciones de violencia por parte de las distintas fuerzas de seguridad?
Ricardo Ragendorfer: Una de las grandes deudas del Estado con sus fuerzas de seguridad es su democratización. Lo prueban el profundo accionar de violencia institucional llevado a cabo por las agencias de seguridad tanto nacionales como provinciales. En ese sentido la Policía Bonaerense es un caso paradigmático. Y esto se confirma viendo sus prácticas después de la dictadura militar. Hasta el año 1987 aproximadamente los casos de gatillo fácil pasaron desapercibidos debido a que eran silenciados o mostrados como situaciones de enfrentamientos entre la policía y los supuestos delincuentes.En realidad y en muchos de esos casos eran casos de violencia institucional o gatillo fácil. Aplicados contra presuntos sospechosos. Recién comenzó a utilizarse la expresión de “gatillo fácil” con la denominada “Masacre de Budge”. Desde ese momento las cifras de víctimas de violencia fueron en notable ascenso. Entre 120 y 140 anuales. Sin embargo, esta costumbre de matar no solo es patrimonio de la Policía Bonaerense sino que está extendida en todo el país. Hay que destacar que la policía de la ciudad de Buenos Aires supo hacerse notar en los últimos años en cuanto a la cantidad de víctimas. Tiene una estadística escalofriante de 2 víctimas por mes. Esta fuerza de seguridad funciona como una especie de milicia partidaria. Es la mazorca del PRO.
APU: ¿Cómo analiza el caso de Lucas González, víctima de la Policía de la Ciudad?R.R.:
El caso de Lucas tuvo un mar de fondo muy atípico y resonante. Adquirió una notoriedad inusitada para este tipo de casos que son diarios prácticamente. Hay un trasfondo bastante extraño porque aún no está claro que estaban haciendo esos policías en ese lugar. Se dice que simplemente estaban recaudando aunque también hay elementos para pensar que también estaban realizando tareas de inteligencia en esa zona de Barracas. Sin embargo deja a las claras cómo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un plus actual de prácticas violentas muy notorias.APU: ¿Cómo se frena la violencia institucional?
R.R.: Es la gran pregunta que se hacen las autoridades políticas. Esa violencia es fruto de una combinación de factores y su continuidad o abolición depende del rumbo que tomen esa constelación de factores. Uno de esos factores es la operatividad de las fuerzas de seguridad que se autofinancian. Es un Estado paralelo dentro del propio Estado. Los poderes políticos en sus amplias esferas siempre deben negociar con este autogobierno. Uno de los grandes ejemplos históricos fue cuando Eduardo Duhalde tuvo que pactar con la “maldita policía” a través de Pedro Anastasio Klodczyk, el jefe de Policía bonaerense. Ese acuerdo era vista gorda con los negociados policiales a cambio de que cumplieran su rol en las calles. El objetivo político era crear una ilusoria sensación de seguridad.
En esa dinámica se pasaron de rosca y cometieron una serie de acciones demasiado aberrantes como la masacre de Andreani, el crimen de José Luis Cabezas, la masacre de Wilde, los narcopolicias. Por eso insisto que la matriz de la violencia institucional pasa por el manejo recaudatorio de las fuerzas de seguridad. Como decía el grandioso Rodolfo Walsh “la secta del gatillo alegre es la logia de los dedos en la lata”.
APU: ¿Qué podría decirnos del caso de Luciano Olivera en Miramar sucedido en los últimos días?
R.R.: Sigue el mismo patrón de muchos casos. Un pibe que se asusta ante un control vehicular, similar al caso de Lucas Gonzales, llevado a cabo por personal policial uniformado. Ante lo cual el joven intenta evadirse con su motocicleta. Era menor y no contaba con la documentación pertinente e intentó escaparse para no tener problemas ni perder la moto. Uno de los policías ante el intento de evasión del joven dispara contra el mismo. El homicida planteó que se le escapó el disparo. Cuando la realidad es que estaba con el arma sin seguro y disparando contra la víctima. La diferencia con otros casos de violencia institucional es que había una relación previa entre víctima y asesino. Eran vecinos y se conocían. Habían crecido juntos porque tenían poca diferencia de edad. El policía conocía a su víctima. Ese dato es notable y relevante ya que escapa al patrón propio de los típicos casos que vemos con demasiada frecuencia.
APU: Usted utilizó en un artículo periodístico suyo la expresión “Reeducar a una fuerza que no quiere ser amaestrada». ¿Podría ampliar esa definción?
R.R.: Es una frase tomada de una nota que yo escribí haciendo alusión a los dichos del ministro Sergio Berni. El ministro expresó que era una fuerza difícil de reentrenar porque veía en ese deficiente entrenamiento el huevo de la serpiente. Para mí el problema es mucho más profundo. No es solo una cuestión de entrenamiento sino que está relacionada a viejas prácticas de operatividad. El mal entrenamiento es real pero eso no implica que se conviertan en homicidas. Sin embargo autoridades tanto nacionales como provinciales en los últimos tiempos han esgrimido excusas relacionadas a las precarias formaciones de los efectivos. También se manejó la famosa hipótesis de la “oveja negra “en medio de un cuerpo de uniformados impolutos. La realidad es que estamos hablando de fuerzas de seguridad estructuralmente corruptas que cometen un sinfín de delitos. El gatillo fácil es el único delito sin fines de lucro porque mata por el simple hecho de asesinar. No son casos aislados, ni tampoco es consecuencia de un mal entrenamiento.
