Las comunidades necesitan un paraguas de protección, y por eso desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, presidido por Magdalena Odarda, insisten en que también es importante contar con una Ley de Propiedad Comunitaria, una deuda pendiente del Estado con los pueblos originarios desde la reforma constitucional de 1994.
Necesidad de presupuesto
«Existen deliberaciones y propuestas sobre la prórroga; pero creemos que todas y todos nuestros legisladores nacionales, diputados y senadores deben aprobar el tratamiento de esta ley con urgencia para que no se venzan los plazos», advirtió.
Después de numerosas reuniones realizadas por agrupaciones campesinas indígenas, universidades y organismos de derechos humanos y desde la representación institucional de distintos pueblos originarios, «existe una voluntad política del Bloque del Frente de Todos de prorrogarla por cuatro años más; pero además les requerimos que consideren algunas modificaciones necesarias como un financiamiento apropiado, para afrontar los relevamientos de cientos de comunidades que aún faltan relevar», sostuvo el legislador.
Hay más de 1000 comunidades sin registrar
Actualmente están registradas 1760 comunidades indígenas en la Argentina de 39 pueblos originarios de diversas etnias. Sin embargo, todavía más de 1000 de ellas carecen del proceso de registro de su parcela, del otorgamiento de esas propiedades y de sus derechos.
En Misiones hay un fuerte universo indígena que necesita esta ley para que la totalidad de las comunidades mbya guaraní puedan gozar de los derechos a la propiedad de sus tierras ancestrales.
Reconocimiento de derechos
Por todo esto sostuvo que es urgente prorrogar la Ley 26.160, un instrumento fundamental para los pueblos originarios de nuestro país que garantiza por el tiempo de su vigencia, la suspensión de los desalojos de las comunidades.
Además se demanda presupuesto para que en un plazo razonable se realice un relevamiento técnico jurídico y catastral de los territorios, para que las comunidades indígenas de «nuestra provincia y del país, tengan sus derechos reconocidos y garantizados. Sin esta herramienta, las comunidades quedarán desamparadas ya que la norma pierde vigencia el próximo 23 de noviembre», enfatizó el diputado Páez.
