Organizaciones de derechos digitales de Colombia presentaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que contemple en su visita, que inicia hoy, las violaciones de derechos humanos a través del uso de herramientas tecnológicas y en el ámbito digital en el contexto de protestas sociales iniciadas el 28 de abril.
Concretamente, la carta apunta a tres preocupaciones: la criminalización desde la narrativa oficial de quienes protestan en digital; las limitaciones y restricciones ilegítimas de internet y el rol de las empresas intermediarias en contextos de crisis.
En la visita de la CIDH, que tiene lugar entre el 8 y el 10 de junio, la delegación se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana y procurará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
“Hemos identificado una narrativa oficial que califica a quienes usan las herramientas digitales para apoyar las protestas como vándalos digitales que desarrollan actividades “terrorismo digital”. Esta calificación no puede verse aislada de un marco jurídico que contempla delitos demasiado amplios, que pueden servir para sancionar a casi cualquier persona”, señala la carta de Fundación Karisma, que cuenta con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (Centro ISUR), Temblores ONG, El Veinte y Linterna Verde.
En cuanto a las limitaciones ilegítimas de Internet, la carta advierte que “en Colombia se ha desarrollado e instalando una capacidad tecnológica y jurídica para restringir el acceso a internet y bloquear acceso a contenidos disponibles sobre las protestas”.
Explica que se han «evidenciado la falta de cultura de cuidado y transparencia en la protección del acceso a internet y de la circulación de contenidos por sus redes”, sumado a que «no hay en Colombia un regulador independiente que vigile el sector y pueda ofrecer datos autónomos sobre las denuncias por interferencias, cortes e interrupciones selectivas y arbitrarias de internet durante las protestas”.
La carta indica que situaciones de bloqueo de sitios para documentar, en particular, aquellos que sirven para documentar protestas, “contribuyen al desconcierto y la sensación de censura durante una situación de crisis social como la protesta”.
Por último, las organizaciones sostienen que “si bien durante el Paro Nacional hemos visto ejercicios de transparencia de las empresas, al ofrecer algo de información ante fallas en la infraestructura y el software, conviene analizar y mejorar sus prácticas en la medida en que son responsables de las comunicaciones de las personas durante este delicado ejercicio de ciudadanía”
