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Por Daniel Rosso ***
Daniel Rosso afirma en esta nota que la estrategia del gobierno no es sólo tranquilizar la economía, también es tranquilizar el lenguaje. Junto al indudable acierto de poner a toda la sociedad a conversar, Rosso sostiene que es necesario eludir la trampa antidemocrática, que es la que proponen medios hegemónicos y Juntos por el Cambio: la que desconoce que las elecciones existen, que concentran el poder en uno de los contendientes y que éste, con los instrumentos del Estado en sus manos, tiene la responsabilidad de llevar a la práctica las políticas por las que fue votado.
Tranquilizar el lenguaje
La palabra política suele sorprender: como si fuera un hechicero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le hizo decir a Marcelo Bonelli lo que la administración de Alberto Fernández dice habitualmente. Lo fue guiando con sus preguntas hasta que sucedió el sortilegio: el discurso del gobierno terminó pronunciado por uno de los periodistas orgánicos del mayor grupo concentrado de medios de la Argentina. La grieta por un instante desapareció y los dos lados de la frontera ideológica coincidieron en un discurso común: en que la gestión de Macri fugó, por lo menos, una parte de la deuda que contrajo.
«¿Cuánto le debemos al FMI?», preguntó Guzmán. «54 mil millones», dijo Bonelli. El ministro corrigió: «El Gobierno anterior tomó un préstamo de 55 mil millones y le debemos 45 mil millones».
Guzmán repreguntó: «En qué momento pasó eso». «Con Macri», respondió Bonelli. «¿Y para qué se usó esa plata?», volvió a preguntar el ministro. El periodista respondió: «Parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva».
Es evidente que el grupo mediático, que sabe cómo atacar las declaraciones del oficialismo, no supo qué hacer con las preguntas de Guzmán. Obligado a responder, en el vertiginoso tiempo televisivo, Bonelli terminó contestando con las palabras del gobierno. El Periodismo de guerra balbucea cuando se le pide respuestas. Está preparado para atacar, no para contestar. La maquinaria bélica cruje cuando no se les ofrece un blanco. Por eso, la estrategia del gobierno no es sólo tranquilizar la economía: también es tranquilizar el lenguaje. Mientras, la oposición mediática tiende a hacer lo contrario: agitar y tensionar los discursos.
Una sociedad en estado de conversación
El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno en conversación. A través de las reuniones con los productores rurales, con los grandes empresarios y con los sindicalistas, ha puesto a conversar y a debatir a la totalidad del sistema económico. En simultáneo, a través de las sesiones extraordinarias en el Parlamento, ha puesto a dialogar al conjunto del sistema político.
Es un gobierno con una utopía gramatical: en él, las palabras circulan, se relacionan, se enfrentan, se encastran y acuerdan. No está mal: la conversación pública es uno de los rasgos específicos de la democracia. La inflación, en cambio, es el territorio de la economía concentrada. Por supuesto: ésta es un fenómeno multicausal y tiene diversas explicaciones. Pero aquí privilegiamos su dimensión de puja distributiva y de hecho de fuerza por parte de los actores con mayor poder relativo dentro de las cadenas de valor.
Mientras la democracia pone a circular horizontalmente las palabras, la economía concentrada hace subir verticalmente los precios. Son dos lenguajes: el de la política y los argumentos, por un lado, y el del poder económico y la fuerza corporativa, por el otro. ¿Qué es lo que intenta el gobierno con el análisis de las cadenas de valor? Tratar de que la inflación ya no sea un fenómeno sin sujeto, es decir, sin los responsables de que los precios suban. Por eso, para Alberto Fernández, conversar es transparentar. Es decir: hacer visible la estructura legal del saqueo al que son sometidos los consumidores argentinos.
Es una gran apuesta: llevar la lógica de la inflación, como hecho de fuerza, al interior de la democracia, como lógica de la deliberación. La democracia, de este modo, avanza: intenta discutir allí donde hasta ahora ha habido mayoritariamente decisiones arbitrarias. Por eso, la inflación es también una categoría política: porque en ella se imponen las decisiones unilaterales del empresariado concentrado. No por casualidad, varios de los movimientos desestabilizadores contra los regímenes constitucionales desde 1983 fueron “golpes hiperinflacionarios”. La inflación es una sucesión de hechos de fuerza de los cuales las hiperinflaciones son sus condensaciones. La inflación sin control, entonces, es más una continuidad que una ruptura con el régimen dictatorial. No es un dato menor la decisión gubernamental de intervenir en las cadenas de valor: con ella, la democracia intenta ingresar en uno de los espacios donde se mantiene cierta lógica predemocrática, la de la formación de los precios. Si ello se logra, las cadenas de valor, además de una secuencia de acumulación privada, pasarían a ser un circuito de deliberación pública.
Una oposición que busca desesperadamente una dictadura
Mientras tanto, Juntos por el Cambio necesita tener enfrente un gobierno autoritario para, por contraste con él, construirse como una oposición republicana y democrática. En esa línea, la UCR dio a conocer un documento llamado «Manifiesto por la esperanza democrática», firmado por Mario Negri, Luis Naidenoff, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez, entre otros, en el que llaman a la construcción de un “polo republicano”. Sostienen: «un ejercicio de creatividad política requiere conformar un polo de poder republicano lo suficientemente amplio, estable y visionario, que dispute con chances de éxito y con propuestas claras la conducción del Estado, pero que además esté dispuesto a garantizar el pluralismo y a recuperar el sentido del lenguaje político, distorsionado por el despotismo demagógico en sus manifestaciones más autoritarias”.
Por supuesto, algo falló: los firmantes del documento se intentan diferenciar de un autoritarismo que no es fácil de encontrar en el estilo de Alberto Fernández. Más aún: lo que tienen enfrente es un gobierno que hace conversar a todos los integrantes del sistema político y económico. La UCR es un partido en busca de un contraste que no encuentra. Por eso, en la búsqueda desesperada de un dictador llegan hasta Gildo Insfrán. Para ser Alfonsín necesitan la dictadura genocida. Pero, como no la tienen, inventan campos de concentración en Formosa. Es la política como utilería: Mario Negri imitando a Alfonsín y enfrentando a un supuesto autoritarismo kitsch – nerista.
Entre la conversación y la fuerza
El lenguaje debe ser tranquilizado, pero la fuerza del Estado debe ser sostenida.
Hay una dialéctica implacable en el estilo presidencial: mientras más deja sin contraste a la oposición a través de su conversación permanente, más le resta al Estado el uso de la fuerza legítima contra las corporaciones. Por el contrario, mientras más despliega sus políticas transformadoras más se ofrece como contraste “autoritario” para la oposición “democrática”. La conclusión es sencilla: la intervención discursiva de Juntos por el Cambio consiste en convertir políticas populares en estilo autoritario. La respuesta del gobierno, la mezcla exacta entre comunicación defensiva y estrategia transformadora, es combinar conversación y uso legítimo de la fuerza.
Llevar la democracia a lugares a donde aún no ha llegado – como los controles de precios – exige de la conversación pero también del uso de la fuerza legítima que le fue delegada al gobierno en las elecciones.
Si la inflación es un hecho de fuerza, garantizar su control reclama otra fuerza: la que emana legalmente del Estado.
Los grandes medios construyen escenarios donde esa fuerza del Estado democrático es considerada ilegitima: por ejemplo, si el presidente afirma que va a aplicar retenciones o cupos de exportación lo que dicen es que está amenazando. No sólo no quieren la intervención del Estado: actúan como si el Estado – y su representación democrática – debieran disolverse.
La democracia debe existir sin Estado y las elecciones deben desaparecer luego de realizarse.
Proponen una democracia que funcione sin la memoria de sus resultados.
Es el intento de imponer un nuevo régimen de desapariciones en el marco de la economía mediática concentrada: si no pueden evitar el triunfo de un gobierno popular y no logran dividirlo o debilitarlo, entonces intentan dejarlo sin memoria y sin historia inmediata. De allí que, en ese marco, el ideal para ellos es que el gobierno converse eternamente.
Es decir: que actué como una parte más y no como quien fue elegido para tener la última palabra. Para ellos, la gestión gubernamental debe intervenir como si no se le hubiera delegado el poder. Debe ser un lugar vacío. Por eso los medios concentrados y la oposición denuncian que el “vacío” de la actual administración es ocupado por el poder vicepresidencial. Es el peor de los vacíos: el que ha sido llenado por el fin de la conversación.
Entonces, junto al indudable acierto de poner a toda la sociedad a conversar, es necesario eludir la trampa antidemocrática: la que desconoce que las elecciones existen, que concentran el poder en uno de los contendientes y que éste, con los instrumentos del Estado en sus manos, tiene la responsabilidad de llevar a la práctica las políticas por las que fue votado.
La imputación por parte de la Secretaría de Comercio Interior a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención o falta de entrega de sus productos para la comercialización, es una buen ejemplo de intervención del Estado utilizando la fuerza de la ley en contra de la fuerza arbitraria de la economía concentrada.
Paradójicamente, la conversación interminable entre iguales es la negación de la democracia.
