LOS ERRORES DE CHILE, ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y COLOMBIA

 



 Por Diego Olvera Evia   ***

La realidad de América Latina muestra la crisis y EEUU.

Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo establecido en 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia

Esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, siendo el jefe del Departamento de Estado estadounidense Henry Kissinger, señalado como su ideólogo y fascista

El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, promoviendo las dictaduras, con el fin de suprimir sectores políticos de izquierda, e impulsar un nuevo modelo económico centrado en garantizar beneficios crecientes a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales.

Esta coordinación implicó, oficial y directamente, seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, entre países, violación y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología».

El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política, el peronismo, el sindicalismo, las agrupaciones estudiantiles, la docencia, el periodismo, el campo artístico, la teología de la liberación y el movimiento de derechos humanos. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50 000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400 000 encarceladas.

El 27 de mayo de 2016, en lo que se ha considerado un hecho histórico, el Tribunal Oral Federal N1 dictó el fallo condenando a quince de los diecisiete acusados que llegaron a ese momento. Las condenas mayores fueron de 25 años de prisión y fueron aplicadas a Santiago Omar Riveros, Miguel Ángel Furci y el uruguayo Cordero Placentín.

El exdictador Reynaldo Bignone fue condenado a 20 años, igual que el exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Feroglio. A 18 años de prisión fue condenado el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. A 13 años fueron condenados el ex general Eugenio Guañabens Perelló y el entonces jefe de la ESMA Antonio Vañek. A 12 años fueron condenados los exmilitares Luis Sadi Pepa, Nestor Horacio Falcon, Eduardo Samuel, Felipe Jorge Alespeit.

El ex general Federico Antonio Minicucci fue condenado a ocho años. Fueron absueltos Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez

La realidad de América Latina muestra la crisis y EEUU

Por otro lado, se lamenta el distanciamiento entre gobiernos y movimientos sociales, mientras que estos últimos se transforman –una vez más– en los próximos portadores de esperanza. Si bien no caben dudas de que la participación social de los sectores menos favorecidos ha mejorado claramente, estos no entregarán dócilmente sus derechos sociales, lo cual puede poner en marcha nuevas dinámicas políticas. Pero es imposible precisar qué destino tendrá este viaje. Esperar al próximo salvador exime, mientras tanto, de compromiso propio y de posicionamiento político; es, ante todo, cómodo y una expresión de pereza intelectual.

En lugar de ello, debería reflexionarse abiertamente sobre las experiencias acumuladas y sobre lo que es decisivo para todo movimiento social: cómo resolver el dilema de mantener apertura, dinámica y creatividad, pero también tener un continuo impacto político evitando la parálisis por la cooptación y la institucionalización. Además, debe discutirse cómo armonizar mejor una política de Estado fuerte con estructuras democráticas de base y movimientos sociales.

En tercer lugar, se argumenta que, con las medidas correctas, se sigue posibilitando un proyecto de justicia social. En realidad, el debate sobre si las políticas reformistas o las radicales son más aptas para resolver la cuestión social acompaña a los gobiernos progresistas desde sus inicios. No toma en cuenta que, desde una mirada actual, la supresión de las desigualdades sociales ha fracasado, independientemente de los diferentes estilos políticos. O sea, un Chávez que polarizaba logró, a fin de cuentas, tan poco como el moderado Luis Ignacio Lula da Silva. En vez de lamentarse por las oportunidades desaprovechadas o de revitalizar las ideas fracasadas ignorando la historia (el neoliberalismo, por ejemplo, es siempre una estrategia de redistribución invertida –de los de abajo hacia los de arriba– y no una estrategia económica), deben mencionarse de forma realista los errores más importantes de los últimos 20 años y se los debe considerar como tarea para los próximos 20 años:

Los gobiernos progresistas han omitido casi por completo llevar adelante durante el boom de las materias primas una activa política internacional de regulación de estos mercados que sea favorable para ellos mismos. América Latina ha ganado indudablemente independencia política y países como Brasil han ayudado a fortalecer la influencia de la región en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Sin embargo, nunca se atacó políticamente ese talón de Aquiles que es la dependencia de las materias primas.

No obstante, Venezuela, con la revalorización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha dado una clara muestra de que en este tema hay margen de acción política. Gracias a la importancia estratégica que la región tiene y tendrá para el suministro de materias primas, pueden pensarse aquí formas de regulación enteramente cooperativas que hagan disminuir la dependencia de los precios volátiles y que tomen en cuenta también requisitos de sostenibilidad.

Esto está estrechamente relacionado con una cooperación regional más intensa. De lo que se trata no es del próximo gran tratado regional, que a la larga se demostrará ineficaz, sino de iniciativas que ayuden a construir y fortalecer estructuras y confianza. La idea de un banco de desarrollo regional propio, como el Banco del Sur, o de una emisora de noticias independiente, como Telesur, que rompa los monopolios mediáticos locales, está yendo, en tal sentido, definitivamente por la senda correcta. Sin embargo, seguirán sin obtener resultados sólidos mientras sean financiadas con petrodólares y diplomacia de cheques por unos pocos países y se destaquen por la instrumentalización política y la ideologización, lo que les impide convertirse en proyectos regionales plenos.

Es necesario amortiguar la desigualdad social no solo combatiendo la pobreza sino reduciéndola de manera sostenida. El problema y sus soluciones son ya conocidos, pero hasta ahora ha faltado frecuentemente el coraje político para emprender reformas estructurales. Una solución óptima para el subcontinente que expresa una de las más desiguales distribuciones de tierras siguen siendo las reformas agrarias. La política renuncia a ellas por la alta conflictividad ligada a su implementación: sacuden de modo radical las fuertes y tradicionales relaciones de poder,

Esto concierne no solo a los terratenientes y latifundistas privados sino también a la propiedad pública, tal como lo muestra la agricultura estatal cubana, que muestra una baja productividad debido al estancamiento de las reformas agrarias y es en gran parte responsable de la debilidad económica de la isla.

***
Diego Olvera EviaPeriodista, Historiador y Analista Internacional

Enlace permanente a este artículo: http://ellibertadorenlinea.com.ar/2021/03/01/los-errores-de-chile-argentina-brasil-paraguay-y-colombia/