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Por Diario Digital Femenino ***
Los datos del Indec dados a conocer recientemente revelaron, una vez más, que las infancias fueron las más afectadas por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de implementar una batería de políticas destinadas a este sector de la población.
El informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos advirtió que más de la mitad de las personas de hasta 14 años de edad son pobres, con el 56,3% del total. A su vez, el mayor crecimiento con relación al semestre anterior se observó en los grupos de personas de entre 15 a 29 años, con un aumento de 7,1 puntos porcentuales, en 49,6%.
Infancias, esa gran deuda pendiente
No obstante, es preciso aclarar que la situación de extrema vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes no se generó de un día para otro ni es consecuencia directa de la pandemia de Covid-19. Durante los últimos cuatro años, el Estado nacional desfinanció y subejecutó partidas presupuestarias destinadas a la niñez y las adolescencias.
Incluso, en su momento defensores provinciales Juan Pablo Meaca (La Pampa), Analía Isabel Colombo (Santa Fe), Amelia Milagros López Loforte (Córdoba), Luis Santucho (Santiago del Estero) y Miguel Angel Molina (Misiones), se mostraron alarmados ante «los recortes presupuestarios a los programas y políticas dirigidas a niñez y adolescencia» y expresaron que «violan la obligación -que Argentina tiene como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña- de garantizar el principio de ‘interés superior del niño hasta el máximo de los recursos de que dispongan’».
«Este deber, no es una cuestión discrecional u opcional, sino que implica la obligación de implementar medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, que fueron observadas por el Comité de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes en 2018», manifestaron en una carta enviada a Mauricio Macri en 2019. Entre las recomendaciones que emitió el Comité se estableció que niñas, niños y adolescentes no deben ser la variable del ajuste económico. Y aún en medio de un contexto desfavorable el Estado tiene que reforzar la inversión en protección social.
Más expuestos.
La pandemia de Covid-19 obligó a los Estados nacionales y provinciales a adoptar medidas sanitarias y restringir la circulación de la población, con el objetivo de minimizar lo máximo posible la circulación del virus. Sin embargo, la contracara de esto fue la exposición de niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia.
A su vez, el cierre de las escuelas cortó una vía fundamental por la que se abordaban estas problemáticas. Esto se vio reflejado en La Pampa durante la reunión del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. “El aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido para hacer frente a la emergencia sanitaria generada a raíz de la pandemia del Covid-19 ha generado un alto impacto en lo que refiere a la restitución de NNyA”, informó el Ministerio de Desarrollo Social.
Esto impactó en la “visibilización y denuncia de situación de vulneración de derechos”, principalmente por “la interrupción de la presencialidad en las escuelas, siendo este un actor clave en la denuncia y canalización de situaciones de vulneración de derechos”.
“Esta situación ha recrudecido la estadística sobre las Medidas de Protección Excepcionales que se toman a raíz de la vulneración y/o violación grave de derechos”, señalaron y precisaron que en lo que va de la cuarentena “se han tomado 28 medidas de carácter excepcional (Datos SIINyA de Marzo/Agosto 2020), esto quiere decir que ha sido necesario separar transitoriamente a niños y niñas de su grupo familiar a partir de situaciones de maltrato, abuso, negligencia, conflictivas familiares graves que impiden la continuidad de la convivencia. Esto representa un 54 % del total de Medidas Excepcionales adoptadas en todo el año 2019”.
Un esfuerzo mayor.
Los datos, tanto a nivel nacional como provincial, muestran una realidad que no se puede desatender bajo ningún punto de vista. Por estos motivos, es necesario reforzar las partidas presupuestarias y el recurso humano para evitar que una mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes culminen en esta situación.
También es necesario el compromiso de los tres poderes del Estado, principalmente del Poder Judicial que en más de una situación ha fallado desconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes.
