Por Edgardo Mocca ***
“Se está perdiendo la libertad. Estamos todos en peligro de perderlo todo.” Son las frases con las que el periodista Wiñazki cierra su artículo en Clarín de ayer. Es nada más que una muestra. Se multiplica de modo incesante todo el tiempo en ese diario y en otros.
¿Qué hay que hacer si estamos todos en peligro de perderlo todo? Pícaro, el periodista no lo dice, prefiere que sea el lector quien lo piense. Unos párrafos antes, sin embargo había sugerido la rebelión pacífica ghandiana. ¿De qué otro modo podría entenderse esto que no sea como un llamamiento golpista? Parece que en Argentina cualquier cosa se puede decir y hacer en nombre de la “libertad de expresión”.
Esto no es un problema de monopolio, factible de ser enfrentado con la ley de defensa de la competencia. No se trata (solamente) de que la producción de la mercadería llamada “comunicación” está concentrada en pocas manos; está muy claro que de lo que se trata es de la venta de una mercadería podrida. Es cierto que nadie muere envenenado por la lectura de este tipo de libelos, pero la práctica de un periodismo antidemocrático y provocador es un daño social muy grave. Envenena las conciencias y enferma a la sociedad. Promueve el odio, el terror y la angustia individual y colectiva, Y lo hace en el grave contexto de una pandemia que todos los días se lleva muchas vidas. En un momento en que se necesita más que nunca la prudencia y el buen sentido individual y colectivo. Pero bajo la falsa defensa de la libertad la mercancía-periodismo no puede ser pública y colectivamente controlada como se controlan los alimentos o los medicamentos. Es un mercado absolutamente incontrolado, en el que lo podrido tiene los mismos derechos que lo sano.
Es evidente de toda evidencia que la cadena comunicativa de los grandes medios oligopólicos trabaja para una alteración del orden constitucional, para un golpe de estado en cualquiera de sus formas. No hace falta una gran investigación para comprobarlo, basta dedicarle un ratito a la lectura de sus principales títulos y ojear livianamente un puñado de los textos que se multiplican hasta el hartazgo y constituyen el alimento principal de las “redes sociales” que lo reproducen de modo incesante. Esa es, entre otras cosas, la base de la formación de esos grupitos de irresponsables que promueven la enfermedad saliendo a la calle para gritar consignas delirantes y practicar ejercicios reflexivos y críticos, tales como la quema de barbijos.
Ahora bien, analizar políticamente los preparativos golpistas no equivale a dar por sentado su triunfo. El golpismo en la Argentina –en cualquiera de sus formas históricas o de las que pudieran pergeñar sus actuales promotores- tiene que enfrentar una cultura popular y democrática que tuvo su expresión más luminosa en el “nunca más” construido después del fracaso de la última y más tenebrosa experiencia dictatorial. Esta es una especificidad, una diferencia histórica argentina. El juicio y castigo a los responsables del terrorismo de estado de la última dictadura cívico-militar nos distingue como sociedad en el contexto mundial. Y no es una mera referencia al pasado. Está presente y viva en nuestro pueblo. Se pone en escena cada 24 de marzo. Adquiere expresiones multitudinarias cada vez que se pretende “revisar” ese pasado como ocurrió cuando la Corte produjo el tristemente histórico fallo del 2×1 en beneficio de un represor condenado: aquel 2 de mayo de 2017, una multitud se reunió en la plaza de Mayo y actualizó ese “nunca más”. Argentina no es el país campeón de los golpes militares, como dice un trasnochado ex presidente interino; es el país que llevó a los últimos golpistas al banquillo de los acusados y a la prisión.
Claro que el golpe contra el gobierno no es un propósito inmediato. El país tiene un gobierno recién elegido por una amplia ventaja en los comicios. Es, además, un gobierno fortalecido en su autoridad por un desempeño responsable y enérgico en la defensa de la vida y la salud de su población, amenazada y golpeada por esa pandemia que niegan justamente las barras bravas del golpismo. Y hoy la política argentina ha recobrado una vibración que se había perdido en las primeras etapas de cuarentena estricta. No se recuperó todavía la calle como escenario de pronunciamientos populares masivos. Pero se va superando el bloqueo opositor sobre el poder legislativo y se van poniendo en escena debates cruciales para nuestra democracia como la reforma judicial y el aporte de las grandísimas fortunas al proceso de recuperación nacional y social pos-pandemia y pos-macrismo. Las medidas de restricción a la compra de dólares tienen, por su parte, un claro sentido preventivo: los ataques a la moneda nacional son un camino central de los procesos desestabilizadores. Hasta ahora, antes de que sepamos si se investigará y sancionará a los responsables de la rebelión policial, el único resultado político de ese acontecimiento es el de la justa medida de la redistribución de los aportes del estado nacional a favor de la provincia de Buenos Aires. Esto no puede entenderse sino como un gesto de autoridad en el restablecimiento de un mínimo nivel de justicia.
La agenda antigolpista es, ante todo, democrática, solidaria con los que más han perdido, de impulso a la producción y el trabajo y enérgica en la reconstrucción de instituciones, como el poder judicial y los servicios de inteligencia, cuyo deterioro profundo y extendido en el tiempo no hizo sino agravarse durante la experiencia macrista. No serán las concesiones al bloque social reducido y poderoso que impulsa la desestabilización lo que asegure el orden constitucional. Esa experiencia ya se hizo en nuestro país y en países vecinos; el único resultado de esas concesiones es el debilitamiento de la confianza popular en el gobierno que las practica y la facilitación de los operativos desestabilizadores.
