Por Luis Bruschtein ***
A solo ocho meses del inicio del gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio reactivó los fantasmas destituyentes con su voluntad de impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados, que no terminó escalando por la decisión del oficialismo y el resto de la oposición de cortarles el paso
El intento del macrismo de impedir el funcionamiento del Congreso tiene una gravedad institucional inusitada, que no produjo mayores consecuencias porque los bloques opositores más chicos no se sumaron al boicot. La Justicia rechazó el recurso que plantearon para anular la sesión del martes y concedió una prórroga para el funcionamiento virtual. A pesar de su fracaso, la actitud de la oposición reavivó presagios destituyentes con el intento de utilizar al Congreso como plataforma para un golpe institucional.
Puede parecer paranoico hablar de golpes, al estilo del ex presidente Eduardo Duhalde, quien no por casualidad apareció meneando la amenaza de una interrupción golpista. El golpe militar como lo imaginó Duhalde no es posible. Seguramente que el golpe institucional parlamentario, al estilo del que funcionó en Brasil para destituir a Dilma Rousseff, tampoco.
Pero el hecho de que al cumplirse apenas los primeros ocho meses del Gobierno, el macrismo busque el cierre del Congreso, plantea un llamado de alerta. Al que se sumó este viernes el desconocimiento inédito de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi al derecho del Senado a convocarlos como estipula la Constitución.
El oficialismo, con 119 diputados, es la primera minoría y necesita diez más para tener mayoría. Esas matemáticas lo ubican en una situación vulnerable porque depende, como en este caso, de los bloques más pequeños para mantener la actividad parlamentaria que el macrismo busca boicotear.
En diciembre de 2015, gran parte del electorado venezolano se abstuvo en las elecciones en protesta por la crisis económica. Nicolás Maduro, al que la oposición acusa de no ser democrático, reconoció su derrota, con lo cual la oposición pasó a controlar el Congreso. Entonces, el Congreso desconoció la autoridad de Maduro y eligió un presidente que fue reconocido por Washington.
El golpe fracasó porque Maduro retuvo el respaldo popular y el de las Fuerzas Armadas. En las elecciones siguientes movilizó a sus militantes para convocar al electorado y sacó una amplia ventaja sobre la oposición en una votación súpercontrolada y transparente. Pero el gobierno venezolano tiene propiedades en Estados Unidos y 31 toneladas en barras de oro en Gran Bretaña.
Obvio: los gobiernos de Estados Unidos y el de Gran Bretaña no quieren entregar las propiedades ni el oro, porque reconocieron como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, un político que si se presentara a elecciones ni llegaría al diez por ciento de los votos. En este momento ni siquiera lo reconoce la mayoría de la oposición, porque Henrique Capriles dio señales de volver a candidatearse.
Hablar de Venezuela pone los pelos de punta a medio planeta porque tiene mala prensa. Pero viene al caso porque allí se intentó usar el Congreso, como lo está haciendo ahora el macrismo en Argentina, y porque el gobierno de Mauricio Macri depositó en Inglaterra once toneladas de barras de oro que se habían atesorado en el Banco Central durante los gobiernos kirchneristas.
Es para tenerlo en cuenta cuando se producen turbulencias como las del Congreso que en apariencia no tienen explicación racional. No existen situaciones límite por parte del Gobierno que justifiquen contramedidas extremas del macrismo. Esas digresiones alimentan sospechas razonables.
No puede haber gobiernos menos legítimos y con menos respaldo ciudadano que los de Jeanine Añez en Bolivia o la ilusión de Juan Guaidó en Venezuela. Sin embargo, fueron instalados (o intentaron hacerlo) y reconocidos por el gobierno norteamericano, que aparece otra vez en el continente como un jugador brutal sin la sutileza de la diplomacia ni la zanahoria de los tratados de libre comercio.
La reacción destemplada del macrismo se activó cuando el oficialismo comenzó a hablar de la ley de organización y competencia de la Justicia Federal. Una fuerza que instaló un organismo paraestatal como la «mesa judicial» para manipular desplazamientos y designaciones en la Justicia no reacciona por interés republicano, sino para defender los espacios de influencia que logró en la Justicia a través de mecanismos no republicanos.
Si se cuadruplican los tribunales en la Justicia Federal, será más difícil controlarla a través de un puñado de funcionarios como hizo el macrismo para aplicar el lawfare contra la oposición. De la misma forma reaccionó cuando el Consejo de la Magistratura decidió revisar la situación de los jueces que fueron designados de manera irregular durante el macrismo.
Hay dos, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos en la Cámara Federal sin la aprobación del Senado exigida por la Constitución. La negativa de ambos a asistir a la reunión de ayer en la Comisión de Acuerdos implicará el voto contrario a su permanencia en la Cámara y el pedido de juicio político en la Magistratura.
Y está el procurador interino, Eduardo Casal, que fue designado por Macri y que protegió al fiscal Carlos Stornelli de las numerosas citaciones del juzgado de Dolores, donde fue procesado en una causa por asociación ilícita.
Son apenas tres situaciones irregulares de las muchas que produjo la «mesa judicial». Ahora los periodistas macristas descubrieron la teoría del contrapoder y el valor de la independencia de los jueces. Pero si no abrieron la boca cuando el macrismo avanzaba sobre el Poder Judicial, no tienen autoridad moral para hacerlo ahora.
El escándalo que protagonizaron en el Congreso los diputados macristas coincidió con las movilizaciones insalubres y desopilantes que ellos convocaron, más una campaña de medios macristas y de sus intelectuales orgánicos, más la aparición destemplada del ex presidente Duhalde.
En Brasil, en toda América Latina, han denunciado que el lawfare fue diseñado por Estados Unidos y difundido en seminarios que organizaba el Departamento de Justicia de ese país con funcionarios judiciales latinoamericanos. Es sabido que el fallecido juez Claudio Bonadio, encargado de la persecución a Cristina Kirchner, era recibido como un héroe en la embajada norteamericana.
El escándalo que protagonizaron los diputados macristas tuvo un antecedente llamativo además de la campaña mediática y las marchitas del contagio: fue la participación estelar del embajador de Donald Trump en Argentina, el ex juez Edward Prado, en un Foro organizado el lunes por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. No se trata de un organismo gremial, sino de una agrupación de ex funcionarios macristas, defensores de genocidas y abogados de grandes empresas que, en documentos públicos, justificó el accionar de la dictadura.
Las intervenciones públicas de los embajadores extranjeros son pensadas al detalle, no son inocentes. El ex juez conservador de Texas fue designado por Trump en pleno lawfare y el mismo Prado afirmó que venía a colaborar con el “mejoramiento de la Justicia”. Fue la época en que Bonadio disponía de un poder que para muchos excedía a la Casa Rosada.
