SERVICIOS AUDIOVISUALES EN INTERNET EN COLOMBIA TENDRÁN QUE DAR PREEMINENCIA A CONTENIDOS NACIONALES DE SU CATÁLOGO


Por OBSERVACOM   ***

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), Karen Abudinen, sancionó el decreto 681/2020 por el que se establece que los proveedores de servicio de video bajo demanda (VoD) deben establecer una sección de obras audiovisuales nacionales fácilmente accesibles para los usuarios en Colombia.

La medida aplica tanto a proveedores tradicionales cuando ofrecen servicios OTT -por ejemplo, Claro, TigoUNE, entre otras-, señales como HBO que cuentan con su propia plataforma, así como los servicios que ofrecen Netflix y Amazon, entre otras.

“Cuando un usuario ubicado en Colombia acceda al servicio de video bajo demanda sobre Internet en Colombia, el proveedor de dicho servicio deberá disponer de una sección fácilmente accesible y claramente identificada, de acuerdo con el diseño particular de cada servicio y la forma en que libremente determine la presentación del contenido a sus usuarios, para que el usuario visualice obras audiovisuales de origen nacional que hagan parte del catálogo de dicho servicio”, señala el Decreto 681.

Además establece que “los proveedores del servicio de video bajo demanda sobre Internet deberán implementar las disposiciones del presente decreto dentro de los nueve (9) meses siguientes a su expedición”.

«Esta medida aplicará a los servicios para la reproducción de video sobre Internet. Esto implica que las plataformas digitales de videos bajo demanda tendrán una sección exclusiva que destaca el contenido colombiano, lo que se convierte en una oportunidad para visibilizar las producciones nacionales y destacar la oferta que la industria audiovisual, gran parte de esta colombiana, tiene disponible en estos servicios”
, aseguró Abudinen.

Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, destacó la decisión, sin embargo señaló a través de su cuenta de Twitter que «en los hechos, sólo impulsarán las pocas obras que Netflix y Amazon decidan subir a su catálogo. (Estas empresas) sacan grandes ganancias de Colombia: también hay que obligarlos a canon e inversión en contenidos locales”.

Por su parte, el consultor TIC, Sadi Alfonso Contreras Fuset planteó que “sección q no impone mínimo de temporalidad y cantidad de producciones nace muerta” y manifestó su preocupación porque la medida no funcione en beneficio de los productores. “¿Quién proyecta un modelo de negocio para producir si en esa sección se pueden meter solo enlatados, y pueden ser solo 2 o 3?”, expresó.

Como hemos publicado desde OBSERVACOM, previo a su sanción, el actual decreto fue sometido a consulta pública, que tuvo lugar desde marzo hasta el 11 de abril.

Durante la consulta se recibieron 102 comentarios, entre los que se incluyen los de Motion Pictures el gremio de actores y la Asamblea Nacional Audiovisual de Colombia (ANAC); así como cámaras empresarias de medios (ASOMEDIOS), de telecomunicaciones, TIC y comercio electrónico (Cámara de Industria Digital y Servicios -ANDI-; Cámara Colombiana de Comercio Electrónico; Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones -CCIT-); empresas de telecomunicaciones (COMCEL, TigoUNE) y Netflix y agencias de gobierno como el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, entre otros.

Además hubo una gran cantidad de comentarios de distintas agencias de Estados Unidos: Embajada de EEUU; Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés); AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina); y U.S.-Colombia Business Council.

En el caso de Netflix, su intervención fue descriptiva de las acciones que realizan para que los usuarios descubran contenidos, y desde ANAC sostuvieron la necesidad de exigir una cuota de pantalla.

En tanto, Motion Pictures planteó varias consultas en torno a la definición de contenido nacional y la necesidad o no de adquirir contenido local para las plataformas que no cuenten con ellos en sus plataformas.

ASOMEDIOS, por su parte, se refirió a las definiciones del documento original de consulta para adoptar la misma denominación en toda la normativa (en algunas partes se hablada de obra audiovisual y en otras de contenido audiovisual, finalmente quedó la primera definición de acuerdo a las sugerencias). A su vez solicitaron la eliminación de la definición de “responsabilidad editorial” que ya no aparece en el decreto.

 

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