MÀS DE 100 ORGANIZACIONES INSTAN A LOS ESTADOS A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES DE VIGILANCIA FRENTE AL COVID-19

Por OBSERVACOM   ***
 

OBSERVACOM y más de 100 organizaciones de derechos digitales de todo el mundo aprobaron una declaración para instar a los Estados a respetar los derechos humanos al usar tecnologías digitales de vigilancia para combatir la pandemia de COVID-19.

La Sociedad Civil exige que las medidas sobre el uso de tecnologías de vigilancia sigan criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; estén delimitadas en el tiempo; que la recopilación de datos personales sea utilizada sólo para los fines de responder a la pandemia; e incorporar mecanismos de rendición de cuentas, entre otros aspectos.

“Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos”, dice la declaración.

“Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro”, concluye.

La declaración plantea que “el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles – amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas”.

Las organizaciones exhortan a los Estados a que, si hacen uso de tecnologías de vigilancia para combatir la pandemia, debe cumplir con los siguientes aspectos:

1. Las medidas de vigilancia deben ser legales, necesarias y proporcionadas, previstas por ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública.

2. Las medidas de vigilancia deben estar delimitadas en el tiempo. “No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente”, señala el documento.

3. Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19.

4. Los gobiernos deben proteger los datos personales, garantizando la seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento.

5. “No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad”, establece la declaración. Por eso se plantea que todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas.

6. Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. “No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno”, dice el documento.

7. Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardas contra el uso indebido.

8. Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.

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