Por OBSERVACOM ***
Las normas comunitarias de las redes sociales y plataformas de Internet sobre contenido deberían alinearse con los estándares globales de derechos humanos, de acuerdo con el informe de la organización Derechos Digitales, Discurso de odio en América Latina. Tendencias de regulación, rol de los intermediarios y riesgos para la libertad de expresión.
“La privatización de la libertad de expresión mediante la moderación de contenido en redes sociales es un tema cada vez más urgente y delicado, y la fragmentación resultante de las diversas normas que aplican en cada jardín vallado de internet en cuanto al contenido permisible y prohibido constituye uno de los riesgos más inminentes a la libertad de expresión y por ende, al entorno democrático”, señala el informe.
Por eso, Derechos Digitales recomienda que “sería exigible, como estándar mínimo, que las normas relativas al contenido permitido en redes sociales y plataformas de internet se ajusten a los estándares globales en materia de derechos humanos, no solo en lo sustantivo que respecta al contenido permisible y prohibido, sino en lo referido a estándares de transparencia, garantías mínimas de proceso, apelación e información al usuario”.
El documento advierte que en América Latina se evidencia una tendencia punitiva en relación a la regulación de discursos en línea.
“Existe una tendencia claramente marcada en América Latina hacia la aprobación de medidas restrictivas del discurso en línea, saltándose el proceso legislativo y la reserva legal que corresponde al Poder Legislativo, es decir, actuando a través de decretos presidenciales, órdenes administrativas u otros mecanismos inadecuados para este propósito”, explica.
Especialmente en relación al discurso de odio, el estudio de Derechos Digitales manifiesta que “resulta preocupante que se regule el discurso de odio en línea a través de normas que consideran que el medio digital debería constituir un agravante, buscando aumentar el tipo y duración de las penas específicamente para las redes sociales”.
“Existe una clara tendencia en la región a elaborar legislación que a un tiempo, responsabiliza a los intermediarios por los contenidos que administran, pero no les otorga parámetros claros para la toma de decisiones. Esto, sin duda, constituye una receta perfecta para la restricción de una cantidad mayor de contenido del que sería restringido de tener que pasar por un proceso judicial, por cuanto los intermediarios se ven amenazados con sanciones pecuniarias con frecuencia altas, e incluso con la pérdida de su autorización para operar”, dice el informe.
“Sin normas claras y bien delimitadas con respecto a los estándares, criterios, procedimientos y recursos por parte de los usuarios para hacer este proceso transparente y apegado a las normas, es una receta para la tercerización de la censura por parte de los Estados y para el abuso de las restricciones a las libertades fundamentales”, concluye.
