​RECLAMAN LA LIBERTAD DE LA PRIMERA MUJER MBYA GUARANÍ PRESA EN MISIONES

Por Patricia López Espínola    ***

 La joven guaraní que está presa por la muerte de su pequeña hija, es la primera mujer de la etnia mbya en Misiones que vive este calvario. 

Miriam Bogado nació hace 19 años en la comunidad Tekoá Kokuereí de San Ignacio, Misiones. A los 14 tuvo a su primer hijo, Nicolás (5); tiempo después otro varón que murió a causa de una neumonía y luego una niña que nació con complicaciones y falleció hace 8 meses.
Aunque no hay indicios ciertos sobre la causa de su muerte, el 2 de febrero de este año, Miriam Bogado fue detenida, acusada del homicidio calificado por el vínculo, y permanece privada de su libertad, con prisión preventiva en la Alcaidía de Mujeres de Posadas. Mientras que la causa se investiga en el Juzgado de Instrucción 7 del juez Carlos Giménez. Ante quien la defensa presentó un pedido de excarcelación que aguarda su resolución favorable para este viernes.
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«Como el parto era complicado, desde la comunidad llamaron al Hospital de San Ignacio. La cabecita de la beba quedó atascada en el cuello del útero, porque venía de cola. Llevamos a la jovencita al hospital y en la sala de partos, la niña y tuvo un paro cardiorespiratorio. Logramos reanimarla y la trasladamos al Hospital Neonatal de Posadas donde estuvo dos meses en la incubadora»
, sostuvo la médica, Myriam Piriz, directora del nosocomio de San Ignacio, que asistió a la parturienta.
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Pobreza extrema en la comunidad mbya guaraní  

En marco de pobreza extrema fue donde vivió antes y después del nacimiento de sus hijos. Una vez que le dieron el alta, la joven regresó a la comunidad Pindoity,​ ​situada en el Paraje Teyú Cuaré, donde vivía con Cristian Martínez, el padre de su hija que quedó con secuelas neurológicas. A la niña debían alimentarla a través de una sonda y extremar los cuidados de extracción regular de secreciones bronquiales.
Está claro que la comunidad no cuenta con condiciones para brindar un tratamiento adecuado de una beba con esa patología.​​ «Miriam y su familia viven en una situación de vida extremadamente carente de recursos en su vivienda, sin provisión regular de agua potable, ni asepsia de ropas y utensilios destinados a alimentar a la pequeña», remarca la pericia antropológica -que figura en el expediente- realizada por la antropóloga Ana María Gorosito Kramer, profesora emérita de la Universidad Nacional de Misiones, referente académica en la región en cultura mbya guaraní.
No se sabe claramente qué pasó; pero dos meses después del alta,​​ «Estefanía tuvo como un ahogo con la leche que tomaba y tenía problemas para respirar. Llamamos al hospital y vinieron recién al otro día», cuentan en la comunidad Kokuereí, donde reside la familia de Miriam y en la que su madre, Luisa Chaparro, quedó al cuidado de su pequeño hijo.
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Por la libertad y absolución de Miriam Bogado

Pero Miriam Bogado no está sola.​​ Para acompañar su caso se generó en Misiones la Mesa por su Libertad y Absolución. El compromiso de la defensa de la joven guaraní está a cargo de Roxana Rivas, asesora legal de la CTA Autónoma de Misiones, y de Eduardo Paredes, dos abogados referentes en Misiones con experiencia en casos de criminalización de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, como el de María Ovando (Eldorado) y el de Victoria Aguirre (Oberá); ambas fueron absueltas.
El caso se visibilizó públicamente en el IV Encuentro de Mujeres Originarias del NEA que se realizó en Posadas. Y a las mujeres de los pueblos originarios que exigen su libertad, se suman varias organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos e integrantes de la Coordinadora de Trabajadorxs, Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Queers con les que se conformó la Mesa por la Absolución de Miriam Bogado, a partir de articular acciones para acompañar el reclamo de su libertad.
En el Colectivo de Mujeres que la acompaña en las visitas al Penal, están Liliana Frías y María Fernández, de la comunidad Tekoá Arandú, de Pozo Azul; Juanita González, de Yvitú Porá y Catri Duarte, de Ka`aguy Mirí Tupá, de Aristóbulo del Valle.
Además, trabajan en el caso el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, y su titular, Lilia «Tiki» Marchesini, impulsa que se cumpla con el derecho de Miriam y su hijo de no perder contacto, y pueden volver a verse en la Unidad Penal, ​​ya que en ocho meses sólo pudieron estar juntos dos veces.

Rechazo a la acción del Habeas Corpus
Hace una semana la justicia trasladó a Miriam Bogado al Juzgado de Instrucción 3, para escuchar la decisión del juez Fernando Verón sobre la acción de Habeas Corpus que presentó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Misiones y el Ministerio de DDHH, donde solicitaron su inmediata libertad mientras se sustancie el proceso, invocando el principio de inocencia y atendiendo a que la misma es parte integrante de la Nación Mbya Guaraní, ​​cuyas costumbres culturales ancestrales son preexistentes al Estado Nacional y Provincial, y están reconocidas y protegidas por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y por la Constitución Provincial.
Pero ​​el juez Verón rechazó el pedido, desconociendo los Convenios y Pactos Internacionales de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT.

Fundamentó su rechazo argumentando que «… en lo referente a la condición especial y personal de la amparada, en su calidad de indígena perteneciente a la Nación Mbya Guaraní, en la forma introducida por la presente acción, entiendo que no corresponde conferir una juridicidad o legalidad autónoma o para-estatal (paralela y distinta respecto a la común, general y estatal) a las costumbres y prácticas ancestrales de los pueblos aborígenes, su valor será siempre etnológico, folclórico y cultural, y su proyección se circunscribirá al ámbito de apreciación de la culpabilidad, de manera que el derecho consuetudinario indígena (y a su cosmovisión fundante y motivante) deberá reconocérsele carácter factual y valor causal-referencial-explicativo, como parámetro sociológico objetivo de ineludible consideración para la valoración jurídica de una determinada conducta indígena. Examen que posibilitará una adecuada comprensión del comportamiento juzgado (según sus particulares circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión y persona, teniendo especialmente en cuenta la concepción social vigente en el grupo étnico cultural, a los fines de ajustar el juicio de reproche y culpabilidad) y permitirá en consecuencia analizar, justificar, atenuar, eximir, reprimir la conducta respectiva según corresponda».
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«La Justicia no comprende los derechos indígenas»  

La ministra de Derechos Humanos, Lilia «Tiki» Marchesini lamentó la decisión del juez de Instrucción, Fernando Verón. ​​“Nos parece una mirada sesgada desde la Justicia blanca, sin ningún tipo de comprensión sobre los derechos indígenas. ​​Es, no solamente doloroso, sino que consideramos una respuesta muy precaria. Como ciudadanas aspiramos respuestas desde la Justicia con un andamiaje mucho más integral, sostenedor de los derechos; pero también de las democracias. Creemos que sostener un rechazo de esta naturaleza que habla de lo «para-estatal», que no se puede considerar al derecho indígena como un derecho particular, e​​s totalmente ofensivo y contradictorio«.
La ministra Marchesini entiende que hay ​​«una gran deuda de la Justicia con la sociedad, y la sociedad somos todos y todas; la sociedad también son los paisanos y los hermanos mbya guaraní. Vemos un enorme desconocimiento porque con el fundamento de lo «para-estatal» están negando todos los derechos que existen y que están considerados en los Pactos Internacionales», cuestionó la funcionariañ
Luego del rechazo de Habeas Corpus, se apeló a la Cámara de Apelaciones y la defensa solicitó la excarcelación de Miriam Bogado. Se aguarda para este viernes la resolución del juez Giménez, con la esperanza de que se haga justicia y obtenga su libertad.
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«Queremos que respeten nuestra Justicia»

Juanita González, una de las mujeres mbya que acompañan a Miriam, recordó que la normativa internacional indica que los guaraníes ​​«tenemos derecho a ejercer nuestra propia Justicia en territorio. No es un capricho, existe en la normativa”, dijo. Agregó que pretenden​​ “resguardo para proteger a Miriam de toda esta cosa horrible que está viviendo”.

La mujer insistió con la necesidad de que la Justica​​ “la tenga en cuenta” y que los diferentes estamentos del Estado ​​“sepan que nosotros tenemos derechos propios. Los abogados, la gente de la Justicia tienen que conocer que el derecho consuetudinario forma parte de la normativa que nos protege, y nosotros somos los encargados de llevarlo a la práctica», remarcó la mujer.
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«Los blancos manejan nuestras causas sin conocerlas»  

El cacique Catri Duarte, de la comunidad Ka`aguy Mirí Tupá, de Aristóbulo del Valle, dolido por la desoladora situación de Miriam Bogado, aseguró por su parte, que seguirán aferrados a la espiritualidad para que los profesionales que tienen un gran desconocimiento, escuchen.
Pidió que cada uno de sus hermanos conozca un poco más sobre cómo se maneja la Justicia blanca para que​​ «esto no nos pase más», y se comprometió acompañar a Miriam para fortalecerla sabiendo que ​​«todos nuestros derechos están escritos».
Lamentó la ignorancia de los jueces.​​ «No puede ser que todavía hoy desconozcan ese derecho que está dentro del Convenio Internacional, ese derecho que prevalece para nosotros… Sabemos que nadie va a aplicarlo si nosotros no luchamos;​​ los blancos manejan esas causas sin conocerlas, sin saber bien de dónde vienen«.

El cacique también hizo una autocrítica alegando que​​ «a veces hasta a nosotros nos cuesta defender los derechos. También hay profesionales atrás de esto, y el mismo Estado no estuvo viendo que la beba no tenía modo de sobrevivir sin control médico y condiciones adecuadas. Hay que moverse de abajo.

Estamos todos involucrados. Yo también me hago responsable como dirigente de mi gente, y por eso hoy estamos acá y vamos a seguir luchando contra todo este sufrimiento y la injusticia que comente la Justicia de los blancos contra Miriam», expresó el cacique Duarte.

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