Enfoques cooperativos; Hoy: “El derecho administrativo y la decadencia argentina”

Por José Yorg, el cooperario.

 

“Deberemos repensar no sólo nuestra ideología económica sino también nuestras doctrinas y valores jurídicos, y particularmente nuestro derecho administrativo. Esta exhortación puede parecer utópica. Más utópico es creer que, sin modificarlo, podremos avanzar hacia metas de progreso económico acordes con el alto nivel cultural de nuestro pueblo y con el rango que, por dicho nivel y por nuestros recursos naturales, debiéramos tener entre las naciones más adelantadas del mundo”. Dr. Héctor Mairal

 

En sesión pública del 22 de agosto de 2012 dictó su conferencia “El derecho administrativo y la decadencia argentina”, el Dr. Héctor Mairal al incorporarse como Académico de Número a la Academia Nacional de Ciencias Morales  y Políticas, que no vaciló en preguntar: ¿Existe tal relación?

Nos ilustra en otro momento de su alocución que “Véase, sino, la figura del decreto de necesidad y urgencia, uno de los aportes más nocivos del derecho administrativo a nuestro derecho público. Con ella se buscó dotar de facultades al Poder Ejecutivo ante emergencias y ello en un país en el cual las crisis han sido en gran medida autoinfligidas y recurrentes. No se observó que de esa manera se premiaba a los malos gobiernos, que viven de crisis en crisis y de emergencia en emergencia, expandiendo sus facultades: resulta así que cuanto más ineficiente es un gobierno más facultades tiene”.

“Podemos entonces adelantar una conclusión acerca de la interrelación entre el derecho administrativo y nuestra decadencia económica… No ha sido ese derecho su causa, sino más bien lo ha sido la filosofía estatista”. “En este contexto, el derecho administrativo no ha actuado como freno sino como justificador, primero, y acelerador después, de esas políticas al potenciar las facultades del Estado y limitar gradualmente las defensas jurídicas con que cuentan los particulares afectados”.

Traemos a colación estas pocas líneas de tan valiosa conferencia para configurar nuestro caso que interrelaciona el derecho laboral, el derecho de incidencia colectiva y el derecho cooperativo, al que se le suma ahora-en razón del fallo de STJ de Formosa-el derecho administrativo.

Dicho fallo se sostiene en un tecnicismo administrativo para denegar a dos docentes cooperativos el derecho a litigar y reclamar sus derechos adquiridos en virtud a haber desempeñado por más de 20 años funciones de mayor responsabilidad y jerarquía en el Ministerio de Educación de la Provincia de Formosa.

De esta manera, se introduce el derecho administrativo a esta conjunción e interrelación de derechos y el contexto que se genera.

Tal derecho administrativo, que se entiende violentado es el referido al “Principio de informalismo a favor del particular (o “administrado”) en el ámbito del procedimiento administrativo”.

“Es una  garantía adjetiva a favor del particular reglado por el derecho objetivo propio del ámbito público, que caracteriza al procedimiento administrativo  por su sencillez, celeridad y  economía procesal que protege al individuo que actúa ante la administración del cumplimiento de ciertas formalidades que, o bien no son estrictamente necesarias, o pueden subsanarse con posterioridad. Es dable mencionar que rige en el transcurso de todas las actuaciones”.

Reiteramos aquí la segunda reclamación pública emitida, no sin antes preguntar: ¿Evidencia-como señal-el incumplimiento de los principios del derecho administrativo  la decadencia argentina?

Srs. Jueces del STJ.

Formosa

Nos asisten fundadas razones y argumentos sólidos -sostenidos por el orden jurídico argentino-para solicitar se proceda a la anulación de oficio del fallo N° 11.731/19 del mes de febrero, de ese Superior Tribunal de Justicia-STJ- de la Provincia de Formosa-Argentina-, por cuanto “no es posible aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que fue inducido por la propia estructura del pronunciamiento” (Dr. Luis Moisset de Espanés)

Porque es necesario ubicar con precisión este caso que desborda ampliamente los estrechos muros de la  negación de derechos laborales, se está en presencia de una confirmación de injusticia social   porque dicho fallo involucra lo público: “El derecho de enseñar y aprender cooperativismo en las escuelas”, Ley nacional N° 16583/64 de raigambre constitucional.

Lo mencionado es de vital importancia para esta parte, porque se ve sumamente agraviada por el dictamen que se cuestiona. El mismo mediante un impugnable tecnicismo jurídico, vulnera nuestros derechos fundamentales, obviando que en la materia rige el “principio del informalismo”.

Los demandantes y damnificados interpusieron el Recurso de Pronto Despacho ante el organismo de aplicación requiriendo resolución al reclamo con fecha 24 de abril de 2017.Casa de Gobierno, sede de la Administración General de la Provincia de Formosa, Registro General de Mesa de Entradas y Salidas de la Gobernación, es decir, suma de la legalidad administrativa, dado que los Ministerios son dependencias del Poder Ejecutivo, por tanto, su presencia probatoria es mayor, administrativa y legamente. Consta como prueba en  autos.

Por tanto, dicho y supuesto tecnicismo sobre el cual construyeron su argumentación para denegar lo peticionado en el fallo citado, devendría en vicio  porque aparece de manifiesto en dicho  acto, y provocaría una nulidad absoluta.

Y es este el punto donde el Dr. Luis Moisset de Espanés nos ilustra con absoluta precisión   que  “el juez puede proceder de oficio porque se conjugan ambas circunstancias, o sea que el vicio afecte el orden público (nulidad absoluta), y que aparezca de manifiesto en el acto (acto nulo), hipótesis en la cual creemos que el magistrado deberá ineludiblemente pronunciarse declarando la invalidez del acto”

“Se tiene en cuenta el hecho de que el vicio que afecta al acto es de tal gravedad que atenta contra el orden jurídico, lo que impide su convalidación y justifica la intervención del propio STJ aunque no haya mediado petición de parte”.

Y atenta contra el orden jurídico puesto que se trata en esencia de un derecho público, de incidencia social, cual es el derecho de enseñar y aprender cooperativismo escolar y universitario, y que además dicho servicio está garantizado por fondos públicos específicos y genuinos Ley nacional N° 23427 Fondo para educación  y promoción cooperativa al cual Formosa está adherida por Ley N° 774, por tanto, la obligación del Ministerio de Educación es de inexcusable cumplimiento.

 “El derecho reclama respeto y por eso la sanción que se impone cuando se intenta violarlo es tan seria que no admite subsanación, ni por vía de una pretendida «confirmación» ni por el transcurso del tiempo, por lo que se considera que las acciones que nacen de la nulidad absoluta son «imprescriptibles», punto sobre el que existe acuerdo en la doctrina y jurisprudencia nacionales”. (Moisset de Espanés)

Peticionamos, en consecuencia, con el mayor respeto y consideración, a los miembros del STJ de Formosa, Argentina, que anulen dicho fallo y encuentren el mejor camino a lo que Ulpiano fijó hace siglos: “Justitia, dar a cada uno lo suyo”, el derecho adquirido a los damnificados, docentes cooperativos, así se entenderá.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!

 

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