Este jueves el presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presentó nuevamente el Proyecto para crear el Protocolo contra los Desalojos Forzosos en toda la provincia de Misiones, que obtuvo tratamiento preferencial, y lleva tres años esperando ser tratado.
Con él se busca que haya un protocolo que se cumpla a rajatabla y que respete los derechos humanos consagrados en la Constitución Provincial, Nacional, y en todos los Pactos Internacionales a los cuales adhirió nuestro país.
En los fundamentos de la iniciativa presentada, acompañada por los pares del PAyS, se establece que un desalojo forzoso consiste en despojar a las personas de su casa o tierra contra su voluntad, de un modo atribuible directa o indirectamente al Estado.
Esto implica la supresión efectiva de la posibilidad de que una persona o un grupo residan en una vivienda o lugar determinado, y el traslado asistido o no (en el caso del reasentamiento) a otro lugar, de las personas o grupos desalojados.
Expulsión que provocó la muerte de un anciano
«Hace tres años presentamos este proyecto como consecuencia del desalojo de la chacra 187, de Posadas, que produjo la muerte de un anciano, y en el que varias madres lactantes estuvieron durante más de dos semanas viviendo en la calle a la que fueron arrojadas por orden de un juez indolente», destacó el legislador.
Luego de esa experiencia «indignante y traumática para esas familias, presentamos este Proyecto de Protocolo para que no vuelva a suceder; pero en todo este tiempo no tuvo dictamen, y es lamentable que más de tres años años después siga siendo necesario contar con su aplicación, sin respetar los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad», enfatizó Sereno.
Recordó que en estas semanas se presentaron otros proyectos similares, y «esperamos que al debatirlos podamos alcanzar consensos para la mejor ley posible, ya que de eso se trata, de que a partir de nuestra representación institucional del pueblo, demos soluciones concretas a las necesidades”, expresó Sereno.
Sobre los alcances de la ley
En la propuesta del diputado del PAyS, se indica que los procesos de desalojos deberán participar todos los que pueden verse afectados, e incluir una serie de elementos, como un aviso apropiado a todas las partes que está considerando el desalojo; y planificar audiencias públicas sobre los planes y las alternativas propuestas para que las familias tengan un lugar donde alojarse, hasta que se resuelva la problemática.
Se pide una difusión eficaz por parte de las autoridades, en particular los registros de la tierra, y los planes amplios de reasentamiento propuestos con medidas dirigidas especialmente a proteger a los grupos vulnerables.
Además, la norma solicita un plazo razonable para el examen público, la formulación de objeciones sobre el plan propuesto; oportunidades y medidas para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico o técnico a las personas afectadas sobre sus derechos y opciones.
Y que se hagan audiencias públicas que den la oportunidad a las personas afectadas y a sus defensores a impugnar la decisión de desalojo o presentar propuestas alternativas y formular sus exigencias y prioridades de desarrollo.
Que estén previstas alternativas
El proyecto busca darle un marco jurídico sujeto a derecho a los desalojos que en Misiones, ocurren no solamente al margen de la ley, sino también violando los derechos humanos.
Por esta razón, el protocolo contempla conceptos claves en los que se debe enmarcar cada orden. Cada desalojo deberá, «explorar plenamente todas las posibles alternativas a los desalojos, a los grupos y personas que se vean afectadas, en particular las mujeres, los pueblos indígenas y personas con discapacidad, así como las que trabajan en su nombre, tienen derecho a la información correspondiente, consultas completas y plena participación durante todo el proceso, así como a proponer alternativas que las autoridades examinen debidamente.
En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo entre las partes involucradas sobre una alternativa propuesta, un órgano independiente con autoridad constitucional, como por ejemplo, un Juzgado, un Tribunal, Fiscal o Defensores Oficiales, deberá encargarse de la mediación, el arbitraje o la decisión, según resulte apropiado.
Y también se prevé que después del mismo, el gobierno u otra parte responsable, proporcione una indemnización justa y un alojamiento alternativo suficiente, o la restitución cuando sea factible», expresa la norma autoría de Sereno.
«Cuando se desaloja se violan muchos derechos»
Para el legislador Martín Sereno, cuando se desaloja a una familia, no sólo se vulnera el derecho a la vivienda, sino que se violan muchos derechos. «Creemos que es necesario establecer un mecanismo, como lo planteamos en el proyecto, que monitoree los desalojos desde todas sus perspectivas, teniendo en cuenta los derechos humanos por encima de cualquier interés, y creemos que este protocolo podrá resguardarlos», dijo.
De acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, como componente del derecho a un nivel de vida adecuado; pero además, «cuando los niños y niñas no pueden asistir a la escuela debido a un desalojo forzoso, se sacrifica el derecho a la educación; cuando la amenaza constante de desalojo perjudica la salud psíquica y física, y se compromete el derecho a la salud y cuando se separa violentamente a las familias y a las comunidades mediante el desalojo, se viola el derecho a la vida familiar», enumeró Sereno.
