Por Lavaca ***
Desde la muerte de Elizabeth seis días después del rechazo de la Ley de aborto, hasta los médicos denunciados por avanzar con la ILE de una niña de 11 años en Tucumán: de todo lo que son responsables los 38 senadores que votaron a favor del aborto clandestino.
Las acciones que siguen reclamando #AbortoLegalYa, y el avance silencioso de proyectos antiderechos en el Congreso durante un año electoral. El 8 de agosto, a un año del rechazo del proyecto que había sido aprobado en Diputados, convocamos a realizar un pañuelazo a las 13 horas en Riobamba 143, CABA.
Seis días después del voto de 38 senadores y senadoras por el aborto clandestino, la colectiva Las Criadas realizó en la puerta del Congreso de la Nación una acción sintética por lo brutal: colgaron en las rejas del palacio legislativo 38 perchas con los nombres de cada uno de los 38 legisladores. La disposición en el espacio público conmociona. Hablan al mismo tiempo pero el tono de sus palabras las convierte en una sola voz, en un mantra, que se repite frente al parlamento: “¿En qué clase de país quieren vivir? ¿En uno sin ley o en uno con derechos? Nosotras ya elegimos: ¡aborto legal ya!”.
Luego, colgaron las perchas.
Cada percha llevaba un cartel.
Urtubey, a favor del aborto clandestino.
Mayans, a favor del aborto clandestino.
Elías Pérez, a favor del aborto clandestino.
Menem, a favor del aborto clandestino.
Larraburu, a favor del aborto clandestino,
Bullrich, a favor del aborto clandestino.
Ese mismo día se conoció que Elizabeth, una mujer de 34 años, había muerto en el Hospital Magdalena Villegas de Martínez, de Pacheco, luego de ser trasladada desde el Hospital Manuel Belgrano, en San Martín, por una infección generalizada producto de un aborto clandestino: la joven había llegado con un tallo de perejil en el cuello del útero. Los profesionales de la salud confirmaron que había llegado “con un cuadro grave de septicemia posaborto” y que tuvieron que derivarla a Pacheco porque en San Martín no había camas de terapia intensiva: murió en menos de 24 horas.
El mismo lunes en que se conoció la muerte de Elizabeth, otra joven murió en el Hospital Juan Sanguinetti, de Pilar por complicaciones derivadas de un aborto clandestino. Ambas jóvenes eran de la misma Región Sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que no cuenta aún al día de hoy con un Protocolo de ILE que se adapte a lo exigido por la Corte Suprema de Justicia en 2012.
El debate en el Senado había llegado con otro impacto sobre su conciencia. Cinco días antes, Liliana Herrera -22 años, dos hijos- murió por un aborto practicado por yuyos. Nacida en una familia humilde en un paraje olvidado de Santiago del Estero, le negaron una ambulancia porque había un acto gobernante. Fue la segunda de seis hermanas que murió por un aborto clandestino.
Durante el debate de la ley se difundió un dato que da contexto y dimensión: desde el regreso de la democracia más de 3030 mujeres murieron a causa de abortos clandestinos.
La pesadilla tucumana
Si estas muertes impactaron de lleno en el peso del voto de los 38 senadores, Tucumán expuso cómo funciona la máquina antiderechos. A partir del caso de la niña de 11 años que exigió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -un derecho adquirido desde 1921- producto de haber sido violada por la pareja de su abuela, una trama se desplegó en la provincia que se declaró “Provida” a seis días del debate en el Senado. Esta trama implicó amenazas, médicos que se declararon “objetores de conciencia” en el momento de la ILE y el modo en que funcionarios estatales y judiciales buscaron dilatar el embarazo para prolongar la gestación. La organización ANDHES contó a MU cómo el viceministro de Salud Gustavo Vigliocco, responsable del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), le propuso a la madre de la niña construirles una casa si decidían continuar con el embarazo. La promesa se desvaneció cuando la familia avanzó con la interrupción.
El avance de la gestación provocó que la única forma de interrumpir el embarazo fuera a través de una microcesárea, realizada por la pareja de médicos José Gijena y Cecilia Ousset. Ambos fueron denunciados por un grupo de abogados antiderechos, luego de la muerte de la beba que había nacido con 660 gramos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía especializada en Homicidios, cuya titular, Adriana Giannoni, intervino de forma directa en el caso de la niña: no sólo mandó un oficio a los médicos del Hospital Eva Perón (donde estaba internada Lucía) para obstaculizar la ILE, sino que pidió la designación de un defensor oficial para el feto.
Por otro lado, el Encuentro de Profesionales contra la Trotura denunció al gobernador Juan Manzur a la ministra de Salud, Roxana Chahla, y a Vigliocco, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, por impedir el acceso al aborto legal a la niña y someterla a “tratos crueles o degradantes y tortura”. Los abogados precisaron a lavaca que los embarazos forzosos están previstos en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad.
Otro dato que grafica la situación: según la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), 137 niñas fueron madres con menos de 14 años en Tucumán.
Provincia antiderechos
En la provincia de Corrientes por día nacen diez bebes de madres que tienen entre 15 y 19 años. Es “territorio próvida” y, claro, es una de las siete provincias que no adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
En ese contexto una adolescente embarazada, abusada desde los 13 por su padrastro, madre de un hije de dos años del abusador, se presentó ante la jueza de familia Marta Legarreta de la ciudad de Paso de los Libres para solicitar interrumpir el embarazo.
La jueza, que en una entrevista periodística se justificó diciendo “Esto es Corrientes”, realizó una nota al hospital para que garanticen la interrupción aunque en casos de aborto no punible no es necesaria la judicialización. En el hospital le hablaron de “los riesgos” de realizar la interrupción. Días después de nuevo en el juzgado dijo que quería darlo en adopción. Fue entonces cuando la jueza, que denunció al padrastro de la adolescente por abuso sexual, autorizó la “adopción prenatal”, una figura que no existe en la legislación vigente.
“Bienvenida la adopción prenatal” tituló una columna el Diario La Nación días después de que se conociera el caso. “Como persona humana, sujeto de derechos, desde su concepción recibió el beneficio de la adopción, que preservó precisamente el primero de sus derechos: el derecho a la vida”, dice la columna siguiendo el eje discursivo de los sectores antiderechos.
En la misma línea, Cynthia Hotton, precandidata a vicepresidente del Frente Nos que lleva como precandidato a presidente a Juan José Gómez Centurión y se presenta como “la opción celeste”, dijo que su partido impulsará un proyecto de ley en Diputados que permita la “adopción prenatal”.
Los proyectos antiderechos
En marzo, el Gobierno nacional envió al Congreso el anteproyecto del Código Penal y desató las críticas de derechos humanos por restringir aún más el acceso al aborto. Entre los puntos más oscuros y peligrosos, introduce la figura de “aborto culposo” y el delito de “lesión a la persona por nacer”. El texto limita así el acceso aun contemplado en el viejo Código de 1921 y en la interpretación del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia.
Dos ejemplos:
Una de las figuras más polémicas del nuevo Código es la incorporada según el artículo 87, que habla del “aborto culposo” en los siguientes términos: “Se impondrá prisión de uno a tres años al que con violencia causare un aborto sin haberse representado esa consecuencia, si el estado de embarazo de la mujer fuere notorio o le constare”. Diversas organizaciones sostuvieron en un documento en octubre – cuando se difundió el borrador del Anteproyecto- que “el aborto culposo es una figura de muy escaso uso en la legislación comparada”. Es decir, ni el mundo se animó a tanto.
El artículo 88 es el que termina de encender las alarmas. Según el Código Penal vigente “la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causase” puede ir de 1 a 4 años presa. Si bien el anteproyecto actual reduce a 3 los años de prisión, le da un inédito margen de parcialidad a los jueces que definen la pena. Es entonces cuando se agrega que “el juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad”.
En ningún otro artículo del Código Penal aparece la posibilidad de que una jueza o un juez tome la decisión de perdonar o no a quién cometió un delito con las consideraciones vagas que permite en el caso del aborto. La abogada especialista en derechos humanos Verónica Heredia enfatiza a MU: “No hay ninguna norma en el Código Penal que habilite al juez a poner o no pena de esa manera. En el derecho penal, como es lo más gravoso que le pasa a una persona, tiene que estar todo muy específicamente establecido y acá se le está dejando a un juez abierta la posibilidad para que determine si le corresponde o no la pena. Quieren evaluar quién sos, por qué lo hiciste y si merecés o no que te perdonemos. Volvemos a la inquisición”.
La ofensiva antiderecho también se explicitó en mayo en la Cámara alta. Dos senadoras (Ada Rosa del Valle Itúrrez y Silvia Giacoppo) y un senador (Claudio Poggi) buscaron lograr dictamen en la Comisión de Legislación General del Senado de tres proyectos antiderechos para modificar el Código Civil y Comercial e introducir la figura de “adopción de personas por nacer”. Si bien los textos se unificarán, la discusión volvió a asesores. El contexto de esta avanzada: el 28 de mayo se presentó por novena vez en la historia la ley de IVE. Itúrrez de Cappelini, presidenta de la Comisión, se identificó “próvida” y reconoció a lavaca: “Este proyecto es para evitar el aborto”.
Por otro lado, y a contramano de estas iniciativas antiderechos, también en Senadores se presentó un proyecto para reparar a lxs niñxs afectadxs por la muerte de su madre causada por un aborto. Fue el 13 de junio, mismo día que el año pasado se obtuvo la media sanción, y lo hizo la senadora Nancy González (Frente Para la Victoria – PJ). Allí anunció que la Ley busca “reconocer y reparar a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto”. La norma propone crear un régimen de reparación económica para les menores de 21 años o personas con discapacidad, que debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo. “Las estadísticas muestran que estas muertes se producen mayoritariamente en familias vulnerables, y menos en familias donde pueden pagar y está todo controlado”, agregó la Senadora González en diálogo con MU.
El porqué del proyecto es el grito de la calle: “Estamos convencidos de que el Estado es responsable”.
La alfombra verde
Ana María Acevedo tenía 19 años y tres hijos cuando le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula. Tiempo después supo que estaba embarazada. Su caso entraba dentro de las causales que contempla el aborto no punible en Argentina, pero los médicos del Hospital Iturraspe, en Santa Fe, se lo negaron. En abril de 2007, los médicos decidieron adelantar el parto y realizarle una cesárea por su pésimo estado de salud. Llevaba 22 semanas de gestación.
La beba murió a las 24 horas.
Y Ana María, también, el 17 de mayo de 2007.
Su mamá, Norma Cuevas, viajó al Festival de Cannes junto al director de cine Juan Solanas para la presentación de la película “Que sea ley” que retrata la movilización social para pedir por la legalización del aborto. La única película que representó a Argentina en el Festival fue exhibida en las Proyecciones Especiales.
La noche fría de la votación en el Senado Juan estuvo en la calle. Cuando 38 senadores votaron que el aborto siga siendo clandestino supo entonces que, más que nunca, lo que venía filmando iba a ser una película. “Después de Senadores filme muchísimo más ya con el propósito de hacer esta película absolutamente política. También con una idea muy clara: que la película muestre la realidad. Para mí la realidad es indiscutible. Yo no quería ni quiero hacer un panfleto, no es necesario; cuando escuchas a una chica que te cuenta su historia lo que te queda es cerrar la boca y abrazarla, no hay nada que decir. Filmé esa realidad”.
Candidatos pro aborto clandestino
Varios de los 38 senadores que votaron a favor del aborto clandestino se presentan para renovar bancas o a cargos ejecutivos este domingo en las PASO.
Algunos de ellos y fragmentos de sus discursos durante el debate:
Alfredo De Angelis.
Candidato a Senador Entre Ríos. Juntos por el Cambio
“Digo esto, porque los que venimos de una familia numerosa, como tantas familias –en el caso mío, de diez hermanos– valoramos mucho el encuentro. Valoramos mucho el encuentro familiar. Y lo vemos en el interior profundo de nuestras provincias, a esas familias numerosas donde jamás se le pasó por la cabeza a la madre abortar a un hijo. Y lo criaron con humildad, le hacían la ropa, no tan prolija, pero nos vestían. Y vuelvo de vuelta: ¿cuántas veces a mi madre la vi sentada frente a la máquina de coser haciéndome la ropa o haciéndonos el pan casero, porque éramos muchos y no alcanzaba? ¡Dos o tres amasijos por semana! ¡No nos dejaba faltar nada! Y jamás se le hubiera pasado por la cabeza –como a mi madre, a tantas otras madres– practicar un aborto. Y no era porque eran religiosas, no era por eso; era por la dignidad de ser madre”.
Silvina García Larraburu.
Candidata a Senadora por Río Negro. Frente de Todos
“Y hace poco, en estas charlas que tengo cuando recorro los barrios, estaba conversando con una vecina de un barrio carenciado de mi ciudad; no voy a dar su nombre porque creo que no corresponde. Tiene cuarenta y siete años y está transitando su embarazo del noveno hijo. Yo le decía “Lali, ¿te parece, en esta situación?” Y me decía “Es lo único que tengo, Silvina. No he estudiado, no he ido a la universidad. Es lo único que tengo, mis hijos, y son mi orgullo.”
“Un horizonte de grandeza no se edifica prescindiendo del rol fundamental de la familia, y quiero hacer en esto especial hincapié; ni tampoco ignorando la posición esencial que ocupa la mujer en la construcción de una Nación”.
Juan Carlos Romero.
Candidato a Senador por Salta. Juntos por el Cambio
“También me queda la sensación de que es posible que esta ley no salga, pero con ello no hemos resuelto, ni vamos a tener resuelto mañana ninguno de los problemas que hoy existen con el tema del aborto. Los abortos clandestinos van a continuar. Los riesgos de las mujeres, de las madres, por complicaciones de esos abortos clandestinos van a seguir estando”.
Adolfo Rodríguez Saa.
San Luis. En junio fue candidato a gobernador por Juntos por la Gente. Salió tercero.
“Yo vengo acá y voy defender mis convicciones; mis convicciones de argentino, mis convicciones de cuyano, de puntano, mis convicciones de peronista y mis convicciones de católico apostólico romano. Defender los derechos humanos también es defender las dos vidas, también es defender al niño que se ha concebido. Y como se ha planteado, ningún derecho es absoluto, pero tampoco puede ser arbitrario”
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