MATE AMARGO: ABANDONO DEL ESTADO



Por Lisandro Rodríguez   ***

La actividad yerbatera estuvo regulada por el Estado Nacional desde 1935 hasta 1991, cuando por intermedio del decreto de desregulación 2284/91 se disolvió la CRYM dejando entonces que las reglas las imponga el mercado.

Las críticas a la Comisión Reguladora y al Mercado Concentrador no fueron pocas. A las decisiones respecto del cupo de cosecha, límite de plantación y prohibición se sumaron periodos (denunciados por los pequeños productores y las asociaciones cooperativas) en que la institución estuvo manejada por intereses de grandes plantadores. A pesar de estos desencuentros y pugnas de intereses la producción y comercialización de la yerba contaba con un “paraguas” protector que se esfumó en 1991.

A partir de entonces el modelo neoliberal permeó en todos los espacios y decisiones. A la desregulación y descentralización se sumó el hecho de que muchas empresas agroindustriales yerbateras avanzaron en la externalización de sus funciones, tendiendo cada vez más a terciarizar las cosechas y el transporte de la materia prima. El proceso dio lugar a la expansión de un sector de empresas de servicios especializadas, como los contratistas de mano de obra, vendedores de servicios de cosecha y transporte, presenciados en todos los yerbales misioneros. El crecimiento de este sector, en las condiciones de desregulación del mercado laboral, se constituyó en factor de expansión de la informalidad y precarización del empleo asalariado yerbatero, siendo ejemplos el trabajo no registrado, el pago a destajo, el trabajo infantil y las pésimas condiciones en los yerbales.

Al mismo tiempo, se registró un proceso de “integración hacia atrás” (producción) y “hacia adelante” (comercialización), canalizado por la agroindustria y los secaderos. De acuerdo con sus propias estrategias y con los requerimientos coyunturales del mercado, las empresas agroindustriales planificaban cada año las fechas de inicio y finalización del funcionamiento de sus plantas del secado. Los secaderos acostumbraban a asignar “cupos de entrega” de volúmenes de materia prima escalonadas en el tiempo, de acuerdo a una periodicidad preestablecida por su administración. Estas empresas agroindustriales, se desempeñaban como ejecutoras directas de gran parte de las cosechas realizadas en yerbales de productores independientes. Los colonos podían acordar la venta de su hoja verde, ya sea “en planta” o puesta en secadero. Cuando se utilizaba la modalidad puesta en secadero, se trata generalmente de acuerdos con productores pequeños o, en menor medida, con productores medianos, los que en función de la reducida escala de sus yerbales, no justificaban el envió de cuadrillas de cosecheros y camiones para el transporte a cargo de la agroindustria.[1]

En este nuevo escenario, donde los agentes económicos operaban y tomaban sus decisiones, se caracterizó por novedosas condiciones estructurales que incidieron en las decisiones de inversión. A nivel productivo, el modelo de acumulación dio lugar a la desaparición de numerosas unidades y generó cambios tanto en la dotación de los factores como en las formas de organización del trabajo en las unidades que permanecieron. Se registraron en este sentido, unidades diversificadas y productores dedicados a otros cultivos, además de la yerba mate. Muchos de estos pequeños productores ofrecían sus productos diversificados en las ferias francas, que surgieron en este contexto e impusieron -con fuerte contenido social- nuevos canales de comercialización para la familia agrícola de Misiones.

En la primera mitad de la década del 90 -posterior a la desaparición de la CRYM- los precios de la yerba mate se mantuvieron estables dada la existencia en stock de yerba canchada, y al crecimiento de las exportaciones que se registraron a partir de 1991, cuando se posibilitó retirar del mercado doméstico volúmenes importantes de yerba mate. La colocación del producto en el mercado externo permitió disimular los efectos de la sobreproducción; razón por la cual no se registraron mayores conflictos en la actividad.

Entre 1995 y 2000 los precios iniciaron una caída notoria, a inicio de 1990 el ka de la hoja verde estaba  $0,20 y para el 2000 $ 0,04
(menos que un caramelo!!!). Sin embargo, a pesar de la reducción en el precio de la hoja verde y canchada, el precio del producto final en las góndolas de los supermercados mantuvo un ritmo ascendente, generando márgenes de ganancias extraordinarias para el sector industrial, es decir para los principales molinos. A finales de los ´90 el valor del producto -que representaba sólo un quinto del precio pagado al principio de la década- no cubría mínimamente el gasto productivo, hecho que generó una enorme transferencia o redistribución de ingresos a favor de la industria (molinos); como así también para un nuevo e influyente integrante del sector: las cadenas de supermercados.

Como consecuencia de este panorama, se inició un periodo de elevada conflictividad entre los productores y la industria. El escenario político es diferente: el Estado devino en un interlocutor distante, y los productores se vieron librados a las reglas de juego del mercado libre con las consecuencias sociales y económicas. Las modificaciones del contexto generaron movilizaciones, protestas y resistencia, llevadas a cabo por sectores afectados por las medidas desplegadas; además se produjeron las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas asociaciones y para la transformación de los discursos, estrategias y estructuras organizativas de las asociaciones preexistentes, redefiniéndose a su vez la red de representaciones de intereses y su interacción con el Estado y otros sectores sociales.

Por Dr. Lisandro Rodríguez, especial para MTH.

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[1]             Rau: Cosechando yerba mate. Ediciones CICCUS, 2012, pp. 7

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