Al respecto del caso de las familias asentadas a la vera del arroyo Mártires, en el acceso oeste, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo sostuvo » se trata de un caso sumamente complejo. Que para entenderlo, se debe tener en cuenta dos cosas. Por un lado, hay un pedido de desalojo en proceso cuya base legal hace pie en algunos aspectos jurídicos que tienen fuerte fundamentos»; y agregó «en este caso ya hay dos jueces actuando: Verón y Cardozo. Hay ocupación sobre terreno privado y de la EBY. Y sobre eso no podemos actuar». Por otra parte «se trata de una situación de riesgo por la falta de posibilidad de servicios como agua, energía y otros, pone a todas las personas en una situación de vulnerabilidad inminente».
Durante una reunión llevada a cabo en la Defensoría, donde se reunieron cinco referentes de las familias, representantes de la Municipalidad, de la Entidad Binacional Yacyretá y Ministerio de Derechos Humanos, todos coincidieron que «ese lugar no es apto para que vivan personas. No hay servicios, no hay nada, tampoco es salubre… En la oportunidad se firmó un acuerdo entre todos para hacer un relevamiento, y trabajaremos en eso» afirmó el Defensor.
«Se continuará haciendo el acompañamiento necesario, teniendo en cuenta que se deben revisar a partir del relevamiento, caso por caso para acompañar un petitorio al gobierno, con el objeto de solicitar inmediata atención de los más vulnerados» concluyó el ombunsman.
